El 31 de enero de 2007, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, colocó la primera piedra del complejo Campus de la Justicia, un proyecto fallido y faraónico que ha costado ya más de 100 millones de euros a los madrileños. “Había un escenario, un par de cámaras, cuatro luces, unas pantallas, azafatas y un catering”, recuerda un profesional de televisión que estuvo presente en la ceremonia.

Las cifras de aquel evento promocional de Aguirre son conocidas. El coste total, según adelantó en su día la Cadena SER, sumó casi 1,5 millones de euros, de los cuales 900.000 euros fueron a parar a la productora privada que realizó el vídeo de la ceremonia, como publicó El País.

Ahora, CTXT ha tenido acceso a las facturas que prueban y detallan los costes que supuso aquel acto fundacional de la Ciudad de la Justicia, y a los pliegos que estipulan cómo las empresas contratadas debían correr con los gastos de promoción y propaganda de las obras. 

La liquidación de gastos revela que la productora que cobró 900.000 euros por el vídeo es Telson, filial de la compañía audiovisual Tres60, vinculada a grandes nombres del Partido Popular.

Tres60 está presidida actualmente por Anna Birulés, exministra de Ciencia y Tecnología, quien sucedió al frente de la compañía a otro exministro del Gobierno de José María Aznar, Josep Piqué. Piqué, que fue titular primero de Industria y luego de Asuntos Exteriores, presidió Tres60 entre noviembre de 2012 y marzo de 2014.

Según los documentos que obran en poder de CTXT, el vídeo y los demás gastos generados por la colocación de la primera piedra no fueron pagados directamente por la Comunidad, sino por las dos constructoras adjudicatarias. Una de ellas, Begar, está implicada en la trama Gürtel y presidida por el empresario José Luis Ulibarri, imputado en la causa de corrupción que instruye la Audiencia Nacional.

Los gastos que presentó la Unión Temporal de Empresas que formaban Begar y Aldesa por visitar la obra en todoterrenos, preparar la colocación de la primera piedra, filmar el evento y organizar tres visitas institucionales al recinto sumaban casi 1,6 millones de euros, como se aprecia en la imagen de arriba. 

En el documento aparecen desglosados los dos pagos realizados a Telson, cada uno por 451.024,47 euros, el 50% del total de los 900.000 euros. El primero se abonó una semana antes del acto; el segundo, el mismo día que se puso la primera piedra. Este semanario contactó ayer con la sede de Tres60 y Telson en Madrid, y explicó el motivo de la llamada, sin obtener respuesta por parte de ningún portavoz. 

1,5% de la obra para gastos de promoción

El documento de liquidación también menciona y reproduce el pliego de Prescripciones Técnicas Particulares rubricado por la Vicepresidencia segunda y la Consejería de Justicia de la Comunidad, que obligaba a los adjudicatarios a dedicar a la promoción y comunicación de las obras una partida máxima del 1,5% del total del contrato público obtenido.

En este caso, se trataba de la urbanización del Campus de la Justicia (Fase 1), que fue presupuestada en 93 millones de euros, así que Begar tenía que dedicar un máximo de 1.395.000 euros (el 1,5%) a actos promocionales y de publicidad. De ahí que al final de la factura (documento 2) aparezca un saldo negativo a Campus de la Justicia de 202.786,32 euros.

La práctica de endosar a los contratistas los gastos de promoción pública de las obras, explican fuentes de la oposición en la Asamblea de Madrid, era habitual en los tiempos de Esperanza Aguirre. Las empresas que obtenían las contratas corrían formalmente con el coste de lo que se acababa convirtiendo en actos de propaganda de la presidenta y del Gobierno popular de la Comunidad de Madrid, aunque en realidad se sufragaban en último término con dinero público.

Sobrecostes para promoción personal

UPyD, que tuvo representación parlamentaria en la Asamblea madrileña hasta las pasadas elecciones autonómicas del mes de mayo, se distinguió durante los últimos cuatro años por su tarea de fiscalización en este tipo de casos. “Ellos [el PP] lo hacían siempre así. Nosotros pedimos un montón de información en la Asamblea pero nunca nos facilitaban los pliegos”, explica Ramón Marcos, exdiputado regional de UPyD. Su partido llegó a presentar seis recursos al Tribunal Constitucional para desbloquear debates que el PP madrileño se negaba a realizar. 

“Estoy convencido, aunque no tengo pruebas directas, de que ese 1,5% servía para canalizar muchos actos de comunicación, que suponían un importante sobrecoste para las obras públicas madrileñas”, añade Marcos, que fue portavoz adjunto de UPyD en la Asamblea entre 2011 y 2015. “Esto explica que Esperanza Aguirre estuviera permanentemente en los medios”, concluye.

El profesional de televisión que presenció la ceremonia oficial de enero de 2007, y que pide mantenerse en el anonimato, está convencido además de que las facturas del vídeo que registró la colocación de la primera piedra estaban infladas. “Es imposible que aquello costara un millón de euros”, afirma, aunque reconoce también que “es casi imposible demostrarlo”.

En este enlace se pueden ver algunos de los vídeos que publicó la Comunidad en el canal Youtube del Campus de la Justicia. En la página no aparece el que realizó Telson.