A Mariano Rajoy no le han salido las cuentas. Sus planes, quizá más promovidos desde Génova que desde Moncloa, tenían como objetivo ofrecer un segundo semestre económico de 2015 triunfante, con un fuerte crecimiento económico y una sólida reducción del desempleo, para reforzar su mensaje de que gracias a la gestión de su gobierno se habría salido primero de la recesión y luego de la crisis. Todo el esfuerzo último era terminar la legislatura con menos paro del que heredó, menos déficit del que heredó y más crecimiento del que heredó. Las advertencias y matices de las instituciones europeas a su optimista cuadro macroeconómico se trataron con desdén, señalando que a fin de cuentas el comisario era un socialista francés que quería aguarles la fiesta. 

Una vez ganadas las elecciones en diciembre, ya llegaría el momento de corregir y recuperar la senda, quizá --y esto es política ficción-- señalando que los españoles habían apostado de nuevo por el partido de la recuperación, pero que quedaba trabajo por hacer. Y otros cuatro años por delante. 

Pero la incertidumbre de los resultados del 20 de diciembre ha dejado en mal lugar su estrategia. Si se repiten las elecciones, Mariano Rajoy se presentará con un panorama económico menos triunfalista: el crecimiento parece que desacelera --como no podría ser de otro modo, en la medida en que nos acercamos a nuestro raquítico crecimiento potencial-- y a lo largo de este trimestre tendremos dos datos que darán prueba de la irresponsabilidad de su táctica electoral en materia económica: el déficit público total de 2015 y las previsiones de déficit para 2016. 

España está sujeta a las gobernanza económica europea por tres procedimientos: la revisión post rescate --sí, el rescate de 2012--, el procedimiento de desequilibrios macroeconómicos, y el procedimiento de déficit excesivo del Pacto de Estabilidad y Convergencia. Los tres procesos son independientes pero actúan coordinadamente en el caso de España. 

En relación con las revisiones post-programa (post rescate), España se compromete a someterse a una revisión periódica de su economía por los “hombres de negro” --los que no iban a venir a España, según el ministro de Hacienda-- mientras estemos repagando el préstamo del Mecanismo Europeo de Estabilidad que usamos en 2012 para reestructurar nuestro sistema financiero. La revisión incluye no sólo los aspectos relacionados con el rescate de la banca, como el desempeño del SAREB (el banco malo) o la gestión de las entidades nacionalizadas como Bankia, sino aspectos relacionados con la posición fiscal de España, la productividad o las medidas para el “incremento de la competitividad”. Son revisiones semestrales que transmiten a nuestros acreedores el desempeño de nuestra economía y el cumplimiento de las condiciones que acompañaban al crédito. 

Por su parte, el procedimiento de revisión de los desequilibrios macroeconómicos ofrece de manera anual --en febrero de cada año-- una revisión de las magnitudes macroeconómicas de cada país de la Unión Europea, incluyendo déficit público, balanza comercial, deuda externa, deuda total o desempleo. A partir de esta revisión, la Comisión Europea establece una serie de recomendaciones y señala los principales elementos de mejora de la gestión macroeconómica. 

Y por último, dentro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, España está sometida al denominado Procedimiento de Déficit Excesivo, al que están supeditados los países cuyo déficit público se sitúa por encima del 3% del Producto Interior Bruto. Se suponía que España iba a salir de este procedimiento a lo largo de 2016, pero las previsiones de la Comisión Europea son que España no cumplirá su déficit público de 2015 y tampoco el de 2016, lo que obligará a alargar este procedimiento “correctivo” probablemente hasta 2017 si no hay medidas adicionales. 

Menos austeridad, más deuda

Los tres procesos coinciden en sacar a la luz la estrategia de Rajoy: durante el año 2015, España ha levantado el pie del acelerador de la consolidación fiscal, lo que ha permitido un cierto respiro a la economía, que ha crecido más de lo inicialmente previsto. Es decir, si España crece más de lo previsto es precisamente porque el Gobierno ha levantado la mano con la austeridad, una estrategia que llevará a que el déficit público supere con creces el objetivo inicial (4,2% del PIB) y se acerque al 5%. Estas décimas de déficit público se trasladan automáticamente al crecimiento económico vía demanda interna, y a la creación de empleo, del que tanto han presumido los representantes del PP durante la campaña. A este diferencial de déficit público, la Comisión añade el abultado nivel de Deuda Pública -- que alcanzaría su pico en 2016, situándose por encima del 100% del PIB-- y que ha crecido alrededor de 300.000 millones durante esta legislatura.

La tónica para 2016, y con los presupuestos ya aprobados, es similar. En su carrera por ofrecer ventajas fiscales, Rajoy aprobó unas cuentas que, de acuerdo con la Comisión Europea, se alejan del objetivo previsto inicialmente para el déficit público de 2016 (2,8%) y lo situaría casi un punto por encima (3,6%). De cumplirse las previsiones de la Comisión Europea, España fracasará en su objetivo de salir del procedimiento de déficit excesivo en 2016. Si el Consejo Europeo o el ECOFIN se muestran inflexibles --y la actitud del Gobierno español invita a ello--, España debería realizar un esfuerzo fiscal acumulado de más de 12.000 millones de euros adicionales, bien a través de la subida de impuestos, bien a través de un nuevo recorte en el gasto público. La alternativa son sanciones económicas en forma de depósitos sin intereses, o incluso la posibilidad de activar la condicionalidad de los Fondos Estructurales y de Inversión de la Unión Europea para España, que suponen un montante de hasta 25.000 millones de euros para los próximos años. 

No son las únicas advertencias de la Comisión: su interés en dar una nueva vuelta de tuerca a la reforma del mercado laboral y la necesidad de garantizar la sostenibilidad de las pensiones, así como la liberalización de algunos mercados del sector servicios, siguen estando en su agenda para los próximos años. 

Un gobierno recién elegido podría haberse enfrentado a esta situación con la legitimidad de las urnas recién conseguida, pero Mariano Rajoy deberá responder a este requerimiento siendo todavía presidente en funciones. La previsible modificación de los presupuestos de 2016 tendrá que esperar hasta que haya un gobierno capaz de gestionarla, lo que significará que, si somos impelidos a realizar el esfuerzo, tendremos menos de un año para lograr los objetivos fiscales. 

Trilerismo

La otra posibilidad es que el nuevo gobierno –sea del signo que sea-- renegocie con la Unión Europea la senda de la consolidación fiscal. Esta es la apuesta de los partidos de izquierdas. Pero lo harán ya en una mala situación negociadora: la credibilidad de España en las instituciones europeas está muy tocada, y la irresponsabilidad de utilizar los Presupuestos Generales del Estado como arma electoralista formarán parte del legado de este gobierno del PP a sus sucesores. 

En Bruselas empiezan a estar cansados del trilerismo presupuestario español, que sólo se sostiene por el apoyo indubitado de Alemania al gobierno de Rajoy como “su alumno predilecto”. Como el profesor que infla las notas de quien le hace la pelota, a España la están pasando de curso sin tener los deberes hechos. 

Que no nos sorprenda que un gobierno de izquierdas --ojalá factible-- se encuentre con una Alemania furibunda y una Comisión intransigente con el cumplimiento de unos objetivos de déficit público que el PP dejó a la mitad. Hace tiempo que la gobernanza económica europea es un festival de arbitrariedades y de normas que se aplican o no en función del color o peso de los gobiernos europeos.