Jesús Rodríguez (Santa Coloma de Gramanet, 1974) pertenece a una generación barcelonesa inmediatamente posterior a la mía, que se perfiló como tal en 1996, en las vivencias corales que supusieron la ocupación del Cine Princesa, un gran hecho ciudadano. De aquel breve periodo nacieron vínculos y cosmovisiones que comparten de alguna manera antiguos ocupantes del Cinema Princesa --como el propio Jesús Rodríguez--, y compañeros de generación --hoy, conocidos y determinantes en las nuevas realidades sociales y políticas barcelonesas--, que vivieron en el inmueble o que, de una forma u otra, participaron en la defensa de aquel proyecto y en las protestas posteriores a su polémica desocupación policial.                                 

Jesús Rodríguez, por cierto, es periodista de información policial y judicial en La Directa, medio independiente y cooperativo, en crecimiento y, desde el incipiente cambio cultural y comunicativo, cada vez más usado como medio informativo por ciudadanos y otros medios convencionales.

Recientemente, Jesús Rodríguez ha sido llamado por los Mossos a declarar por un delito de extorsión, consistente en asistir como periodista a cubrir una manifestación sindical en El Corte Inglés para realizar, después, una crónica difícilmente interpretable como delictiva. Hablo con él sobre ello, y sobre otras particularidades policiales catalanas. Preocupantes y que empiezan a afectar, como es el caso, al trabajo periodístico.

Explíquenos su caso. ¿Cómo se enteró de que estaba imputado?

El 27 de diciembre por la tarde, me llaman al teléfono móvil desde un número oculto. Una persona se identifica como mosso y me dice que tengo que ir a declarar a una comisaría. Me quedé bastante sorprendido. Primero que me llamen sólo un día antes, desde un teléfono oculto, sin dar ningún dato identificativo de quién me estaba llamando. Yo le dije que me parecía poco profesional que la policía llamara desde números ocultos a la gente, para comunicarles oficialmente que estaban imputados. Me dijo que era un procedimiento habitual. Me dijo que si quería me mandaba un coche patrulla para traerme. Le dije que primero quería saber en relación a qué hecho se me estaba citando a declarar, y me dijo que era por unos hechos que se habían producido el 1 de noviembre en El Corte Inglés de plaza Cataluña. Llamé a mi abogada, y fuimos al día siguiente. Descubrimos que yo no era la única persona imputada, sino que habían sido citadas como mínimo otras 15 personas más. Opté por declarar. Pregunté cuáles eran las razones por las cuales se me estaba citando a declarar. Mi abogada, Anais Franquesa, pidió al mosso que instruía la causa, que me tomaba declaración, que le pasara una copia del sumario, para saber cuál era la acusación, y le expuso el artículo de la ley de enjuiciamiento criminal que ordena a los mossos dar comunicación de los sumarios a las personas que van a declarar, en el caso de que estas personas no estén detenidas. Sorprendentemente el mosso se negó a facilitar el contenido del sumario

¿Era un policía uniformado?

Vestía de paisano. Eran dos. Había un agente que hacía el interrogatorio, y una mossa que tomaba la declaración. La abogada presentó una queja formal ante los dos mossos, que constó por escrito, denunciando el hecho de que no se había permitido el acceso al sumario antes de prestar declaración. Pese a ello, declaré con total normalidad y antes de declarar exigí que se me aclarara el porqué estaba ahí citado. La única concreción que se me hizo es que un superior había comunicado que se me tenía que interrogar porque había un indicio de que yo había participado en un presunto delito de extorsión contra El Corte Inglés. Esta es toda la información que tengo, y a partir de ahí declaro.

¿Y esa extorsión es una manifestación de un piquete dentro de El Corte Inglés, en el que usted estaba como periodista?

No sé si el indicio es por el hecho de que yo estaba cubriendo. Yo empiezo la declaración, se me pregunta si entiendo de qué se me está acusando. En ese momento le dije que no lo entendía, porque no me lo habían comunicado, por tanto no sé la razón por la que se me estaba acusando. A pesar de eso declaro, y explico que el 1 de noviembre yo estaba en la sede de El Corte Inglés de plaza Cataluña de Barcelona porque desde CNT se envió una nota convocando a diversos medios de comunicación a una acción que hacían allí.

¿Qué pedían?

Pedían que El Corte Inglés retirara la acusación contra unos manifestantes, que fueron detenidos durante la huelga general del 9 de marzo de 2012. Y la acción consistía en eso, en un piquete que bajó desde el restaurante a la planta baja. A medida que bajaba colocaron pegatinas, y con un megáfono iban gritando consignas contra El Corte Inglés. Esa acción, a la que fui convocado como periodista, la tuiteé desde que empezó. Posteriormente redacté un artículo que se colgó esa misma noche en la web de La Directa. El agente que me interrogó me preguntó que en calidad de qué estaba yo en El Corte Inglés, le dije que evidentemente estaba en calidad de periodista. Me preguntó si yo iba identificado como periodista.

¿Cómo se identifica a un periodista, por cierto?

Pues el protocolo en situaciones de manifestaciones con alteración de orden público, o en la vía pública cuando hay cargas --que no eran los casos, por cierto--, acordado entre el Colegio de Periodistas y el Departamento de Interior, es un chaleco de color rojo. Ese es el único ámbito en el que a mí me consta que hay un acuerdo entre Colegio de Periodistas y Policía para identificar a periodistas en la vía pública. Cosa que es desde mi punto de vista cuestionable. Pero en ningún caso, que yo sepa, un periodista tiene, ni tan solo a través de su colegio profesional de periodistas, ningún tipo de acuerdo para tenerse que identificar cuando está cubriendo una información. Se me preguntó eso, si iba identificado, se me preguntó si redacté un artículo en relación a esos hechos, en qué página web colgué el artículo, si ese artículo seguía publicado.

O sea, tenían conocimiento de ese artículo.

No lo sé. Lo único que se me preguntó fue eso. Si publiqué el artículo, dónde estaba colgado. Se me pidió mi carné acreditativo como periodista de La Directa, se hizo constar los datos del carné en la declaración, y se me dijo que no se me podía dar más información en relación a esta investigación. Al día siguiente mi abogada se puso en contacto con el juzgado, y le comunicaron que el juez que investiga esta causa estaba de vacaciones, y que cuando volviese de vacaciones podría tener acceso al sumario. Esta es la situación. Al día siguiente desde el Grup de periodistas Ramón Barnil se hizo un comunicado de denuncia de estos hechos, pidiendo que se archivara esta causa en mi contra. El sindicato de periodistas también hizo un comunicado pidiendo el archivo de la causa y denunciando los hechos, y desde el Colegio de Periodistas por el momento no ha habido ningún posicionamiento en relación a los hechos. Yo creo que aquí hay un elemento importante que puede explicar un poco por qué estamos en esta situación, que es el conocimiento previo que tienen de mi persona algunos agentes de los mossos, que actúan en este tipo de acontecimientos.

¿Existe algún tipo de fichero ilegal?

Son agentes que tienen especialmente fichados a ciertos periodistas, cuando digo fichados quiero decir que tienen localizados, que conocen su cara, conocen su nombre, dificultan su trabajo de manera cotidiana y habitualmente identificándolos. A mí me ha pasado en diferentes ocasiones. Identificaciones mientras estás intentando cubrir una noticia para entorpecer tu trabajo. El día concreto que se produjeron estos hechos, el 1 de noviembre, diversos agentes que actuaron me conocían personalmente. Llevo 20 años cubriendo noticias en relación a la policía de la ciudad de Barcelona, y 10 años desde que hubo el despliegue de mossos en Barcelona. Hay un conocimiento mutuo obvio, y por tanto aún me sorprende más. Que un policía de buena fe se atreva a poner mi nombre y mis apellidos en un atestado, acusándome de un delito de extorsión, siendo conocedor de que soy periodista y de que estoy cubriendo una noticia... Me parece que no se trata de un error, sino que hay otras razones detrás de esta actuación.

¿Valora todo esto como una sombra de la ley mordaza, o como una deriva policial netamente barcelonesa?

Yo creo que sin la ley mordaza esto se hubiera producido igualmente. Hay un pasado, hay una serie de hechos que han sucedido en la ciudad de Barcelona en relación a las pelotas de goma, a las cargas en las manifestaciones, a hechos de malos tratos y de torturas muy graves, que han sido denunciados por La Directa, el medio de comunicación donde escribo. Creo que hay un relato, una historia en la cabeza de ciertos agentes de la policía y ciertos mandos de la policía, que sienten a algunos periodistas como enemigos y actúan en consecuencia. Tengo la convicción de que eso es así, y en el trato y la actuación cotidiana se percibe en cosas muy básicas, como pasar al lado de un furgón de policía, y que abra la ventanilla un agente que está dentro, sin identificar, encapuchado, y que te grite “¡Guarro de mierda!”. Eso, o es una anécdota, o puede ser una demostración más grave. Hay actuaciones de mossos que claramente están ya no fuera de los protocolos de actuación establecidos por el propio cuerpo policial, sino que están fuera de la propia legislación. Si lo hiciera cualquier otro ciudadano podría ser acusado, detenido, por presuntos delitos de amenazas, de coacciones.

¿Es tan autónomo el cuerpo de policía aquí respecto, incluso, a la esfera política?

Yo tengo la impresión de que se ha creado un poder en la sombra. Ahora mismo es como un poder paralelo, que no responde a directrices políticas en algunas ocasiones, que cuando ve que el poder político le da carta blanca se extralimita más, pero cuando ve que el poder político no le da esta carta blanca llega un poco hasta donde quiere o hasta donde le permiten, pero sin mucho control tampoco. Yo creo que las etapas de Joan Saura --conseller de Interior en el Tripartit, creador de un código de conducta policial-- dejaron muy claro que los mossos tienen bastante autonomía de actuación, y que cuando quieren hacer una presión sobre un político desde sus estructuras corporativas o sindicales consiguen apartarlo, consiguen silenciarlo, consiguen quitarle ese poder político e imponer criterios que nada tienen que ver con la política o con la representación democrática de unos políticos, sino con cuestiones corporativas y con cuestiones de poder policial.

¿Desde 2011 ha aumentado la autonomía policial en Catalunya?

Desde 2011 aumentó claramente durante un periodo de tiempo, y yo creo que después se estabilizó. La etapa de Felip Puig  incrementó esa autonomía policial llegando a extremos, desde mi punto de vista, preocupantes, y que van más allá de lo que sería el Estado de derecho. Sin ir más lejos, la actuación de los mossos en la huelga general del 14 de noviembre de 2012, cuando deciden utilizar pelotas de goma, a pesar de que la dirección política del Departament no da la orden. Esa es una muestra clarísima. Esa es la noche que quedó herida Esther Quintana, que perdió un ojo. Esa actuación demuestra claramente que la policía en Catalunya tiene la impresión de que puede hacer mucho más de lo que le permiten desde el poder político, sobre todo porque Felip Puig extendió una consigna, una idea dentro del cuerpo, de que se podía ir más allá del límite de la ley. "Hacer lo que la ley permite y un poquito más", dijo. Con esa consigna política sobre la mesa, algunos mandos de la policía y algunos agentes interiorizaron la idea de que cualquier sheriff podía hacer lo que quisiera sin ningún control político.

Estadísticamente la violencia policial resultante ha sido más llamativa en Barcelona que en el resto del Estado. ¿Ilustra eso cierta singularidad policial?

Tanto de los informes de la coordinadora por la prevención de la tortura como otros indicadores de las torturas que se han producido los últimos años sí que apuntan a que el porcentaje de casos de brutalidad policial y de abusos por parte de mossos, en relación al número de agentes y a la población del territorio donde están desplegados, es superior. Y por tanto para mí sí que hay un grado de impunidad un poco más elevado, lo que pasa es que es difícil realizar una comparativa con otros cuerpos en Catalunya, porque Guardia Civil y Policía Nacional aquí no tienen competencias de orden público, que es en los escenarios en los que se da un mayor caso de abusos policiales. Pero sí que se ha dado ese incremento de impunidad desde la llegada de Felip Puig. Y después se ha dado una estabilización y hasta un cierto freno de esa impunidad, coincidiendo con los momentos más significativos del proceso independentista. Creo que ha habido una consigna por parte del Gobierno de la Generalitat, de Artur Mas, especialmente, dirigida al nuevo  conseller de Interior, que sustituyó Felip Puig, que fue Ramon Espadaler, de que los mossos no tenían que ser portada de los medios de comunicación, tras los escándalos relacionados con los abusos, con los malos tratos, con los casos de personas que habían perdido un ojo en manifestaciones, que permanentemente eran portada en los años 2011, 2012 y hasta 2013. A raíz del caso de Juan Andrés Benítez --fallecido durante su detención brutal-- y otros muchos, que fueron apareciendo en los medios, se tomó una determinación política de que eso se tenía que frenar por un interés del momento. No interesaba, estaba desprestigiando la imagen de las instituciones catalanas de cara a la opinión pública del Estado español y hasta europea. Aparecieron bastantes reportajes en esos años 2011-2012, en medios de comunicación británicos sobre todo, donde se hablaba de la brutalidad de la policía catalana. Creo que se dio una consigna y se cedió a la reivindicación de la prohibición de las pelotas de goma, por una cuestión de contexto político. Cuando esta mañana oía a Artur Mas decir “me siento con ganas de luchar contra los poderes de Madrid, pero también contra los de aquí”, a mí se me han puesto los pelos de punta porque he pensado “se terminó la tregua”. Si este cierto freno de la brutalidad policial respondía a criterios de oportunidad política por el tema del proceso, cuando Artur Mas dice “tengo ganas de luchar contra aquellos que aquí lo ponen difícil", está claro que los que lo ponen difícil desde su perspectiva son aquellos que están en las calles, aquellos que denuncian las políticas del Gobierno, son aquellos que reivindican, que participan en las huelgas. Si eso se ha frenado durante un tiempo, por unos intereses de momento político, a lo mejor ahora vamos a volver a ver un rebrote de esta brutalidad en las calles de Barcelona.

Cambiemos de tema. O no. Esa obsesión de los mossos por encontrar grupos anarquistas peligrosos donde no los suele haber, ¿a qué responde?

Yo creo que es una obsesión ideológica. Yo creo que la dirección de los Mossos d’Esquadra en algunos mandos, muy ligados al poder político de Convergència, hay una percepción de la disidencia como algo a extirpar, erradicar, estigmatizar, a criminalizar. Y se han creado estructuras específicas desde el poder político de los Mossos, y después desde los mandos de la policía catalana, para combatir espacios de disidencia, por categorías ideológicas. Yo cuando he visto ciertas convocatorias de cursos de formación en la escuela de policía o de formaciones específicas para mandos de la policía catalana, donde se habla de los anarquistas, cuando específicamente se está haciendo referencia a la ideología anarquista como una tipología de organización o de pensamiento que hay que vigilar y perseguir, explica muy bien lo que ha pasado con el caso Pandora. Cuando te lees los informes que intentan avalar ante el juez la operación antiterrorista conocida como Operación Pandora, te das cuenta de que no se les acusaba de acciones ilícitas específicas concretas, de la colocación de un artefacto o de una actuación que pudiera ser constitutiva de un delito penal concreto, sino lo que se hacía, lo que se está haciendo, es construir un entorno ideológico organizativo, identificado con el anarquismo, y ese paraguas ideológico se considera algo a lo que hay que combatir. Un poco la idea que construyó Garzón y toda la maquinaria de la Audiencia Nacional en relación al País Vasco y el entorno de ETA, pues aquí se está construyendo una especie de entorno ideológico del anarquismo, por parte de los Mossos, que acusa a las personas que pertenecen a ese entorno no de actividades ilegales específicas que están tipificadas como tales en el Código Penal, sino de dar una cobertura ideológica, organizativa de procedimientos, de toma de decisión.

Son las fantasías de sus abuelos, digamos.

Sí. Es la persecución atávica del anarquismo ya desde comienzos de siglo, todo lo que quedó de la Guerra Civil, de los anarquistas que iban a quemar iglesias y que hicieron que las grandes familias catalanas se refugiaran en Burgos con los franquistas. Es esta historia. Vuelve la historia de las oligarquías biempensantes contra los disidentes a los que se les otorga la etiqueta de anarquistas, y a partir de ahí se intenta estigmatizar, perseguir, y se utiliza a los medios de comunicación, se utiliza a los periodistas afines, se utilizan todos los recursos posibles para estigmatizar a esta gente.

Es curioso, pero en muchos medios públicos y concertados aparece la idea de ‘faísmo’ peligroso al aludir a nuevas organizaciones.

Yo creo que cuanto más extraña y más desconocida sea la terminología por parte de la gente que escucha estas informaciones, más fácil es la estigmatización y la persecución. Es la creación del fantasma, en algunos casos se crea un fantasma exterior, en otros interior.