La Comisión Europea anunció el miércoles 13 de enero en una extensa y didáctica nota de prensa su decisión de iniciar las comprobaciones para garantizar que el Estado de Derecho en Polonia no corre riesgo de menoscabo. El procedimiento se abre a causa de las polémicas medidas del nuevo Gobierno nacionalista respecto al Tribunal Constitucional y los medios públicos. En concreto, y según explica la propia Comisión, el nuevo Parlamento polaco, con mayoría de Ley y Justicia, ha adoptado medidas para destituir al presidente y al vicepresidente del Tribunal, revocar los nombramientos realizados en la anterior legislatura y cambiar las reglas de toma de decisiones para que sea más difícil que pueda revisar la constitucionalidad de las leyes. Respecto a los medios públicos, ha cesado a los gestores actuales y ha cambiado el procedimiento de elección, pasando a ser responsabilidad del Gobierno en lugar de corresponder a un organismo independiente como hasta ahora.

El partido Ley y Justicia fue el ganador de las elecciones legislativas el pasado mes de octubre. En Polonia rige un sistema parlamentario y, por tanto, la mayoría obtenida en las dos cámaras legislativas le sirvió también para que Beata Szydlo, su cabeza de lista, fuera nombrada jefa de Gobierno por el presidente de la República, de su mismo partido. Se trata de una formación de carácter nacionalista y conservador, integrada en la Alianza de los Conservadores y Reformistas del Parlamento Europeo, que no tendría por tanto un equivalente de esa magnitud en España, ya que el Partido Popular es homólogo del Partido de la Ciudadanía, a quien Ley y Justicia venció en los comicios.

Desde el comienzo de su mandato, han surgido voces críticas que han puesto en duda las convicciones democráticas del nuevo Gobierno. Quizás la más representativa es la de Lech Walesa, icono de la lucha contra el comunismo que ha llegado a afirmar que los actuales dirigentes ponen en riesgo la libertad, la democracia y los logros alcanzados tras la caída del bloque soviético. De hecho, y frente a las reformas aprobadas relativas al Tribunal Constitucional, llegó a pedir un referéndum para revocarlas asegurando que dos tercios de la población están en contra. Las encuestas le dan relativamente la razón, ya que el 56% de los ciudadanos considera que el Estado de Derecho está en riesgo, lo cual contrasta con el apoyo mayoritario que obtuvo Ley y Justicia en las urnas.

El procedimiento abierto por la Comisión Europea se instauró en 2014 para reforzar la solidez del Estado de Derecho en los países de la Unión. Hasta entonces, sólo se contaba con el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que contempla sanciones para “riesgo de violación grave” o “violación grave y persistente por parte de un Estado miembro” de los valores enunciados en el artículo 2, entre ellos, el Estado de Derecho. Precisamente porque el umbral que se establecía para sancionar dichas conductas exigía un nivel de violación muy intenso, se diseñó un procedimiento que pudiera poner solución en fases más tempranas. Por ello, este mecanismo establece tres fases desde que se detecta un riesgo para el Estado de Derecho en el seno de cualquier Estado miembro. En la primera, que es la que se va a comenzar a poner en práctica con Polonia, la Comisión realiza una evaluación tras dialogar con el Estado presuntamente infractor. Si se considera que efectivamente se han producido prácticas antidemocráticas, la Comisión pasa a la siguiente fase realizando una recomendación al Estado miembro, que deberá cumplir. Si persiste en su incumplimiento, la Comisión podrá imponer las sanciones en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, entre las que se encuentran suspender el derecho de voto de dicho Estado en el Consejo de la Unión Europea.

De momento, la situación política en Polonia ha sido objeto de debate en una sesión del Parlamento Europeo el 19 de enero a la que ha acudido Beata Szydlo para, según sus propias palabras, "defender el buen nombre de Polonia". Su Gobierno ha ofrecido colaboración y está por ver hasta qué punto es cierto. Sin embargo, puede que éste no sea el único problema con el que tenga que lidiar Europa, ya que Víctor Orban, consciente de que su Gobierno también está en el punto de mira, ha anunciado que no apoyará ninguna sanción a Polonia.

No cabe duda de que este mecanismo y los principios que lo inspiran son positivos. El gran reto de Europa será aplicarlo de tal forma que no se perciba como una intromisión en la soberanía nacional de los Estados.

Manuel Sánchez es politólogo.