En los siete meses que pasaron desde las elecciones autonómicas hasta las generales, Podemos casi duplicó su número de votos y superó al PSOE, por primera vez, en las Islas Baleares. De 62.000 a 114.000, justo por detrás del PP. Para explicar la diferencia entre un acontecimiento y otro, Juan Pedro Yllanes (Sevilla, 1960), cabeza de la lista de Podem Balears en los comicios de diciembre, se remite al trabajo de su partido en el Gobierno de las islas, así como a una campaña en la que el grupo de Pablo Iglesias llenó las 5.000 plazas del Palma Arena: el auditorio mallorquín cuya construcción destapó el caso Nóos, entre cuyos 18 acusados se encuentran Cristina de Borbón y su marido, Iñaki Urdangarin.

El recién estrenado diputado, que acumula 26 años en la judicatura, presidió durante meses el tribunal que juzgaría a los dos familiares del Rey. Al pedir su excedencia y entrar en política, dejó atrás una investigación que, durante nueve años, ha llegado a acumular 70.000 folios. “Hay documentos repetidos, otros sin importancia”, valora el juez, en conversación telefónica. Entre los textos figuran, también, los cientos de “no lo sé” que la infanta llegó a pronunciar, en febrero de 2015, ante el juzgado de instrucción. Nada apunta a que la estrategia de la defensa, anota el magistrado, vaya a cambiar en esta segunda vista, que se prolongará en la Audiencia de Palma durante seis meses.

Yllanes no será, así, quien decidirá sobre las peticiones de la acusación, que reclama ocho años de cárcel para Cristina de Borbón, o las de la Fiscalía: este órgano del Estado quiere privar de libertad a Iñaki Urdangarin durante casi veinte años, aunque reitere, una y otra vez, la inocencia de la hermana de Felipe VI. El voto de este letrado, ya en la carrera de San Jerónimo, cuenta ahora con otro cometido. Podrá apoyar, o no, la formación de un Gobierno progresista.

¿Hacemos bien al pensar que en España hay más corrupción que fuera de ella?

La corrupción ocurre en todas partes, pero en nuestro país ha saltado de la invisibilidad a las portadas en muy poco tiempo. Se ha empezado a ver, y eso es muy importante. En otros países, eso es cierto, la capacidad de acción es mayor. Nuestras reacciones tardías han hecho que esto reventase. No hablamos de un caso aislado y en un territorio. Estamos pagando esa época de falsa prosperidad que vivimos con la burbuja inmobiliaria.

¿Le apena seguir la vista del caso Nóos desde la grada?

Estuve pendiente el primer día, sí. Fue una sesión larga, importante y densa jurídicamente, con muchos tramos. Se plantearon cuestiones fundamentales que marcarán toda la hoja de ruta del juicio.

¿Es histórico este juicio, como lo califican algunos medios de comunicación?

Sí, por las personas que están sentadas en el banquillo. No estamos acostumbrados a que alguien tan cercano al Rey esté acusado. No hablamos de un conocido de la familia real, sino de la hermana del jefe del Estado y de la hija del rey emérito. Ahora bien, no deja de ser un caso de corrupción más entre los muchos que hemos visto. Las figuras públicas no alteran el trabajo del juez, que es aplicar la ley: no conllevan mayores responsabilidades ni riesgos añadidos para el que juzga.

En 26 de años de carrera, nunca había observado tanta beligerancia en el Ministerio Fiscal [a favor de Cristina de Borbón]

¿Era previsible y entra dentro de la ley que órganos del Estado, como la Fiscalía, o incluso la Agencia Tributaria, traten de sacar a la infanta del grueso de acusados?

No tengo claro que la Agencia Tributaria pueda actuar como lo está haciendo [presentando documentación con valoraciones penales a favor de Cristina de Borbón]. Si no quiere acusar a la hermana del Rey, basta con que tenga una postura pasiva. Entre las competencias de la Fiscalía sí figura la petición de absolución o de sobreseimiento de un caso, pero, en 26 años de carrera, nunca había observado tanta beligerancia en el Ministerio Fiscal. Me resultó chocante su tratamiento hacia la infanta.

¿Tenemos motivos para desconfiar de la justicia?

Quizá no para la desconfianza, aunque sí para el descontento. La justicia española es lenta y no soluciona nuestros conflictos. Esta última legislatura ha sido, cuando menos, trágica: no se han convocado apenas plazas de jueces y, cuando se ha creado algún órgano, éste era meramente simbólico. Nos dicen que tenemos suerte, pero somos un país endeble: la ratio juez/habitante en la Unión Europea [21 por cada 100.000] es muy superior a la nuestra [11,1 por cada 100.000]. Resulta indigno, cuando presumimos de ser la cuarta potencia europea.

La Audiencia de Palma descartará mostrar como pruebas en el juicio los correos de Urdangarin a Felipe VI, entonces príncipe.

El Rey es inmune, porque así lo dice la Constitución. Las tentativas de implicarle no nos llevarían a ninguna parte. La defensa de Diego Torres también se está basando en desbordar de documentos esta causa, cuando muchos de esos correos no tienen un carácter probatorio, sino meramente folclórico, muy lejano al debate de fondo. Y más allá de la inmunidad de Felipe VI, los familiares más cercanos de la infanta podrían renunciar a declarar, como lo puede hacer cualquier otro ciudadano, apelando al parentesco. El tribunal ha actuado bien.

Aunque las siglas MR aparecen en los papeles de Bárcenas, el presidente nunca llegó a declarar ante el juez.

El caso Nóos es una evidente demostración de que no hay figuras intocables. Bárcenas sí fue condenado, y ahí está B, la película, que yo recomiendo a todo el mundo: la obra menciona a Mariano Rajoy en muchas ocasiones. Es notable que el presidente nunca llegara a declarar, pero estaba aforado y, por tanto, su figura escapaba a las competencias del juez. También es llamativo que entre los enjuiciados por el caso Nóos se encuentre Alfonso Grau [que fuera vicealcalde de Valencia], pero no lo estén Rita Barberá o Francisco Camps [este último sí ha perdido su condición de aforado]. Sí, es llamativo.

Estoy a favor de acabar con todos los aforamientos, también con los de los jueces

¿Llamativo o sospechoso?

Prefiero llamativo. Los magistrados de los tribunales superiores de justicia se eligen a discreción, desde los poderes autonómicos. En esas instancias sí caben dudas, que no sospechas, sobre algún trato de favor. Los nombramientos no siempre son transparentes, tampoco en el caso del Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano partidizado. Y son ellos quienes eligen a los jueces, aunque ahora que se les está mirando con lupa sí parezcan guiarse por criterios de antigüedad. En cualquier caso, hablamos de grupos que están en la cúspide, con unas competencias muy limitadas, y que versan solo sobre los aforados.

Entonces, ¿la parte menos transparente de la justicia es la que juzga a los políticos?

Hay un punto fundamental, que es el aforamiento. Cuando no lo hay, no hay problema. Los políticos enjuiciados en las audiencias de Baleares o de Málaga ya han dejado su cargo y, por tanto, han perdido esta condición. En los tribunales superiores de justicia, adonde acuden los acusados aforados, sí hemos visto un porcentaje más alto de sentencias absolutorias. Hay que cambiar la forma en la que se elige a estos magistrados, que son nombrados por las comunidades autónomas. En algunos casos, cabe la duda de si se estará designando a los juristas más cómodos y no a los más aptos. Es algo de lo que sí se libra la justicia ordinaria, la del día a día.

Desde el Parlamento, ¿trabajará para acabar con esos aforamientos, o con la inmunidad del Rey?

Estoy a favor de que se acaben todos los privilegios en ese sentido, también los de los jueces, que estamos aforados. El aforamiento es una cuestión de legalidad ordinaria y, por tanto, me gustaría mucho acabar con él desde el Parlamento. La inmunidad del Rey, que quizá no tenga ningún sentido, requiere una reforma de la Constitución. Es más trascendente y más costosa.

Hablando de reformar la Constitución, ¿se siente usted republicano?

Sí. Desde la convicción, mi modelo de Estado ideal sería la República. Pero esto no pasa de una reflexión. No haré una política activa para que, cuando se reforme la Constitución, ese sea uno de los puntos fundamentales de la reforma. Creo que no es una preocupación de la gente; al menos, no tanto como las políticas sociales.

Todos seremos lo suficientemente responsables como para que no haya que repetir las elecciones

Urdangarin escribió en su curriculum vitae que era yerno del rey Juan Carlos. ¿No habría que trabajar para acabar con actitudes así?

Valerse de quienes cuentan con una gran agenda no va en contra de las leyes. El rey emérito presentó a Urdangarin a quien tocara y lo demás se le escaparía. Otra cosa es tratar de influir sobre las autoridades: eso no está permitido y creo que esa actitud no está, de por sí, inscrita en la institución monárquica. Como miembro de Podemos, me preocupan otras cosas, como las relacionadas con la corrupción a posteriori de quienes han ocupado un cargo público. Quienes han favorecido contratos entre el Estado y el sector privado no pueden acabar en los consejos de las sociedades a las que han ayudado.

Ha decidido que se puede hacer más como diputado que como juez.

Desde la política se puede hacer más que desde la judicatura, también en lo relativo a la independencia judicial o a la lucha contra la corrupción. Voy a trabajar para que la justicia no sea la gran olvidada de los presupuestos y para separarla, por fin, de los partidos políticos. Y quiero hacerlo desde el Parlamento, porque los jueces somos el último escalón, al que llega todo trabajado, instruido e investigado. Me interesa el reto de cambiar las cosas desde el principio. Podemos me llamó y dije que sí, porque creo en el progreso. Solo podría estar en este partido: el PSOE, como el PP, tiene causas de corrupción en marcha. Y esperar políticas progresistas de Ciudadanos es pedirle peras al olmo.

En la campaña habló de lo ilusionante de esta legislatura. ¿Será breve, además?

Intuyo que no. Espero que agotemos los cuatro años que deben durar estas Cortes. Todos seremos lo suficientemente responsables, estoy convencido, para que esta legislatura llegue hasta el final y no haya que repetir las elecciones.