“Alguno llega a decir que el dinero público no es de nadie”. Así son algunos servidores de la cosa pública en España, según explica el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el auto por el que envió a prisión a cinco de los detenidos por el caso Acuamed –encabezados por su director general, Arcadio Mateo- e impone fianzas a otros ocho. 

El auto de Velasco describe uno de los árboles del frondoso bosque de la corrupción que puebla las Administraciones españolas. Aunque, en esta ocasión, no se trata de una planta común: la integridad de varios funcionarios, alguno de los cuales terminó siendo purgado, habría impedido que una presunta organización criminal –les imputa ese cargo-- pudiera perpetrar un supuesto latrocinio que había llegado a ser consignado dos años seguidos en los Presupuestos Generales del Estado, según relata el juez. Operaban, dice, “siempre con la ecuación de favorecer a la empresa privada, aun conscientes de que ello conllevaba el correlativo perjuicio en los dineros públicos”.

El auto narra varios episodios entre los que destaca el de la desaladora almeriense del Bajo Almanzora. Quedó inservible tras una inundación, y así continúa por “la oposición de ciertos funcionarios a permitir tales irregularidades”: “sigue sin arreglar y la empresa sin permitir la liquidación de ese contrato, pretendiendo que los aproximadamente dos millones de euros que podrían debérseles se conviertan en diez”. Esa “compensación indebida”, añade el juez, fue “pactada entre FCC y cargos de alto nivel del Ministerio” de Medio Ambiente. Y llegó a figurar en dos ocasiones en los Presupuestos del Estado.

En realidad, el presunto apaño, que respondería a una “concertación” entre Mateo y responsables de FCC, consistía en perdonar una parte del coste a la constructora e inyectarle otra -40 millones-- “especialmente en la obra de descontaminación del pantano de Flix, donde [el director general] quería fijar modificados ficticios irreales” por esa cuantía. Esas compensaciones estaban “al parecer pactadas desde muy alto nivel” en el ministerio que dirige Isabel García Tejerina y que antes encabezó el actual comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete.

Mateo habría invocado su nombre ante un funcionario díscolo –según la declaración de este-- para intentar convencerle de que le dejara hacer, según informó Cuatro. Cañete niega cualquier relación con la trama. El caso Acuamed, no obstante, ya se ha llevado por delante a uno de sus principales colaboradores, el exsecretario de Estado de Aguas y Medio Ambiente y  número 3 de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Federico Ramos dimitió el pasado viernes, unas horas después de que la Cadena Ser adelantara el correo electrónico en el que consultaba a Mateo --con copia a la directora general del Agua, Sandra Ardiles-- sobre la posibilidad de adelantar a FCC una liquidación de 9,5 millones. “Así vamos avanzando con esta gente a la que le debemos bastante dinero en otras obras”, argumentaba.

El entramado que investigan la Audiencia Nacional y la Guardia Civil incluye presuntos sobreprecios de siete millones en obras ejecutadas por Acciona y por Altec-Altium, una supuesta manipulación de informes para adjudicar una contrata a esta última y un curioso episodio en el que los técnicos impiden que esta misma sociedad cobre unas tuberías 240.000 euros más caras de las que había ofrecido… tras cambiarlas y comprárselas a otro proveedor por indicación de Mateo. 

Sin embargo, la piedra angular del caso está en la descontaminación del embalse de Flix, una actuación presupuestada en 165 millones --115 de la UE y 50 del Gobierno y la Generalitat, que tienen un plan adicional de 60-- y adjudicada a FCC para extraer de ese embalse del Ebro 800.000 metros cúbicos de lodo infectados con el mercurio, el cloro, los radionucleidos y los compuestos organoclorados que la empresa química Cros estuvo vertiendo durante casi un siglo. “Se pretenden cambios de certificaciones para retirar penalizaciones y pasar de una facturación aproximadamente debida de 3,5 millones, a 40 ficticios que se intentan justificar, certificando unidades de obra no ejecutadas en expedientes paralelos”, narra Velasco. Todo, añade, “siguiendo instrucciones emanadas desde la superioridad”.

“Esta investigación pone en entredicho al equipo de Cañete y al de García Tejerina”, señala Manuel Tomás, para quien “parece claro que ha habido una utilización no correcta de fondos comunitarios”. Las pesquisas no llegan en el mejor momento para el Ministerio de Medio Ambiente, ya que una delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo irá el lunes al delta del Ebro y el martes a la sede ministerial, en sendas visitas de trabajo relacionadas con una queja sobre las afecciones del Plan Hidrológico del Ebro (PHE) al ecosistema del estuario tarraconense.

“La investigación puede causar cualquier cosa menos extrañeza”

“Todo esto resta credibilidad al ministerio”, añade Tomás, para quien las presuntas connivencias entre Administración y empresas constructoras “ponen en cuestión tanto la seriedad con la que ha sido elaborado el PHE como sus objetivos”. España se juega en marzo, cuando la UE se pronuncie sobre dos expedientes relacionados con el delta, el acceso a 660 millones de euros procedentes de los fondos comunitarios que ahora recibe para actuaciones ambientales.

Por lo pronto, la Comisión Europea ya ha instado a la Oficina Antifraude a investigar el uso que el Gobierno español hace de los fondos europeos. Y, por si acaso, ha bloqueado cualquier transferencia a Acuamed, según anunció este martes su portavoz.

A Pedro Arrojo, diputado de Podemos, experto en Economía y galardonado con un Premio Goldman --Nobel alternativo-- de Medio Ambiente, el caso Acuamed le provoca “cualquier cosa menos extrañeza”. “Las empresas públicas –señala-- son meros montajes teñidos de modernidad que administran fondos públicos como si fueran capital privado y que, en el caso del agua, oscurecen aún más lo que era una gestión de por sí opaca y parapetada por las declaraciones de interés general”. A este cuadro se le suma, añade, “la tradición de no vigilancia en este sector” pese a los “desmesurados aumentos” del presupuesto que registran algunas obras. 

Uno de los mayores aumentos conocidos en obras hidráulicas en curso es el que registra el recrecimiento del embalse de Yesa, en el río Aragón, a caballo entre Huesca y Navarra: fue adjudicado por 138 millones a una UTE (Unión Temporal de Empresas) liderada por ACS y, quince años después, el coste supera los 350, básicamente por los problemas de estabilidad de una de las laderas en las que se asienta la presa. Técnicos de Medio Ambiente alertaron ya en 2007 de la existencia de unas filtraciones de difícil reparación en esa zona. Sin embargo, los trabajos siguieron adelante. “¿Nadie piensa en abrir una investigación con un sobreprecio de esa magnitud?”, se pregunta el parlamentario.

Puertas giratorias, presupuestos desmesurados y pleitos millonarios

Mes y medio después de comenzar los trámites para esa adjudicación --ACS había competido con una empresa de Juan Manuel Villar Mir para recrecer una presa cuya construcción había dirigido el exdelantero merengue René Petit--, el director general de Obras Hidráulicas de Isabel Tocino, Carlos Escartín, abría una puerta giratoria para ser fichado por Florentino como “director de contratación II” con un sueldo de 120.000 euros anuales. El emporio obtuvo adjudicaciones de la Dirección General de Obras Hidráulicas y de la Secretaria de Estado de Aguas y Medio Ambiente por valor de 49,39 millones de euros en los nueve meses y medio que trabajó para él. La cuarta parte --12,57--, a dedo; es decir, mediante procedimientos tipo “negociado sin publicidad”. El ministerio llegó a abrir un expediente para aclarar si había incurrido en incompatibilidad, aunque lo archivó cuando dejó la empresa.

ACS está en pleitos con el Gobierno de Murcia por otra pintoresca obra hidráulica: le reclama 600 millones de euros tras haber instado la rescisión del contrato, por impago, de la explotación de la desalinizadora de Escombreras, que previamente había construido una UTE que lideraba. Con un coste de casi 120 millones de euros, iba a tratar, sobre el papel, 50 hectómetros cúbicos de agua al año, aunque no ha superado los 21 y el año pasado si siquiera alcanzó los cinco. Debía garantizar el suministro de agua de varios desarrollos del burbujeante urbanismo mediterráneo. 

Otra obra de historial llamativo es la polémica presa de Melonares, en Sevilla. Ubicado en una zona protegida, este pantano, diseñado para suministrar a Sevilla agua de boca y presupuestado en 41 millones de euros, tardó ocho años en entrar en servicio desde que Ferrovial terminó las obras: carecía de las conducciones que debían llevar los caudales hasta la capital andaluza.

Arrojo, que coincide con Tomás en señalar que las irregularidades en Flix pueden tener consecuencias en la investigación comunitaria sobre el delta, llama la atención, por último, sobre la situación de algunas obras impulsadas por el dimisionario Ramos o en cuya gestión intervino durante su paso por el Ministerio de Medio Ambiente. Una de ellas es la construcción del embalse de Mularroya, las obras de cuya presa, paralizadas por orden judicial ante sus graves efectos ambientales –inunda varias zonas protegidas--, fueron retomadas hace unos días a pesar de que su entrada en servicio está supeditada a la habilitación, fuera de su vaso, de una superficie de uso ornitológico tan amplia como la que va a verse anegada.

Arrojo, autor junto con el primer fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, del libro Aguas limpias, manos limpias - Corrupción e irregularidades en la gestión de aguas en España, llama la atención sobre “la perversión que supone privatizar y oscurecer” la gestión pública “en nombre de la eficiencia” y reclama la apertura de investigaciones sobre “la corrupción en el oscuro campo de la gestión de aguas”. El juez Velasco ya ha abierto la brecha.