Dice el Diccionario de la Real Academia que el medio ambiente lo constituyen el “conjunto de circunstancias exteriores a un ser vivo”.  En próximas ediciones podría añadir a esa entrada una coletilla: el término es tan amplio que conduce a los partidos políticos a referirse a él en sus programas con una combinación de generalidades y ambigüedades trufadas, según el caso, de maximalismos y/o de pragmatismo pintado de verde. Es lo que se conoce como un asunto “transversal”: que es tanto el que “se extiende atravesado de un lado a otro” como el que “se aparta o desvía de la dirección principal o recta”, el que “se cruza en dirección perpendicular” o, incluso, el que “atañe a distintos ámbitos o disciplinas en lugar de a un problema concreto”. Algo que puede plantearse, casi, de cualquier manera.

Las cuatro principales formaciones que concurren a las elecciones coinciden en los objetivos generales: básicamente, frenar el cambio climático, elevar el uso de las energías renovables y mejorar la eficiencia energética –que no es lo mismo pero ayuda–, reducir la generación de residuos fomentando la “economía circular” o de reutilización y mejorar la eficiencia en la gestión del agua. Todo políticamente correcto, aunque la letra pequeña de los programas esconde algunos gazapos y varias propuestas tan ambiciosas –¿espectaculares, quizás?– como faltas de concreción sobre su eventual puesta en práctica.

La contradictoria política energética del PP. Los conservadores proponen caminar en direcciones opuestas en algunos asuntos. Por ejemplo, cuando hablan de combinar “un marco adecuado para que la minería energética competitiva sea un sector de futuro” con dar unos “pasos adicionales para lograr una economía con menores emisiones de carbono”; es decir, seguir quemando carbón y emitir menos CO2 al mismo tiempo. Y, también, al inclinarse por enjuagar “la penetración de las energías renovables en el mix energético” con “el desarrollo de las interconexiones energéticas”, eufemismo que se refiere a la importación de electricidad y derivados del petróleo. Resulta innovadora la promesa de aprobar “un plan específico para reducir la contaminación derivada del ozono” troposférico, uno de los gases responsables del calentamiento global y que amenaza con el desplome de la producción agrícola en unos años, aunque la UE lleva años reclamando a varias comunidades autónomas que pongan en marcha mecanismos para atajarla.

El inconcreto catálogo climático del PSOE. Los socialistas, que apuestan por elevar las penas para los delitos ecológicos, dedican buena parte de su programa ambiental al calentamiento global, para el que proponen una batería de medidas tan amplia como inconcreta: impulsar “una fiscalidad que corrija y grave adecuadamente el deterioro ambiental y promueva la protección y resiliencia de nuestros ecosistemas”, establecer la obligación de realizar “informes preceptivos sobre intensidad de carbono y sus consecuencias en el cambio climático” en “todos los planes de inversión e infraestructuras” y, también, encomendar al Banco de España un informe anual “sobre la exposición de la economía y el sector financiero a riesgos climáticos y de carbono”. Sí, pero ¿cómo? ¿para qué? La inconcreción aumenta cuando el programa habla de “recuperar las políticas de cambio climático, aprobar una ley que establezca objetivos y su actualización, impulse la seguridad y la prosperidad, impulsar el mejor conocimiento y la disponibilidad de escenarios climáticos y de trayectorias para el desarrollo sostenible, aplicar estrategias de adaptación que favorezcan soluciones basadas en ecosistemas e infraestructuras verde”.

Podemos: apetitosos platos sin receta. El recetario ambiental del partido morado rivaliza en inconcreción con el del PSOE cuando habla de “impulsar la denominada fiscalidad verde y penalizar la generación de desechos a lo largo de la cadena de valor” o de “llevar a cabo un plan de adaptación al cambio climático de ciudades, administraciones públicas y sectores estratégicos” en su futura Ley de Cambio Climático. Por el contrario, suena maximalista el objetivo de poner en marcha “un Plan de Transición Energética, para que en 2050 el 100 % del consumo proceda de las energías renovables” –el año pasado cubrieron el 42,8% de la demanda con el 49,3% de la potencia instalada–. El partido de Iglesias, que promete que si gobierna creará una vicepresidencia de Sostenibilidad para coordinar las políticas ambientales con las de economía y de empleo, apuesta también por aplicar el principio de “el que contamina paga” –pondrá “un precio fijo a la tonelada de carbono emitido, de acuerdo con las previsiones de la Unión Europea”– y por orientar las políticas forestales de las comunidades a “la repoblación con especies [arbóreas] autóctonas y el desarrollo del efecto sumidero”, para la absorción de carbono. Se trata, en ambos casos, de platos sin receta.

Ciudadanos: la coherencia de la ambigüedad. “La lucha contra el Cambio Climático –así, con mayúsculas– debe ser una prioridad absoluta en nuestra sociedad”, señala el programa de Ciudadanos, que despliega en este apartado otra de las muestras de ambigüedad de su programa electoral. “Impulsaremos la legislación necesaria para el estricto cumplimiento de los objetivos de la agenda europea 2020 en materia medioambiental y energética”, señala, antes de proponerse definir “objetivos ambiciosos a medio y largo plazo” en la implantación de energías renovables y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o caminar “hacia un nuevo modelo energético donde se favorezcan las energías renovables y no contaminantes, así como estrategias para la disminución del consumo de combustibles fósiles”. Su ley de cambio climático sería, sobre el papel, perfecta: regulará “de forma coherente y estable las políticas que afectan al clima” e incorporará “objetivos ambiciosos para 2030 y una estrategia definida para 2050”.

El nuevo Plan Hidrológico Nacional

El Gobierno que salga de las urnas el próximo 20 de diciembre tendrá sobre la mesa un asunto crucial para la gestión del agua: proponer un nuevo Plan Hidrológico Nacional que coordine los de planes de cuenca, finalizados poco antes de la campaña, y plantear, según el caso, si hay que debatir la puesta en marcha de nuevos trasvases que se sumen a los ocho que ya soporta el Ebro o el conflictivo al Segura que nace del Tajo, o su ampliación. Los dos partidos del centro-derecha, PP y Ciudadanos, apuestan por las transferencias entre demarcaciones, mientras el PSOE se mueve en la ambigüedad y Podemos aboga por reducir los efectos de los que ya están en marcha. El debate se producirá en un país al borde del estrés hídrico y en el que el cambio climático hará que en unos años el déficit de cuencas como la del Ebro sea mayor que el de todo el arco mediterráneo.

Los conservadores, que ya ven con buenos ojos el uso de tecnologías como la desalación, plantean abrir “un proceso político de negociación y adopción de un Pacto Nacional del Agua” entre cuyos objetivos incluye “asegurar la atención de las demandas en las cuencas deficitarias del país y evitar la sobreexplotación de determinados recursos, así como dotar al sistema español de gestión del agua de la suficiente estabilidad y solvencia financiera”.

Ciudadanos incluye en su programa tesis que, más que poco novedosas, suponen en algunos casos el retorno a planteamientos de hace décadas. Una de ellas consiste en dar al abastecimiento urbano y el del regadío prioridad sobre los caudales ecológicos. Otra se centra en establecer una “política general” en materia de agua “centralizando todas las competencias relacionadas con la gestión” –ahora están compartidas con las comunidades autónomas–, que pasaría a ser “una competencia estratégica nacional, clave para el futuro social y económico y totalmente intransferible”. “Corresponde incluir en el nuevo Plan Hidrológico Nacional –remata– las medidas de coordinación entre los diferentes planes hidrológicos de cuenca y, en su caso, la previsión y condiciones de transferencias entre ámbitos de distintos planes hidrológicos”.

Los socialistas, que plantean iniciativas novedosas como blindar por ley “las salvaguardas que impidan la mercantilización de los derechos concesionales” –años después de regular su mercado–, no dicen ni sí ni no en materia de trasvases: “Impulsaremos la inversión en eficiencia e identificaremos las medidas prioritarias y urgentes que faciliten una gestión eficaz y satisfactoria de los recursos hídricos”, política en la que contemplan “prestar especial atención a los territorios afectados por la sequía” y tomar “en consideración” en la planificación hidrológica “las proyecciones hídricas y climáticas”.

Podemos, por último, propone revisar los planes hidrológicos “para garantizar su plena coherencia con la Directiva Marco del Agua”, y revisar “los proyectos de construcción de las grandes infraestructuras hidráulicas (presas y trasvases)” para desarrollar “sistemas alternativos de abastecimiento para los momentos de escasez”. El partido morado aboga por una “transición hacia horizontes más sostenibles” en la que “la optimización de los recursos no convencionales” como la desalación y la reutilización de aguas residuales pasaría a ser clave, junto con una nueva “gestión de la demanda agraria, urbana e industrial” en “las cuencas beneficiarias de esos trasvases”.