“No hay más que una regla: cazar o ser cazado”
Frank Underwood, House of cards

En un insólito y bochornoso golpe de vista aparecen los tres exalcaldes que ha tenido Jerez durante más de 35 años de democracia desfilando por los pasillos de la Audiencia Provincial de Cádiz. Coinciden en un juicio por presunta corrupción urbanística. Uno es el acusado, Pedro Pacheco, y las otras dos, Pilar Sánchez y María José García-Pelayo, acuden como testigos. 

Todo empezó una madrugada, la del 14 de junio de 2003. Todo estaba atado y bien atado por PSOE (ganador de esas municipales) y PP (tercera fuerza) para desalojar al fin al omnipotente Pedro Pacheco, del Partido Andalucista. Habían sido 24 años empuñando el bastón de mando de la Alcaldía de la quinta ciudad andaluza en población y su ocaso ya era imparable. Solo la bien cosida red clientelar tejida durante más de dos décadas –unida a muchos aciertos de gestión– daba aún opciones al histórico líder de conservar la plaza capital de la provincia de Cádiz.

Una última llamada confirmaba que los dirigentes populares Javier Arenas y Antonio Sanz acababan de sacar del horno un pacto de gobierno recién muñido que llevaba a la Alcaldía a María José García-Pelayo, la eterna promesa del PP nacional y alumna aventajada de Arias Cañete y Arenas. Su compañero de viaje no sería finalmente el socialismo encarnado en la candidata Pilar Sánchez, como todo el mundo esperaba. Su pareja de baile sería Pacheco, don Pedro, el Cabeza, al que todos querían borrar del mapa político, pero al que al final volvían a recurrir. Su pareja era ese curtido político al que un dirigente socialista gaditano rebautizó como el Inmatable.

Un día después del jarro de agua fría, Sánchez declaraba en la prensa: “Pacheco era un cadáver político y el PP le ha devuelto a la vida”. Y ahí, justo en ese preciso momento, quedó inaugurada la temporada de caza en la que han participado los tres. Utilizando a la justicia para eliminarse mutuamente y dejando por los suelos la imagen de la ciudad a la que supuestamente tanto querían. Y la quería García-Pelayo, por medio de un presunto amaño de contratos con la Gürtel por más de 300.000 euros.

No se perdonaron las extrañas alianzas para preservar el poder en pleno boom del ladrillo, cruzando disparos judiciales hasta herirse de muerte unos a otros

Aquel pacto PP-Pacheco no llegó lejos, pues Pelayo lo rompió en diciembre de 2004 –contraviniendo a su partido– harta de que le hicieran “la vida imposible”. Este no tardó en flirtear hasta llevarse a la cama a los socialistas: les entregó la Alcaldía en enero de 2005 y, de paso, también la presidencia de la Diputación de Cádiz, que pasó a estar gobernada por el veterano miembro del clan de Alcalá de los Gazules –cuna del socialismo andaluz– Francisco González Cabaña. Aquello duró hasta casi el final del mandato. Meses antes de las municipales de 2007, era Sánchez la que, ninguneada y sometida a continuas vejaciones políticas por su socio, cesaba a Pacheco y lo arrastraba hasta condenarlo políticamente en las urnas.

Ella, era de esperar, barrió con mayoría absoluta en esa contienda electoral. Pero no se conformó con eso. Precalentada por ciertos consejeros, decidió que había que rebuscar en los cajones, bajo las alfombras, hasta poner al exalcalde ante la Justicia. Como fuera. Y ahí aparecieron, según cuenta ella misma, unos pagos pendientes que debía hacer a dos asesores colocados por Pacheco durante el pacto de gobierno que mantuvieron meses antes. La denuncia ante la Fiscalía acabó convirtiéndose, siete años más tarde, en una sentencia del Tribunal Supremo que dictaba una ampliación de penas de cuatro a cinco años y medio de cárcel para el exalcalde.

A la cárcel

En octubre de 2015, Pacheco ingresaba en Puerto III, culpable de delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y falsificación de documentos oficiales al enchufar a dos ex compañeros de partido. Para exculparse, siempre dijo sentirse como el robagallinas de la corrupción en España. 

De los alrededor de dos millares de empleados públicos del Ayuntamiento, la mayoría es personal laboral colocado a dedo por el eterno alcalde, capaz de contratar a diestro y siniestro, asumiendo peticiones a la carta de PP o PSOE para situar a algunos de los suyos bajo el cobijo municipal. Así fue durante dos décadas. En una entrevista concedida hace un par de años a El Mundo, el dirigente político admitía haber colocado a “unos 500, 600, 700. Mire usted, yo no tengo ni idea, pero de lo que estoy orgulloso es de que nunca me los echaron para atrás y a nadie se le pidió el carné. ¿A que es bonito?”.

Pacheco cumple condena desde hace más de año y medio por haber enchufado a dos compañeros de partido que se embolsaron unos 200.000 euros de dinero público sin poder demostrar qué trabajos realizaron para el Ayuntamiento. En el juicio del caso de los asesores, uno declaró que despachaba los asuntos municipales en bares del centro de Jerez. Algunos vecinos apuntan al ejemplo de Al Capone: “Cayó en lo más llano. No supo retirarse a tiempo”. El mafioso Scarface acabó viviendo a la sombra por un nimio delito de evasión fiscal tras años y años de estar perseguido por prácticas criminales que nadie pudo probar jamás. Quizás, como el Inmatable, tampoco entendió que debía quitarse de en medio a tiempo.

Scarface acabó viviendo a la sombra por un nimio delito de evasión fiscal tras años perseguido por prácticas criminales que nadie pudo probar jamás

Sánchez tampoco había perdonado en todo este tiempo a Pelayo (PP) por aquella trágica ruptura in extremis del acuerdo de gobierno con el que iban a desbancar a Pacheco. La oportuna venganza político-judicial consistió en llevar en 2009 al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que tenía la competencia del casi recién inaugurado caso Gürtel, un expediente de unos contratos que le olían mal. Eran de la etapa del pacto de la líder de los populares jerezanos con Pacheco y se referían a unas adjudicaciones a empresas de la trama de Francisco Correa. Dos años más tarde de la denuncia, el difunto juez Pedreira archivaba la causa al centrarse principalmente en unos hechos sucedidos fuera de su jurisdicción.

El sobreseimiento coincidía con el rotundo éxito de García-Pelayo en las municipales de mayo de 2011. La otra protagonista del trío obligaba a Pilar Sánchez a desalojar su despacho en la Alcaldía merced a una arrolladora victoria por mayoría absoluta del PP jerezano en las urnas. Fue otro puntillazo para la regidora socialista. La euforia inicial de la popular se diluyó entre privatizaciones –vendió el agua a FCC por 80,1 millones de euros tras dos concursos que quedaron desiertos–, el primer ERE en la historia de un ayuntamiento democrático español, decisiones arbitrarias, y un sinfín de reveses, conflictos e incendios derivados de un Consistorio con mil millones de deuda en una ciudad con una tasa de paro del 40%.

Cuando el caso Gürtel reemprendió el vuelo de la mano del juez Ruz en la Audiencia Nacional, no quedó nadie indemne tras lo sucedido aquella madrugada que una década antes reescribió la historia política reciente de la ciudad. La causa quedó reabierta y solo la condición de aforada de Pelayo (senadora desde 2011 y diputada ahora) le ha permitido espantar al fantasma. Su partido, podrido por los casos de corrupción, le arropa y blinda nombrándola en tres cargos diferentes en el Congreso apenas unos días después de ser llamada a declarar por su vinculación con las presuntas contrataciones irregulares con el entramado de Correa.

La persona clave, encontrada muerta

La Audiencia Nacional ha abierto juicio oral contra nueve personas –entre ellas Correa y Crespo–, mientras que el Supremo investigaría la relación de la exalcaldesa del PP con la Gürtel. Las empresas de la red llegaron a Jerez de la mano de Javier Arenas, conducidas por su ex jefe de prensa, Isidro Cuberos, un periodista sevillano que fue hallado muerto hace unos meses en el fondo de un barranco en la Costa del Sol, tras haber sufrido un accidente con su motocicleta. Unos días antes su familia había comunicado su desaparición. Afín al PP –hasta su defunción fue miembro de este partido en el Consejo Audiovisual de Andalucía con un sueldo de 60.000 euros, equivalente al de un viceconsejero de la Junta–, era la persona clave de la Gürtel jerezana. 

Quisieron eliminarse políticamente los unos a los otros y cobrarse deudas personales saliendo de cacería judicial

A Pilar Sánchez, la mirada se le pierde en el infinito. Ya empieza a adaptarse a la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Cabaña no dudó en preconizar que aquel trío acabaría mal, muy mal o, incluso, rematadamente mal. Su antigua compañera de partido cumple hoy una condena de cuatro años y medio por irregularidades en la concesión de una subvención a una empresa. Dicta la Justicia que la exalcaldesa socialista favoreció a un empresario amigo con la rebaja del precio de suelo público del Parque Científico Tecnológico Agroindustrial (PCTA) en el que quería instalarse.

“Decir trata con cariño a esta empresa no puede costar la cárcel”, se lamenta ahora Sánchez, denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción por Pacheco. Antes de eso, el propio exalcalde se querelló contra ella por más de veinte enchufes como vendetta a su denuncia por dos contrataciones ilegales, mientras que Pelayo hizo lo propio en el verano de 2011 por un supuesto desvío de pagos municipales. En ambos casos salió absuelta, pero ya era tarde. Todos quisieron eliminarse políticamente y cobrarse deudas personales saliendo de cacería judicial. Aquella madrugada acabó sin amanecer.