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La imputación, o investigación, del Partido Popular (PP) como autor de un posible delito es una novedad jurídica, consecuencia de las modificaciones introducidas en el Código Penal a instancias del exministro de Justicia del PP Alberto Ruiz-Gallardón. La reforma fue denunciada en su momento por numerosos juristas que consideraban improcedente que un partido político pudiera ser responsable penal directo, pero la realidad es que la norma está en vigor y que es ese el texto legal al que se remite la juez instructora del caso.

Según la interpretación que mantiene uno de los constitucionalistas más prestigiosos del país, Javier Pérez Royo, el Código Penal es efectivamente el límite que, según la Constitución de 1978, tiene que respetar un partido político para permanecer dentro de la ley y no ser considerado como una asociación ilegal, con las consecuencias que de ello se pueden puedan derivar. Una asociación o un partido puede ser considerado ilícito si tiene por objeto cometer algún delito o, si después de constituido, promueve su comisión.

Y en esas estamos. El PP está siendo investigado por la judicatura por la posible comisión de un delito –la destrucción del ordenador del extesorero Luis Bárcenas donde este guardaba supuestamente la contabilidad paralela del partido--; y la juez cree que el PP puede haber promovido ese delito en tanto que asociación. 

Además de este caso investigado en Madrid, en los últimos años han aparecido tramas, indicios y pruebas de actividad delictiva que implican a varias docenas de dirigentes locales, autonómicos y nacionales del Partido Popular, en muchos casos asociados a grandes y medianas empresas interesadas en promover o conseguir contratos públicos de todo tipo y en todos los sectores económicos imaginables. En las últimas semanas, los casos siguen lloviendo cada vez con más intensidad allá donde el PP ha gobernado y ha perdido el poder, o, como pasó en Italia en 1992, allá donde aparecen arrepentidos. 

Algunos de estos dirigentes populares ya han sido condenados en firme y otros (hasta 176) se encuentran procesados o investigados, casi siempre por posibles delitos relacionados con corrupción y malversación. Los dos presidentes del Gobierno que ha tenido el PP, José María Aznar y Mariano Rajoy, han sido salpicados de lleno por el caso Blesa y el caso Bárcenas, respectivamente. Su exvicepresidente económico, Rodrigo Rato, que está siendo investigado por todos los delitos de corrupción existentes en el Código Penal, recibió el 27 de enero la respuesta del Tribunal Supremo a su penúltimo recurso: la salida a Bolsa de Bankia fue una estafa a los pequeños accionistas.

El juez Eloy Velasco, en su reciente auto sobre el caso Acuamed –una trama del Ministerio de Agricultura nacida cuando era ministro el actual comisario europeo Miguel Arias Cañete, y que arriesga con hacer perder a España al menos 660 millones de fondos europeos--, cita a un implicado en la trama, que declara: “Algunos decían que el dinero público no es de nadie”. 

Esta mentalidad de saqueo de lo público ha impregnado de lleno al PP. Durante los años de la burbuja inmobiliaria se multiplicaron los abusos de poder, las comisiones en negro a cambio de recalificaciones y los pelotazos a nivel municipal y autonómico, generándose una corrupción estructural que ha afectado a todos los partidos de la Transición. Sin embargo, el PP configura un caso muy especial, ya que, a diferencia de otros partidos, parece podrido desde la raíz, tanto en sus estructuras locales como en su organización nacional. 

La trama Gürtel, el caso Nóos, la Operación Púnica y, especialmente, el caso Bárcenas, en el que aparecen comprometidos cinco tesoreros del partido conservador desde 1978 hasta ahora, han convertido en sospechosos –cuando menos de complicidad-- a buena parte de los actuales mandatarios nacionales y regionales del partido. A pesar de estas evidencias, el PP sigue sin reconocer responsabilidad alguna, enrocado en la tesis lunática de que la corrupción no existe y sólo se trata de casos aislados. 

Lo cierto es que el instructor del caso Bárcenas considera probada la existencia de una contabilidad B en el PP desde al menos 18 años atrás, y no es descartable que decida investigar a destacados miembros de la cúpula del partido –incluido el actual presidente del Gobierno-- por haber cobrado y repartido sobresueldos en negro y por haber pagado parte de la reforma de la sede nacional del partido con dinero B.

La pregunta que ya no hay más remedio que formular es si, a la vista de todos estos hechos, la Fiscalía General del Estado debe abrir una investigación sobre la financiación ilegal y la evasión fiscal del Partido Popular, delitos contemplados en el Código Penal y que de haber sido promovidos por la propia asociación podrían llevar a declararla ilícita. 

El profesor Pérez Royo responde a esa pregunta que sí, que esa investigación debe ponerse en marcha y que el órgano judicial competente --para él, la Audiencia Nacional-- debería concluir si procede o no la suspensión de la actividad del partido que gobierna en este momento el país.

El consejo editorial de CTXT comparte este criterio. Creemos que un medio de comunicación no es el foro donde se debe decidir si un partido político ha promovido un delito y qué consecuencias debe tener ese hecho. Esta tarea compete a los tribunales. Pero pensamos que un medio de comunicación comprometido con la democracia y con el Estado de Derecho tiene la obligación de recordar que es obligación de la Fiscalía promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. En este punto, es preciso subrayar que la alarma social que provoca la corrupción se ha multiplicado por ocho desde que el PP llegó al Gobierno hace cinco años (Eurobarómetro), y que la corrupción es el segundo problema que más preocupa a la ciudadanía, tras el paro (CIS).

No somos partidarios de judicializar la política ni de perseguir como perros de presa a cargos elegidos democráticamente. Pensamos que son los ciudadanos los que deben desalojar del poder a los partidos corruptos. Y tampoco queremos que desaparezcan puntos de vista políticos que no compartimos. Proponemos, sencillamente, recuperar la política como un campo beligerante de ideas, y no como un campo de batalla de los negocios. Defendemos el fin de la impunidad para los corruptos y los corruptores, y un cumplimiento de la ley más garantista y menos cruel que el que ha aplicado el Gobierno del PP, por ejemplo, a piquetes y manifestantes.  

Pedimos, pues, sin la menor acritud, a los lectores y a los ciudadanos que se sumen con sus firmas en Change.org a nuestro llamamiento a la Fiscalía para que examine, con imparcialidad y autonomía, todos esos indicios y delitos y decida si procede o no instar al órgano judicial competente a que entre en materia. 

Creemos que solo así podrán despejarse las legítimas dudas de tantos ciudadanos, y confiamos en que nuestra acción ayudará a elevar el nivel de exigencia hacia las instituciones democráticas.