El pasado 12 de febrero, Arturo Fernández dejó la presidencia de la Cámara de Comercio de Madrid por la apertura del juicio oral en el caso de de las tarjetas black de Caja Madrid. Fue pocos días después de que la presidenta regional, Cristina Cifuentes, le cogiera por banda en la inauguración de Fitur y le enseñara la puerta de salida. Y es que Fernández está imputado por gastarse 37.300 euros en estas tarjetas ocapas, 10.500 euros en comidas y cenas en restaurantes de su propio grupo empresarial porque “son suyos y baratos”, llegó a decir tras devolver el dinero.

Cuando estalló este escándalo, en octubre de 2004, anunció su dimisión en diferido como presidente también de la Confederación empresarial madrileña (CEIM), cargó que dejó, junto al de vicepresidente de la CEOE, definitivamente a finales de ese año. También le salpicaron otros asuntos, como la mala situación económica de sus empresas o polémicas como las del Pequeño Nicolás, ya que, entre otras cosas, se conoció que fue su apoderado en la última asamblea de CEIM.

Pero estas cuestiones son pecata minuta teniendo en cuenta lo que se le avecina al exlíder de los empresarios madrileños. La Policía Nacional ha abierto recientemente una investigación ante los indicios encontrados de que la Cámara hubiera podido financiar actividades de diversa índole organizadas por ayuntamientos y asociaciones empresariales de CEIM a costa del dinero público recibido para formación. Los agentes han puesto en conocimiento de esta investigación al Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid.

Según fuentes jurídicas, la titular del Juzgado ha incoado el oportuno auto de tramitación, ha ordenado a la Policía que continúen sus diligencias y ha pasado el testigo a la Fiscalía de Delitos Económicos, que será la encargada de acotar la investigación. Con sus conclusiones, la jueza de instrucción abrirá o no auto de imputación. De momento, los agentes creen que, entre otra treintena de personas, tanto Arturo Fernández como Fernando Garzo, exdirector del Instituto de Formación Empresarial de la Cámara (el IFE), podían haber incurrido en un delito de falsedad documental y en otro de fraude a las subvenciones públicas.

Los agentes creen que, entre otra treintena de personas, tanto Arturo Fernández como Fernando Garzo, exdirector del Instituto de Formación Empresarial de la Cámara, podían haber incurrido en un delito de falsedad documental y en otro de fraude a las subvenciones públicas

El modus operandi era muy parecido al que supuestamente utilizaba José Luis Aneri, el principal imputado en los últimos casos de fraude de los cursos de formación en la Comunidad de Madrid. Según el sumario de este caso, Aneri solicitó a través de un entramado de sociedades fantasma subvenciones regionales para cursos de formación utilizando como pantalla asociaciones empresariales madrileñas; cursos que en la mayor parte de los casos no se impartieron.

En esta nueva trama de presunto fraude son las entidades empresariales las que firmaban un convenio con el IFE para que les impartiera formación. En contrapartida, la Cámara trasladaba un porcentaje de la subvención a las patronales del municipio para jornadas gastronómicas, ferias de la tapa o campañas de promociones de ventas o rebajas.

Un dinero público que no quedaba reflejado en ningún sitio y que no debería retornar a las asociaciones y menos para actividades distintas a la formación empresarial. Tal y como indica la normativa vigente, una entidad que contrate la formación a otra sólo puede quedarse con hasta el 10% del dinero recibido en subvenciones pero siempre en concepto de costes relacionados con esos cursos formativos.

Preguntado por este asunto, Arturo Fernández ha señalado a CTXT que los convenios firmados fueron "totalmente correctos, transparentes, claros, auditadas por el Tribunal de Cuentas y supervisados por la Comunidad de Madrid". "No se trata de subvenciones, son convenios firmados con asociaciones madrileñas. Una de las labores de la Cámara es precisamente ayudarlas en temas empresariales", ha defendido el exjefe patronal, que apunta a un sistema articulado hace una docena de años, muy anterior a que él llegara a presidencia de la entidad.

Cierto es que la utilización de esta especie de 'fondo de reptiles' proveniente de subvenciones públicas para financiar organizaciones empresariales, cuyos dirigentes paradójicamente siempre han defendido la 'liberalización' total de los mercados y las restricciones de las indemnizaciones por despido o el fin de prestaciones a parados u otras subvenciones, no es nuevo y ha afectado a otras organizaciones empresariales.

Hace dos años, el Tribunal de Cuentas exigió al antecesor de Fernández en la Cámara de Comercio, Salvador Santos Campano, que devolviera 25.040 euros por presuntas anomalías a la hora de recibir subvenciones para la entidad Confederación de Empresarios de Comercio Minorista, Autónomos y de Servicios de la Comunidad de Madrid (CECOMA) durante su mandato. Según el órgano fiscalizador, incurrió en supuestas ilegalidades en la gestión de un Plan de Certificación de Calidad de cerca de 400 comercios vinculados a las asociaciones de CECOMA, una entidad que se disolvió hace un año tras la detención de su sucesor, Alfonso Tezanos, implicado en el caso Aneri.

Santos Campano incurrió en supuestas ilegalidades en la gestión de un Plan de Certificación de Calidad de cerca de 400 comercios vinculados a las asociaciones de CECOMA, una entidad que se disolvió hace un año tras la detención de su sucesor, Alfonso Tezanos, implicado en el caso Aneri.

Ante todos estos hechos algunos empresarios madrileños cuestionan, aunque todavía en voz baja, los métodos cuanto menos irregulares utilizados por la Cámara para financiarse; una problemática que ven incrementada con la nueva Ley de Cámaras, con la que ya no es obligatorio aportar una cuota. Y también critican abiertamente “el nulo papel vigilante, cuando no la aquiesciencia” mantenida todos estos años por la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta que según sus estatutos la entidad empresarial madrileña “es una corporación de Derecho Público, tutelada en el ámbito de sus competencias por la Comunidad de Madrid, a través de su Consejería de Economía y Empleo”. "Ha sido un pesebre conocido y aceptado por casi todos", revela un antiguo miembro de la Cámara de Comercio.

Y no es de extrañar que todo esto sucediera en los años del aguirrismo, destacan. Una década en la que Arturo Fernández fue considerado el 'consejero en la sombra' o el 'consejero sin cartera' de su Gobierno, con voz pero sin voto. Dos figuras con personalidad propia, castizos donde los haya, que se han lanzado flechas de amor hasta el final. Y que, como las coincidencias pocas veces existen, han dejado sus cargos (la política sólo en el PP de Madrid) este mismo mes. Pero se equivocan los que piensen que se retiran para siempre. Están a la espera de mejores tiempos.