Como en tantas otras cuestiones, la crisis de los refugiados muestra la brecha que separa al Gobierno español de los ciudadanos. El CIS de febrero ha preguntado a los españoles cuáles consideran los principales problemas del país. Un rotundo 0.0% citó a los refugiados como uno de ellos. El encuestador del CIS tuvo la mala fortuna de no toparse con ningún miembro del Gobierno.

Los españoles se encuentran hace tiempo, según Eurostat (octubre 2015), más dispuestos que la media europea a acoger refugiados. Si en la Unión Europea de los 28, el 78% considera que los refugiados deberían estar mejor repartidos por toda Europa, en España ese porcentaje asciende hasta el 86%. Y repartir mejor a los refugiados no significa lo mismo en Berlín o Estocolmo que en Madrid: nuestro país apenas ha hecho un mínimo esfuerzo hasta el momento, de manera que una mejor distribución equivaldría —y los españoles lo saben— a acoger más refugiados en nuestro suelo. En esa misma encuesta, hasta el 78% de los españoles se mostraba partidario de las cuotas obligatorias al respecto.

Sin embargo, cuando estas se estaban discutiendo el pasado verano, de acuerdo al plan liderado por la canciller Angela Merkel, el Gobierno español hizo todo lo posible por echarlas atrás. Si Donald Tusk ha descollado por pedir a los sirios que “no vengan a Europa”, el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, formuló una celebrada metáfora cuando comparó la crisis de refugiados con las goteras en una casa: según dijo, se trata de taponar la entrada de agua, y no de repartir por toda la casa el agua que se filtra.

Fernández Díaz, vanguardista, se anticipaba al preacuerdo firmado la semana pasada con Turquía. Después de tantos años obedeciendo las políticas de austeridad inspiradas por Alemania, “porque no podíamos hacer otra cosa”, decía Rajoy, ahora descubrimos que, en lo tocante a los refugiados, sí se puede llevar la contraria a Merkel. Incluso, hasta el punto de haber hecho fracasar su plan, única alternativa al ignominioso acuerdo que se pretende firmar con Turquía, convertida en país-tapón al gusto del ministro del Interior.

Si los llamara “refugiados”, el acuerdo con Turquía estaría reconociendo los derechos que les confiere la legislación internacional

En el preacuerdo con Turquía solo se menciona una vez la palabra “refugiados”, y deliberadamente se les confunde con “migrantes irregulares” una y otra vez; no figura la palabra “derecho” ni mucho menos, “Derechos Humanos”, y cuando no queda más remedio que hablar de quienes huyen de la guerra, se habla de “reasentar, por cada sirio readmitido por Turquía, a otro sirio”, como si de fardos se tratara.

No es gratuito: si los llamara “refugiados” el documento estaría reconociendo los derechos que les confiere la legislación internacional, que prevalece sobre la nacional. Al pedir “garantizar un retorno exhaustivo, de gran magnitud y por la vía acelerada de los migrantes irregulares que no estén necesitados de protección internacional”, los jefes de Estado y de Gobierno nos han hecho sentir vergüenza. Además, la ONU nos ha sacado los colores al recordarnos que las deportaciones en masa están prohibidas por la Convención de Derechos Humanos.

Quizá lo más insólito de la posición del Gobierno español es que ni siquiera puede escudarse en la opinión pública —que piensa mayoritariamente lo contrario—, ni en el auge del populismo xenófobo —no existe en nuestro país— ni en la imposibilidad de acoger más refugiados, como les ocurre a países como Suecia. Como esa posición no parece apoyarse en nada más que en sus propias convicciones ideológicas, el nuevo Congreso surgido de las elecciones de diciembre ha dicho basta. Los diputados reflejan de forma más fidedigna el sentir de la población respecto a la acogida de refugiados y se han hecho oír exigiendo al Gobierno que no defienda su postura particular, sino la de la mayoría del Congreso y de la ciudadanía.

Si un Gobierno pleno debe rendir cuentas, un Gobierno en fase terminal y sin la confianza de la Cámara, más

El presidente Rajoy, escudándose en un vacío legal, ha argumentado que al estar en funciones no tiene obligación de rendir cuentas ante el Congreso, sino solo ante los tribunales. No vaciemos también el sentido común y el sentido democrático: si un Gobierno pleno debe rendir cuentas y someterse a control parlamentario, un Gobierno en fase terminal y sin la confianza de la Cámara no está menos sujeto a control, sino más.

Rajoy pretendía presentarse en el Consejo Europeo de los próximos días 17 y 18 de marzo, que debe ratificar el acuerdo con Turquía, sin modificar un ápice su postura: a favor del país-tapón y en contra de las reubicaciones, de las cuotas obligatorias y de, también, su propia ciudadanía.

Sin embargo, las protestas de los distintos grupos parlamentarios le están obligando a rectificar, y el próximo miércoles algún miembro del Gobierno acudirá a la Comisión de la UE para debatir y fijar la posición española ante el Consejo Europeo. En él, el Gobierno debería limitarse a ejercer como mero transmisor de la posición mayoritaria en el Congreso, única institución que en estos momentos ostenta plena legitimidad para hablar en nombre de los ciudadanos. Esto significa que Rajoy debería defender la solidaridad de todos los países europeos y especialmente el nuestro, debería recordar los derechos que la legislación internacional garantiza a los refugiados y debería abogar por hacer realidad las cuotas obligatorias. Y todo ello, antes de que se produzca un estallido social en alguno de los países que soportan toda la presión, como Grecia, Suecia o Alemania.

No deja de ser una paradoja: si Rajoy se comportara como debiera, representaría al fin, en los estertores de su mandato, a la mayoría de los españoles.