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Nacional
Luchas internas en El Corte Inglés
La empresa, que cuenta con 90.000 empleados y 30.000 proveedores, cerró 2014 con un incremento del 2,6% en su facturación –14.592 millones–, pero el beneficio neto cayó un 32,3% respecto al año anterior y se situó en 118 millones. Por otra parte, su deuda ha ido creciendo en los últimos años hasta alcanzar un pico de 5.668 millones en 2013. En la actualidad se ha reducido hasta los 4.529 millones gracias a la venta del 51% de su financiera al Banco de Santander, la emisión de bonos por valor de 600 millones y la firma de un préstamo sindicado de 4.409 millones.
En julio de 2015 entra en la sociedad del jeque de Qatar Hamad Bin Jassim, el cual se comprometió a desembolsar 1.000 millones de euros a cambio del 10% de las acciones procedentes de autocartera y unos intereses anuales del 5,25%, cuyo pago se efectuará también mediante acciones, con un porcentaje del 2,25%. En 2018 su participación llegará al 12,25%, y podrá ser incluso superior (hasta el 15%) si la empresa no logra cumplir con las previsiones de crecimiento del 12% anual del beneficio bruto.
El intermediario de la operación fue la sociedad Tereze Capital –radicada en Dubai y administrada por David Barreiro–, que se embolsó 17 millones por la gestión.
La Fundación Ramón Areces, presidida por Florencio Lasaga, mantiene alrededor del 37% de las acciones de la empresa.
Marta y Cristina Álvarez Guil, hijas de la mujer de Isidoro Álvarez, poseen cada una un 7,5% de las acciones y controlan IASA (Isidoro Álvarez SA), que posee un 22,5% de la empresa.
Ceslar, sociedad que integra a los cinco hermanos Areces Galán, atesora un 9% de la empresa, y mostró su desacuerdo con la entrada del accionariado catarí, argumentando que la transacción infravaloraba el precio de la compañía, al establecerlo en torno a 10.000 millones de euros. En 2013, Tinsa, empresa especializada en valoraciones inmobiliarias, estimó que solo los activos inmobiliarios de El Corte Inglés ascendían a 18.000 millones.
Blackrock, el gigante del Ibex:
En 2013, España se situaba como el primer país europeo en inversión extranjera directa (IED) y el tercero del mundo (tras EEUU, Canadá, y Australia), con 28.755 millones, una cifra similar al momento previo a la crisis.
La entidad financiera estadounidense es el mayor banco custodio del mundo (4,2 billones de activos gestionados) y se ha constituido en el mayor inversor de la banca española. Son 12.000 millones, y participaciones en 5 de las 7 entidades bancarias que cotizan en el Ibex35, además de su participación en otras 14 sociedades más del índice. En total, Blackrock tiene invertidos en España 20.575 millones.
Tras el periodo de turbulencias de 2012, a partir de 2013 se inicia la repartición del pastel del sector inmobiliario. El reparto del Sareb y sus activos se convierte en un indicador de la correlación de fuerzas económicas posterior a la Gran Recesión, con tres fuerzas emergentes.
El Santander se consolida como el principal accionista individual del fondo, con el 17,3% del capital, seguido de La Caixa, con un 12,70%, y de lejos por otras entidades como el Popular y Sabadell (6% cada uno).
La gestión de sus activos fue repartida, a su vez, en tres partes: el fondo estadounidense Cerberus (Haya Real State) se quedaba con los préstamos de Bankia (52.000 créditos y pisos por valor de 18.000 millones). El Santander gestionaría los activos inmobiliarios de CatalunyaCaixa, de Caja 3 y Banco Mare Nostrum. En total, 44.000 inmuebles y créditos a promotor valorados en 14.000 millones. Y por último, La Caixa se quedaría con 30.300 viviendas y créditos por un valor global de 9.200 millones.
El reparto fue secundado por gobiernos municipales y autonómicos Es el caso del Ayuntamiento de Madrid, que vendieron 1.860 viviendas sociales de la EMV a Blackstone, y de la Comunidad de Madrid, con 2.935 pisos del IVIMA despachados a Goldman Sachs y a Azora.
En 2013, Blackrock se introduce en el bloque de poder económico por todo lo alto, y adquiere el 3,1% del capital de la constructora Sacyr y el 9,3% de NH Hoteles.
Desde 2014 Blackrock mantiene una participación del 4,65% en PRISA, editora de El País y la SER.
Los refugiados y la sociedad española
En la encuesta del CIS de febrero de 2016 un 0,0% de los encuestados señaló que los refugiados se encuentran entre los problemas más importantes de España.
Sin embargo, y según Eurostat, si la media de la Unión Europea que considera que los refugiados deberían estar mejor repartidos por toda Europa es del 78%, en España ese porcentaje asciende hasta el 86%. Además, hasta el 78% de los españoles se muestra partidario de las cuotas obligatorias al respecto.
El aceite como producto de subsistencia
La producción mundial de aceite de oliva se sitúa en torno a los tres millones de toneladas. Casi la mitad de ellos antes salían de España, donde los dos últimos años la producción ha caído casi a la mitad para situarse en 800.000 toneladas. La causa principal del desplome de la producción es meteorológica: la pluviometría ha caído del millar de litros de agua por metro cuadrado de 2012 y 2013 a menos de 400 en 2014 y 2015.
Países como Italia siguen moviendo –que no fabricando– unas 350.000 toneladas. Mientras tanto, en algunos países del Magreb, como Túnez, las exportaciones crecieron el año pasado de 70.000 a 300.000 toneladas, lo que le sitúa cerca del nivel italiano.
En España, más del 80% de las más de 300.000 explotaciones olivareras tienen una extensión de menos de cinco hectáreas. Cada una de ellas produce en un año medio entre 3.500 y 4.000 kilos de olivas, lo que supone alrededor de 800 litros de aceite –el doble en los años de muchas lluvias-. Con los precios actuales, el beneficio para el productor se sitúa en torno a los 400 euros por hectárea; es decir, hasta los 2.000 euros anuales para alguien que posea una superficie equivalente a cinco campos de fútbol.
Los datos de la cesta de la compra del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que el precio del aceite subió un 26,5% en 2015 en España, tras haber bajado un 4% en 2014 después de dos aumentos del 3,4% y del 18% en los dos ejercicios anteriores. Desde agosto de 2012 su precio de venta al público se ha incrementado en casi un 50%.
El Ministerio de Agricultura estima que el agricultor soporta, por riego, recolección y abonos, entre otros, unos costes de 2,5 euros para producir un litro de aceite.
La Información de Precios de la Secretaría de Estado de Comercio cifraba la primera semana de marzo el precio de venta al público del litro de Aove en una horquilla de 3,70 a 6,14 euros –el frecuente era de 4,80– mientras el de menos de un grado oscilaba entre 3,28 y 4,82 para situar el habitual en 3,91. Según Poolred, el precio de compra en las almazaras en esta misma semana es de 3,27 euros el litro para el Aove y de 3,04 para el virgen.
Medidas contra la pobreza en el Parlament
En 2014 se aprobaron 158 medidas en un pleno contra la pobreza en el Parlament de Cataluña. La Generalitat asegura que se cumplieron en un 80%, salvo las directrices sobre vivienda, que llegaron al 90%.
Desde entonces y hasta la fecha, la desigualdad ha crecido en la Comunidad, con un 20% de la población catalana bajo el umbral de pobreza.
En un nuevo pleno de emergencia social –celebrado esta misma semana– se aprobaron 40 medidas más. Sólo tres de ellas tienen presupuesto y, pese a que se especulaba con que el total sería de 6.000 millones, se ha quedado finalmente en poco más de 200.
Internacional
En Idomeni, en la frontera entre Grecia y Macedonia, entre 10.000 y 13.000 personas se hallan atrapadas en un campo improvisado de refugiados.
Durante el año pasado más de 800.000 llegaron a Grecia desde Turquía y la mayoría cruzó después a Macedonia por Idomeni. En lo que va de 2016 lo hicieron alrededor de 120.000, pero desde el sábado 5 de marzo la frontera permanece completamente cerrada.
Según la Organización Internacional de las Migraciones, el 94% de los llegados a Grecia son refugiados (mayoritariamente procedentes de Siria, Afganistán e Iraq).
Más de 30.000 personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes se encuentran bloqueadas en el país heleno, según las autoridades locales. Se espera que superen las 70.000 a lo largo de este mes.
La ruta del Mediterráneo oriental, que conecta por mar Grecia y Turquía, ya venía soportando una importante presión migratoria desde el año 2008. Entonces concentraba el 40% de las entradas irregulares a la Unión Europea, fundamentalmente de iraquíes y afganos. Hoy el número de personas que opta por esta vía es cinco veces superior (se espera que la cifra llegue al millón a mediados de marzo) y el abanico de países de origen, con la población siria a la cabeza, cada vez es más amplio.
Según Frontex, las redes de tráfico de personas podrían haber ganado desde 2015 más de cuatro billones de euros.
Brexit y el mito de los gorrones del Este
El Gobierno conservador de Cameron encargó a finales del año pasado un informe para apoyar su medida de restringir a cuatro años el acceso a prestaciones de extranjeros. En él, no hay datos brutos, ni tablas; el estudio dice que casi la mitad de los inmigrantes comunitarios reciben benefits durante sus primeros años en Reino Unido, en concreto, entre el 37% y el 45%.
Las cifras dicen otra cosa.
Los últimos datos públicos desglosados por países, de febrero de 2015, desvelan que sólo el 2,2% de quienes piden y/o reciben prestaciones estatales estando en edad de trabajar en Reino Unido son ciudadanos de la Unión Europea, según el Departament for Work and Pensions. De entre los 5.129.000 beneficiarios sólo 113.945 son inmigrantes comunitarios. El 92,76% son ciudadanos británicos (4.758.3000).
Atendiendo a los datos de la Office for National Statistics, algo más de tres millones de personas de la Unión Europea vivían en Reino Unido en diciembre de 2014 y, de ellos, 113.945 estaban cobrando algunas de estas ayudas en febrero de 2015, lo que supone que alrededor de un 3,7% de la ciudadanía comunitaria cobra ayudas. De entre los nacionales británicos (59.233.000), aproximadamente un 8% son perceptores (4.758.300).
En términos absolutos, tres de los cinco países que más benefits piden son occidentales: primero Polonia (26.000), seguida de Irlanda (14.070), Portugal (10.750), Eslovaquia (6.600) y Holanda (5.740). Y entre los diez primeros, sólo cuatro se incorporaron a la Unión Europea después de 2004. Además, países como Francia (5.000), España (4.260) o Alemania (4.010) están por encima de Rumania (3.430) o Bulgaria (1.670).
En términos relativos, teniendo en cuenta el total de nacionales de esos países residentes en el Reino Unido, croatas, eslovenos, checos, eslovacos y holandeses son las cinco nacionalidades que más prestaciones sociales están recibiendo, seguidos de portugueses, suecos y franceses.
Llama la atención que a pesar de ser los polacos el mayor contingente de residentes comunitarios (790.000) la proporción que percibe las prestaciones es muy baja: sólo el 3,32%. Algo similar ocurre con los rumanos, el cuarto contingente (170.000), del que sólo reciben prestaciones el 2,02%.
Entre el público joven, redes sociales como Instagram (33%) y Snapchat (19%) han igualado o sobrepasado a Twitter (20%) en volumen de uso.
Nacional
Luchas internas en El Corte Inglés
La empresa, que cuenta con 90.000 empleados y 30.000 proveedores, cerró 2014 con un incremento del 2,6% en su facturación –14.592 millones–, pero el beneficio neto...
Autor >
José Luis Marín / Amanda Andrades
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