La crisis económica que golpeó a España a partir de 2008 no fue muy distinta de la que vivieron muchos otros países europeos. La principal característica diferencial es que en España la burbuja inmobiliaria había adquirido dimensiones colosales y el país se había endeudado fuertemente con el exterior. A lomos del crecimiento y el dinero barato, las grandes empresas se expandieron internacionalmente adquiriendo enormes deudas. Y aunque en menor medida, los hogares también se endeudaron con la compra de vivienda. 

La crisis dejó a España en una posición muy delicada. Al fuerte endeudamiento externo se sumaron las limitaciones impuestas en política económica por nuestra pertenencia a la unión monetaria. De esta manera, el margen de acción del gobierno fue muy estrecho. Esa “impotencia democrática”  hubiera bastado para que la crisis económica mutase en crisis política. 

Hubo ingredientes adicionales que han agudizado enormemente la crisis política. El diagnóstico es bien conocido, así que lo resumiré telegráficamente. La carga del ajuste ha recaído de forma desproporcionada y, por tanto, injusta, sobre los sectores más vulnerables de la población y sobre las generaciones más jóvenes. Como consecuencia de ello, los niveles de desigualdad se han disparado; algunas de sus manifestaciones más terribles han sido la formación de una enorme bolsa de parados de larga duración, la pobreza energética, los desahucios, el aumento del riesgo de exclusión social, la emigración de los jóvenes y un problema serio de pobreza infantil. 

Los poderes públicos han hecho poco para paliar la injusticia generalizada que trajo la crisis. Ha habido dos reformas del sistema de pensiones (que supondrán a medio plazo un recorte del 30% aproximadamente de la cuantía que reciban los jubilados), dos reformas laborales, varias reformas del sistema financiero, así como recortes generalizados en políticas sociales (educación, sanidad, dependencia) y en políticas de crecimiento (como la I+D). No ha habido, empero, una reforma fiscal seria que reequilibre el reparto de las cargas y todavía hoy, a pesar de las necesidades fiscales del Estado, las grandes empresas de este país siguen contribuyendo con cantidades ridículamente pequeñas a los ingresos públicos. Tampoco ha habido políticas de emergencia para aliviar las situaciones sociales más extremas. Y una masa enorme de jóvenes se encuentra con un país que no ofrece oportunidades. Por si todo lo anterior no fuera suficiente, ha salido a la superficie toda la mugre de la corrupción que se había acumulado durante los años de la bonanza. 

La carga del ajuste ha recaído de forma desproporcionada y, por tanto, injusta, sobre los sectores más vulnerables de la población y sobre las generaciones más jóvenes

Esta combinación de elementos no podía sino provocar una crisis de legitimidad del sistema. Los indicadores de confianza en las instituciones políticas se hundieron durante los peores años de la crisis. Incluso el apoyo al capitalismo como forma de organización económica cayó espectacularmente. Aunque el país ha vuelto a crecer desde 2014, los destrozos causados por la crisis tardarán muchos años en superarse. En este sentido, las consecuencias políticas últimas de la crisis están todavía por verse. 

Este es el contexto en el que debe entenderse el cuestionamiento que se ha producido de las élites políticas y económicas del país. Hay buenas razones para sostener que estas élites no han estado a la altura de las circunstancias: o no han reaccionado o lo han hecho demasiado tarde, cuando había un clamor social ante las manifestaciones más dolorosas de la crisis. Que el drama de los desahucios esté aún lejos de resolverse es quizá la manifestación más ofensiva de la incapacidad del sistema político para hacerse cargo de las demandas ciudadanas. Por lo demás, episodios de fuerte carga simbólica como el de las tarjetas black de Cajamadrid y, más en general, el saqueo de las cajas de ahorros, han terminado de hundir el crédito social y político de nuestras élites. 

Por descontado, en la denuncia de las élites ha habido excesos e imprecisiones. Aunque no dispongo de espacio para desarrollar estas ideas como se merecen, me parece, por ejemplo, que es un error atribuir las culpas a la transición democrática o al bipartidismo imperfecto que ha dominado en España: países con transiciones muy distintas a la española están viviendo dificultades parecidas a las nuestras y hay muchos países con bipartidismo que funcionan razonablemente bien. Como a continuación diré, creo que una de las causas de la crisis del sistema es la cerrazón de las élites y su desconexión con respecto a la sociedad.

El cuestionamiento de las élites políticas y económicas ha producido una onda expansiva que ha terminado alcanzando a las élites periodísticas y, en última instancia, también a nuestras élites intelectuales. La prensa tradicional se encuentra en una decadencia preocupante: su pluralismo ideológico se ha reducido considerablemente, cubriendo solamente una parte pequeña del espectro ideológico, el espacio que va desde la extrema derecha hasta el liberalismo moderado; además, dicha prensa ha reaccionado con desdén y suficiencia a muchas de las críticas al sistema; y, lo que es peor, su independencia y credibilidad se encuentran seriamente comprometidas al estar en manos de poderosos intereses económicos.  

El cuestionamiento de las élites políticas y económicas ha producido una onda expansiva que ha terminado alcanzando a las élites periodísticas y, en última instancia, también a nuestras élites intelectuales

Al mismo tiempo, se ha podido constatar que los principales intelectuales españoles, aquellos con mayor presencia mediática e influencia social, casi todos ellos con pasados biográficos de izquierdismo radical y hoy situados en posiciones liberales o conservadoras, han tenido un discurso muy superficial sobre la crisis, cargado de moralismo, pero falto de análisis o capacidad propositiva. Les ha podido escandalizar la corrupción o la mediocridad de la clase política, pero no han tenido mucho que decir sobre la desigualdad o el estrechamiento del margen de acción de la política. Se trata de intelectuales que se han quedado congelados en la querella nacional, que consideran que el origen de nuestros problemas, así como los mayores desafíos del presente, son las tensiones territoriales derivadas de la existencia de nacionalismos periféricos. Han colocado en el centro de sus preocupaciones a los nacionalismos vasco y catalán y, aunque ya no hay ETA ni violencia alguna, siguen encasillados en el papel de resistentes frente a la opresión nacionalista, por más que disfruten de todos los privilegios que conlleva estar en el cogollo del establishment intelectual español. 

Cabe trazar algunos paralelismos entre los establishment intelectual y político en España. Lo que los unifica es la cerrazón a la que antes me referí. Nuestros partidos tradicionales se han caracterizado por ser extremadamente cerrados en su funcionamiento. Por un lado, hay un problema de selección: se recluta solamente a quienes tengan un alto grado de socialización en los tejemanejes orgánicos. Por otro, hay un problema de organización: estos partidos han desarrollado burocracias e inercias muy rígidas que les aíslan de la sociedad, hasta el punto de que han terminado prestando mayor atención a los poderes económicos y mediáticos que a la propia ciudadanía. Así, cuando llega la crisis, no son capaces de hacerse cargo de los problemas que esta genera, lo que acaba creando un vacío que aprovechan los nuevos partidos para desafiar a los tradicionales. Es la cerrazón de los viejos partidos lo que explica que el sistema de partidos existente se quiebre y surjan competidores. 

Cuando llega la crisis, los partidos tradicionales no son capaces de hacerse cargo de los problemas que esta genera, lo que acaba creando un vacío que aprovechan los nuevos partidos para desafiar a los tradicionales

Una cerrazón similar puede observarse en el establishment mediático e intelectual. La renovación generacional se produce solamente en la medida en que los nuevos autores asumen las reglas de juego y respetan los límites del debate. Los intelectuales más consagrados, por su parte, se sienten cómodos formando parte de las escuderías literarias de los medios y participan gustosamente del sistema de complicidades, reconocimientos y privilegios que queda establecido. Se ha configurado así un entramado cerrado que dificulta el intercambio de argumentos y reduce el tipo de razones que se ofrecen en el debate público. 

De la misma manera que la cerrazón de los partidos ha terminado provocando la aparición de nuevos partidos, la cerrazón mediática e intelectual ha dado lugar a una proliferación de medios digitales y de nuevas firmas o de firmas menos conocidas que anteriormente no encontraban hueco. La calidad resultante es muy desigual, como no podía ser menos, y se ha dado rienda suelta a resentimientos largamente larvados y a acusaciones gruesas, pero aun con todo, me atrevería a decir, el saldo es positivo, pues se oyen nuevas voces, se cuestionan lugares comunes y se ofrecen otros puntos de vista.

Necesitamos una política más porosa a las demandas ciudadanas y a la opinión pública, es decir, menos dependiente de los intereses económicos y mediáticos, pero necesitamos también un debate público sobre la política más abierto, menos “mediatizado” y en el que haya una mayor renovación y rotación de voces.