Existen muchas personas, en este país, para las que el 18 de Julio de 1936 es una efeméride que se mantiene como un obelisco que  nos recuerda una etapa de nuestro pasado que ha sido superada, sin haber dejado huella en nuestro presente. Me permito disentir de tan optimista conclusión. Como las ondas, en un estanque agitado, se extienden hasta nuestros días.

Hace ahora ochenta años que una parte del Ejército que había jurado fidelidad al sistema democrático instaurado por la Constitución republicana de 1931, apoyada, en gran parte, por la oligarquía financiera y agraria de nuestro país y alentada por los regímenes nazis y fascistas de Alemania e Italia, se puso al frente de un golpe militar cuyo objetivo, previamente programado y expresamente reconocido por sus protagonistas, no era otro que el de exterminar y erradicar el sistema democrático, que había instaurado la Segunda República. 

La Constitución republicana suponía un avance espectacular en el reconocimiento de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y de los sectores más desprotegidos, como los niños y las personas de edad. Se incorporaba al sistema internacional de derechos humanos y pretendía conseguir que el sistema educativo rompiese con el anquilosado programa, que ignoraba las conquistas de la Ilustración, combatiéndolas con las rancias recetas que proporcionaba un catolicismo que tenía como referente el concilio de Trento y nuestro pasado histórico.

Es cierto que durante el periodo republicano se produjeron incidentes y tensiones que hacían difícil la convivencia pero, en todo caso, permitieron una alternancia en el poder y el gobierno de las derechas por un sistema impecablemente democrático. La aparición de movimientos fascistas como Falange Española, responsable, entre otros, de los asesinatos del magistrado Manuel Pedregal y del teniente Castillo, la permanencia del sentimiento ancestral y tradicionalista de los carlistas y las reticencias de muchos sectores económicos y de la Iglesia generaron tensiones que en muchas ocasiones desembocaron en violentos enfrentamientos e incluso en un intento de revolución inspirada en los movimientos sociales y políticos de nuestro entorno. La República tuvo que compartir su experiencia de gobierno con el advenimiento del nazismo y del fascismo en Alemania e Italia, con la revolución soviética, con los frentes populares de varios países del entorno y con movimientos revolucionarios en gran parte del mundo.

Cualquiera que sea la posición que se adopte sobre los orígenes y el desenlace del levantamiento militar del 18 de Julio de 1936, es irrefutable que su objetivo no era otro que erradicar los valores republicanos y constitucionales, exterminando a la mayoría de los que llegaron al poder legitimados por las urnas. Basta con leer las declaraciones del general Franco a un periodista norteamericano, valorando la posibilidad de tener que eliminar a la mitad de los españoles si era necesario, o conocer la expresiva contestación que el general Mola dio al presidente del Congreso de los Diputados, Diego Martínez Barrios, Gran Oriente de la Masonería española, la noche del 17 de julio, cuando recibió su llamada pidiéndole que se hiciese cargo de la cartera de Gobernación para restablecer el orden manteniendo los principios democráticos. 

Su respuesta fue lapidaria. Más o menos vino a decir que lo sentía pero que rechazaba la propuesta porque el golpe militar se había dado para instaurar una España nueva que liquidase cualquier atisbo de democracia. Su posición era inequívoca e irreductible, no quería un sistema democrático sino una “nueva España” que rescatase los valores eternos de la religión católica tridentina y del nuevo hombre auténticamente hispano, temeroso de Dios y sumiso ante los poderosos.  

 Así como Francia, en un momento de convulsión, tuvo a  un general De Gaulle dispuesto a recuperar el orden republicano, sin alterar sustancialmente sus bases, principios y libertades inmutables como la igualdad y fraternidad, los militares españoles encarnados fundamentalmente en los generales Mola y Franco sólo tenía en su mente el propósito de exterminar los presupuestos básicos de la democracia, sustituyéndolos por un fascismo totalitario, autoritario y sanguinario.  

A partir de ese momento se puso en marcha una  maquinaria de exterminio de todas las personas, cualquiera que fuese su ideología, que permanecieron fieles a la República y defendían sus postulados. El exterminio fue brutal y planificado desde el comienzo del golpe militar, prolongándose durante varios años y  una vez terminada la Guerra Civil, se perpetuó en un régimen autoritario, ultracatólico, que odiaba como disolventes de la España eterna las ideas y los principios democráticos.

Como les advirtió Unamuno, quizá vencerían pero nunca convencerían. Vencieron  y declararon cautivos a los fieles a la República. Dispusieron, sostenidos por los intereses militares de los norteamericanos y la indiferencia de las democracias vecinas, de la posibilidad de exterminar a los vencidos, atemorizar a los que albergaban sentimientos democráticos, reprimir cualquier atisbo de disidencia con la cobertura del Tribunal de Orden Público y finalizar su etapa con cinco condenas a muerte en Consejos de Guerra sumarísimos.  Una propaganda monótona y machacona dejó marcada para siempre a gran parte de la sociedad española.

Los restos persistentes del pasado no han permitido configurar una derecha asimilable a la de los países líderes en Europa, como Alemania y Francia. El reconocimiento de la labor salvadora del golpe militar que supo vencer a las hordas marxistas está profundamente arraigado en gran parte de nuestra derecha política que se resiste a reconocer los crímenes cometidos y a favorecer la reparación y reconocimiento de los que murieron, cualquiera que fuese su ideología, por los ideales republicanos. 

Es justo reconocer que esta tendencia no es exclusiva de España, sin ir más lejos, en Francia, nuestro país vecino, en estos momentos duramente castigado por el terrorismo, existe un número importante de franceses que añoran y veneran al general Pétain. Ahora bien, con una lógica coherencia política, todas estas personas se han agrupado en torno a un partido de extrema derecha liderado por Le Pen. En nuestro país los panegiristas de la ideología franquista no sólo son partidarios de mantener sus símbolos y la iconografía, sino que se oponen de forma despiadada y antidemocrática al reconocimiento de las víctimas y al restablecimiento de la verdad y la justicia. Es suficiente con que demuestren un mínimo de sensibilidad para que se recuperen los cadáveres de sus conciudadanos que yacen en las cunetas y en los campos, asesinados por la ideología fascista.

Que la sombra del 18 de Julio es alargada lo hemos podido comprobar en las recientes elecciones del 26J. Algunos dirigentes políticos, enarbolando los esquemas simplistas del comunismo, el laicismo, las dictaduras más o menos bolivarianas y otras impurezas argumentales, han hecho mella en el electorado. El Partido Popular, donde cohabitan los partidarios de Le Pen y los devotos del general Franco, con personas que, sin participar  de este entusiasmo, identifican a la izquierda con el "desorden republicano", es incapaz de enfrentarse, de manera sensata y democrática a la realidad. 

Lo urgente y lo que demandan los ciudadanos pasa por afrontar los problemas reales y graves que tiene planteada la sociedad española con un veinte por ciento de paro y con millones de personas en el umbral de la pobreza. Mientras se perpetúan políticas educativas que nos han retrasado con respecto a nuestros vecinos europeos. Los logros en sanidad, educación y dependencia se han derrumbado ante un realismo descarnado que prefiere mantener políticas de austeridad y desigualdad, frente a la solidaridad como una forma de fraternidad según la perenne declaración de los revolucionarios franceses.

 No sé si llegaremos a unas terceras elecciones, lo que, en contra de algunas opiniones, no me parece ninguna tragedia ni ningún ridículo. Me preocupa mucho más que haya personas jóvenes, como la que he escuchado recientemente en televisión, contestando de manera abrupta al entrevistador. Sostenía que era un derroche gastar cuarenta millones de euros en papeletas. Creo que debe meditar sobre sus palabras. Las papeletas sólo pueden ser sustituidas por las armas. Desgraciadamente no resulta una opinión aislada sino un sentimiento extensamente arraigado en muchos sectores de la sociedad española. Estas y otras semejantes son las sombras alargadas del 18 de Julio.