Ochenta años después del golpe de Estado del 18 de julio y del inicio de la guerra en España es mucho lo que sabemos sobre aquellos hechos históricos con una base documental sólida. Pero quedan también zonas oscuras, aspectos por concretar e interpretaciones discutibles cuyo esclarecimiento depende decisivamente del acceso de los investigadores a la documentación histórica, o al menos a la que ha sobrevivido a las destrucciones de la guerra y de cuarenta años de dictadura. Contra lo que pudiera pensar el lector, el paso del tiempo no siempre supone un mejor acceso a esta documentación. Al menos, no en España, donde hoy resulta más difícil investigar algunos aspectos de la guerra y el franquismo que hace veinte o treinta años: fondos antes abiertos están ahora sellados a cal y canto, y los poderes públicos parecen empeñados en mantener a sus ciudadanos, en relación con la libre investigación del pasado, en una minoría de edad perpetua. 

Los orígenes de una anomalía a nivel mundial

Hace tres años, en el verano de 2013, más de 300 investigadores de 17 países exigieron al Gobierno español el fin de las restricciones de acceso a la documentación histórica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Unos valiosísimos fondos diplomáticos abiertos a la investigación por los primeros gobiernos de la democracia, pero que desde octubre de 2010 no están accesibles con carácter general por decisión del Gobierno del PSOE del momento, que los clasificó  como “secretos” o “reservados”. Se trata de documentación de más de treinta años de antigüedad –y en algunos casos de más de sesenta y setenta-- cuyo valor es puramente histórico. Ningún portavoz de los gobiernos socialistas de entonces, ni de los del PP, ha considerado necesario dar a los ciudadanos (¿para qué?) ningún tipo de explicación de esta medida, que constituye un auténtico secuestro del patrimonio histórico de todos los españoles por un poder ejecutivo que parece no rendir cuentas a nadie. Nuestros gobernantes, que se proclaman campeones de la transparencia, muestran con sus hechos que para ellos el secreto es el alma del gobierno, como repetía el absolutista cardenal Richelieu.

La misma exigencia de acceso a la información, promovida por la red académica H-Spain, se dirigía a la desclasificación de 10.000 documentos del Ministerio de Defensa de los años 1936 a 1968 que la ministra Carme Chacón preparó para permitir su consulta, pero cuya apertura paralizó su sucesor, Pedro Morenés, nada más asumir la cartera ministerial. Obligado a dar explicaciones en el Senado en julio de 2015, el ministro se escudó en lo caro y complejo del proceso necesario de tratamiento documental (!) antes de admitir abiertamente que la desclasificación de documentación histórica no es una prioridad gubernamental. 

De modo que, mientras esos documentos militares permanecen inaccesibles, los fondos diplomáticos del periodo 1931-1981 se han trasladado al Archivo General de la Administración, donde desde hace tres años no están abiertos a la consulta con carácter general. Ello impide cualquier avance sustancial en la investigación de los aspectos internacionales de la Guerra de España, el franquismo y la Transición basada en documentación diplomática nacional. Todo ello por no incidir en la problemática añadida, de índole muy diferente pero que también entorpece o anula en muchos casos la posibilidad de la indagación del pasado, relativa a la aplicación irracional de las leyes de protección de datos a los documentos de carácter histórico. Esta legislación, que debería velar estrictamente por el derecho al honor, la intimidad y la imagen de las personas, acaba sirviendo en muchas ocasiones para igualar a víctimas y verdugos –pensemos en la investigación de la represión franquista de posguerra-- y para encubrir hechos cuyo esclarecimiento, aparte de imprescindible para la construcción de un relato fiel e imparcial sobre el pasado, es insoslayable para el establecimiento de una convivencia democrática.

‘Spain is different (again)’

Los países democráticos con los que a nuestros gobernantes les gusta comparar España abren, conforme van pasando los años, nuevos fondos a la investigación histórica. Tan sólo en lo que va de año, Francia ha anunciado la apertura de los archivos del régimen colaboracionista de Vichy; Italia ha desclasificado documentos inéditos sobre los crímenes de guerra nazis; Obama ha reformado la Ley de libertad de información (FOIA, por sus siglas en inglés), coincidiendo con su 50º aniversario, de cara a hacer más accesible la documentación clasificada; y el papa Francisco ha decretado la desclasificación de archivos sobre la dictadura de Videla en Argentina. Es cierto que los gobiernos suelen ser remisos a abrir ciertos fondos, como ocurre con los del MI6 británico en relación con el golpe de Estado de 1936 en España: a varios historiadores se nos ha negado el acceso a legajos que constan en los índices documentales, solicitados ex profeso al haber transcurrido los 75 años estipulados para la desclasificación de esta información sensible. Qué esconden sigue siendo un misterio. ¿Datos incómodos acerca de la implicación británica en la sublevación? Con todo, se trata de una excepción en el funcionamiento de los, por otra parte, excelentes archivos británicos que, en un ejemplo de aperturismo, están acortando de 30 a 20 años el plazo general de acceso a la documentación.

Una interrupción de este proceso regulado y previsible de desclasificación es rara, pero una marcha atrás por la que documentos antes accesibles vuelven a estar clasificados es absolutamente excepcional y solo se da, de hecho, en situaciones de involución democrática. Tal vez el paralelismo más obvio tenga lugar con la Rusia de Yeltsin, y después de Putin, donde, tras abrirse los archivos de la recién desintegrada URSS durante un breve periodo de tiempo en los años noventa, se volvió al cierre generalizado. Con consecuencias importantes para el estudio de la Guerra de España, por cierto: los importantes fondos del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos (NKVD, precursor del KGB), de gran interés para muchos países por sus implicaciones internacionales durante los veinte años de su actividad (1934-1954), permanecen cerrados por completo y parece poco probable que tal situación cambie a corto o medio plazo. Pero incluso el Gobierno ruso ha anunciado este mismo mes la próxima apertura de nuevos fondos de la época de Stalin, que precisamente incluyen documentación relativa a la Guerra de España.

La situación excepcional que se vive en España no podía dejar de llamar la atención internacional en un mundo globalizado; y de hacerlo en un sentido muy negativo, totalmente alejado de los eslóganes y campañas de imagen promovidos en torno a la Marca España. Muchas investigaciones históricas en marcha llevan años detenidas sine die, muchos investigadores extranjeros no pueden completar sus pesquisas con documentación española, y muchos españoles no tienen otra fuente para reconstruir el pasado de España que acudir prioritariamente a los archivos extranjeros, como ocurría durante el franquismo: un recurso que permite salvar proyectos, publicaciones y plazos de entrega, pero que sesga la visión del pasado y redunda en una colonización cultural de la Historia de España más propia de épocas privadas de libertades. 

No está de más recordar que la vergonzosa situación creada y mantenida por las autoridades va en contra de los compromisos asumidos por nuestro gobierno en la UE relativos al derecho a la información y al acceso a la documentación histórica. España también ha sido señalada con el dedo por el relator especial de la ONU para el fomento de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff. Éste alabó en su informe de 2014 la labor del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, pero denunció al mismo tiempo que en la práctica no está garantizado el acceso libre a numerosos archivos de la guerra y la represión de posguerra. De Greiff señaló que muchos fondos permanecen clasificados invocando todavía “riesgos para la seguridad nacional” o con criterios poco claros, y lamentó que la Ley de Transparencia no haya constituido un avance para desenmarañar el confuso entramado jurídico que ampara este tipo de situaciones.

También el Network of Concerned Historians, una red internacional coordinada por la Universidad de Groningen que monitoriza el respeto a los derechos humanos y la libertad de investigación de los historiadores a escala global, ha incluido en su informe anual de 2016 (que documenta casos en 107 países) una mención a España (no es la primera ni seguramente será, por desgracia, la última) por las obstrucciones al acceso a documentos militares de la Guerra Civil y el franquismo. Como recuerda esta red, libertad de investigación histórica y derechos humanos van necesariamente de la mano. 

El acceso a la documentación histórica es, añadimos nosotros, una condición sine qua non de cualquier democracia. Por eso consideramos que la cuestión del acceso a los archivos no debe interesar solamente al reducido gremio de los historiadores, sino que es la sociedad en su conjunto la que debe ser consciente de que en torno a esta problemática se dirime algo tan crucial como el derecho de los ciudadanos a generar y discutir una visión crítica del pasado común. Iniciativas como el Portal de Archivos Españoles (PARES) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte van en la buena dirección, pero queda mucho por hacer. Es necesario un cambio de política, además de dotar a los documentalistas y los profesionales de los archivos de los medios materiales y humanos imprescindibles para que puedan desempeñar eficazmente el servicio a la ciudadanía que tienen encomendado.

El pasado del futuro

Para finalizar, no cabe sino preguntarse, en primer lugar, a qué le temen los gobernantes españoles; en segundo lugar, qué tipo de compleja relación con el pasado mantienen como para ir en dirección contraria al resto del mundo; y, por último, con qué legitimidad puede un gobierno --democráticamente elegido-- retirar a sus gobernados --que precisamente le han llevado al poder-- un derecho previamente otorgado, sin necesidad de consultar a nadie ni argumentar su decisión. Máxime cuando el derecho en cuestión es reconocido en la totalidad de los países de su entorno.

Sin documentación histórica no se puede aspirar a reconstruir el pasado de forma mínimamente fehaciente. Y, sin conocer su pasado, ¿qué futuro le puede aguardar a un país?

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David Jorge es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Carlos Sanz Díaz es profesor de la Universidad Complutense de Madrid.