Que un gabinete tenga limitadas sus funciones ejecutivas no es exactamente un desgobierno, aunque episodios como la ausencia de reacción ante las conversaciones del ministro Jorge Fernández Díaz con el jefe de la Oficina Antifraude catalana, el silencio oficial tras la dimisión de José Manuel Soria por los papeles de Panamá o el endose de Sanidad a Fátima Báñez tras el cambio de destino de Alfonso Alonso por la estrategia electoral del PP evoquen la definición que de esa palabra hace la Real Academia: “desorden, desconcierto”. Además de “falta de gobierno”, claro.

Un puñado de indicadores económicos y sociales señalan que desde que el Gobierno español entró en funciones hace nueve meses y medio, con la convocatoria de las elecciones del 20-D y del 26-J, en la calle, en el país real, la cosa va tirando. En algunos casos; aunque la percepción de los ciudadanos no coincida con la evolución de los datos, a mejor. Eso pone en entredicho el mantra marianista que sostiene que, para funcionar, el país necesita un gobierno con urgencia, y además presidido por Rajoy. Y supone, al mismo tiempo, un indicio más del creciente distanciamiento entre la política y la calle.

La cifra de negocio de las empresas crece, según revela el INE (Instituto Nacional de Estadística), con una media anual --aunque fluctuante-- del 2,3% en junio, suavizada por la caída de los números del suministro de energía y agua y la gestión de residuos --pierde casi 15 puntos-- pero animada por las mejoras en el comercio y los servicios no financieros. Se trata del segundo mejor dato de los dos últimos años, solo por debajo del 2,3% de agosto de 2014, de una serie de actividades que suman el 50% del PIB --un 66% sin las administraciones y los impuestos netos de los productos--. Paralelamente, las entradas de pedidos mantienen tendencias alcistas en la mayoría de los sectores industriales y ocurre lo mismo con la actividad y las cifras de negocio del sector servicios.

En lo que se refiere a los indicadores con efectos en las economías familiares, la inflación se modera, en especial por la menor presión alcista de la electricidad y de los carburantes, lo que supone un ligero alivio; los salarios subieron, aunque moderadamente, y con la excepción de la construcción, al cierre del ejercicio anterior, cuando ya acumulaban cuatro años de aumentos en la industria --de 25.836 euros brutos a 27.120–. Mientras, en los servicios volvían a superar los 22.000 euros después de tres años de descensos. Por último, crecen las cifras de ocupación.

Mejoras que no se perciben e iniciativas personales

Esto último, no obstante, no significa necesariamente que esté mejorando el empleo. Hay otras lecturas, que apuntan a que la precariedad sigue intensificándose.

De los 252.300 puestos de trabajo creados desde que el Gobierno tiene limitadas sus competencias, 238.900 corresponden a asalariados y solo 13.400 a no asalariados; es decir, a autónomos, cooperativistas y gente que trabaja en negocios familiares, principalmente. Su desglose revela que el precariado sigue al alza. Los contratos temporales aumentaron casi el triple que los indefinidos, un 5,45% por un 2% --202.200 por 223.300-- si se toma como referencia la serie anual, que evita la distorsión de excluir el verano. Con una reducción, por otro lado, de 32.300 jornadas parciales entre los fijos que no enjuaga, ni de lejos, el aumento de 48.000 eventuales registrado. Casi cuatro millones de españoles tienen un contrato temporal y algo más de dos y medio, uno de jornada parcial. Esos 6,43 millones de personas suponen el 42,3% de los asalariados españoles.

La cifra de no asalariados, por el contrario, apenas ha variado en los nueve meses de Gobierno en funciones. Pasó de los 3.104.300 de final de septiembre del año pasado a los 3.113.200 del 30 de junio, un aumento de 8.900, cerca de un millar mensual. Sin embargo, sí ha habido modificaciones llamativas en la estructura de este grupo: las jornadas completas aumentaron en 51.900 y las parciales descendieron en 38.600.

Es decir, que los grandes indicadores económicos mejoran --con notorias excepciones como la deuda pública--, pero, al contrario de lo que cabría esperar, sin que los ciudadanos acaben de sentir esa evolución en su día a día. De hecho, la percepción general es que, en este campo, la cosa va a peor.

Los estudios del CIS (Centro de Investigaciones Sociólogicas) señalan que entre octubre del año pasado y julio de este se han reducido en 4,5 puntos los españoles que consideran que la situación económica mejora y han aumentado en 5,4 los que la ven peor.

En esa tesitura, y en un país en el que más de la mitad de los parados considera poco o nada probable que vaya a encontrar un empleo en los próximos doce meses, un número cada vez mayor de estos opta por buscarse la vida. En España a partir de cierta edad, y fuera de ella en el caso de los más jóvenes.

¿Falta gobierno o sobra propaganda?

Eso ocurre de manera simultánea a una reducción de la confianza de los ciudadanos en quienes se ofrecen para buscar soluciones. En esos nueve meses, el porcentaje de españoles que considera la situación política del país buena, muy buena o regular ha pasado del 26,6% al 20,7%, mientras que quienes la ven mala o muy mala han crecido del 70,4% al 77,1%. Cada vez son más los que la ven peor de lo que estaba –40%, con un aumento de diez puntos en nueve meses–, mientras que casi dos tercios de la población no espera mejoras a medio plazo.

En esa situación, y por mucho que los discursos oficiales y determinados emisores de propaganda se empeñen en sostener lo contrario, la falta de gobierno –de uno con todas las competencias, se entiende– solo preocupa a uno de cada 16 ciudadanos. Entre ellos se encuentran los responsables de las organizaciones empresariales, así como ejecutivos y asesores de grandes empresas, muchos de ellos cercanos a los dos grandes partidos como el expresidente Felipe González.

En un país en el que autónomos y pymes mantienen el grueso del sistema económico, el paro y los problemas de índole económica siguen siendo las principales preocupaciones de los españoles, aunque menos que cuando había un gobierno plenipotenciario: la primera pierde tres puntos –del 79,1% al 75,6%– y la segunda casi dos, al pasar de 24,7% al 22,8%. De hecho, la machacona falta de gobierno se sitúa en la octava posición, con un 6,4%, mientras ganan peso otros quebraderos de cabeza como los relacionados con la calidad del empleo –solo medio punto por debajo–, la situación de la sanidad –le duplica–, la educación –casi cuatro puntos más–, o los asuntos de índole social, pese a su menguante peso: 2,8 puntos en lo que va de año para situarse por debajo del 9%. También llama la atención cómo aumenta la preocupación por las pensiones, que alcanzan un 4,2% que marca el máximo de la serie desde el estallido de la crisis y que hacía un lustro que no se registraba. Quizá esa cota tenga algo que ver con la última extracción, de casi 7.000 millones, de la menguante hucha de las pensiones que llevó a cabo el ejecutivo de Rajoy.

Una vacante que solo preocupa a uno de cada 16

Ese 6,4% de los encuestados que señalaba en julio la falta de gobierno como uno de sus principales quebraderos de cabeza estaba por encima del 4,8% de junio y el 5,2% de mayo, lo que indicaría que el grado de autotormento por este motivo estaría creciendo si no fuera porque, en realidad, está fluctuando: está por debajo del 7,1% de abril, cuando este registro alcanzó su máximo tras quedarse corto de votos Pedro Sánchez y antes de que llegara formalmente la segunda convocatoria electoral.

La opinión pública española va tomando sus propios derroteros, en lo que parece otro síntoma del progresivo distanciamiento entre la calle y los palacios, entre los ciudadanos y las instituciones. Los barómetros del CIS indican cómo, incluso, el porcentaje de ciudadanos que percibe como un problema a “los políticos en general, los partidos políticos y la política” desciende para situarse en unos niveles del 20% que llevaban casi cuatro años sin registrarse, al tiempo que cae ligeramente –aunque sigue por encima del 40% y en el segundo puesto– la preocupación por la corrupción.

Mientras la desafección cede terreno al desinterés, está por ver el efecto que los próximos intentos de investir a un presidente y la eventual convocatoria navideña pueden tener en un electorado que lleva tres elecciones generales situando a la abstención como primera opción y que está cambiando sus focos de atención al mismo tiempo que, poco a poco, se va distanciando de quienes aspiran al poder. Sin que ellos se percaten, por lo que parece.