Más de la mitad de las empresas activas en España no tiene, formalmente, ningún trabajador contratado. Así lo certifica el Dirce (Directorio Central de Empresas) que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística: 1.791.909 de las 3.236.582 sociedades activas –el 55,3%– aparecen consignadas en el epígrafe “sin asalariados”.

Ese elevado número de sociedades sin empleados, en un país latino que tiene sumergida una cuarta parte de su economía –más de 250.000 millones de euros según los técnicos de Hacienda–, en el que las sanciones por fraude tributario (16.600 millones este año) equivalen a un 1,5% del PIB y cuyas grandes empresas operan sin complejos en paraísos fiscales puede inducir, de entrada, a observar la cifra en clave defraudatoria. Sin embargo, ese dato, junto con la existencia de otras 899.802 sociedades –el 28,2% de las activas– que cuentan con uno o dos empleados y la evolución de esas y otras magnitudes en los últimos años, dan una idea de la estructura empresarial real del país y de las tendencias de su mercado laboral.

El Dirce ratifica algo tan evidente en la calle como alejado del campo de visión de la mayoría de los responsables de las administraciones: el grueso del empleo lo generan y mantienen en España, a menudo a duras penas los autónomos, la microempresa y los pequeños negocios; es decir, el millón y medio de autoempleos, las 1.305.270 sociedades de menos de diez trabajadores y las 115.917 con plantillas de entre 10 y 50. Las medianas, que emplean a entre 50 y 250, no llegan a 20.000, mientras las grandes suponen poco más de 2.000, de las que solo 1.734 superan el medio millar de asalariados.

El hecho de que los principales vectores de creación de empresas sean el trabajo autónomo y las microsociedades constituye un serio indicio de ese secreto a voces sobre los sigilosos procesos de cambio del modelo productivo y de la estructura del mercado laboral en España.

El autoempleo ya genera más empleo que la jornada parcial

Los datos de la última EPA (Encuesta de Población Activa) del INE, referente al segundo trimestre de este año, apuntan en esa dirección: el autoempleo, pese a las dificultades que encuentra para salir adelante, ya está desplazando a algunos sectores del precariado como generador de puestos de trabajo.

Entre marzo de 2014, cuando la cifra de ocupados quedó reducida a 16,95 millones de personas, y junio de 2016, cuando alcanzó los 18,3, se crearon en España 1,35 millones de empleos: 1,18 por cuenta ajena, 74.500 públicos y 92.100 por cuenta propia.

El desglose de esos datos revela que apenas la mitad de los primeros –589.000– son fijos de jornada completa, el trabajo de todo el día para toda la vida que tienen menos de diez millones de españoles, mientras que los no asalariados a tiempo completo –autónomos, cooperativistas y empleadores– aumentaron en 145.000 en ese mismo periodo para alcanzar los 2,84 millones.

El precariado, integrado por los 2,77 millones de temporales por cuenta ajena y los 2,52 asalariados a tiempo parcial –se les pueden añadir los 900.900 subempleados con contrato indefinido–, sigue siendo la segunda fuerza laboral del país por detrás de los fijos, con un aumento de medio millón de trabajadores en el primer bloque y otro de 108.000 en el segundo que resulta revelador: crece menos que los no asalariados y llega a incluir un descenso de 15.400 en los parciales indefinidos.

Las sociedades sin plantilla rozan el máximo histórico

Según los datos del Dirce, las empresas sin plantilla vuelven a rozar su máximo histórico, tras sumar casi 120.000 en solo dos años: 270 de media por jornada hábil en el Registro Mercantil, con lo que se acercan al récord de 1.795.321 que alcanzaron en 2011, en plena crisis y tras una década de aumento sostenido.

Casi dos terceras partes de las sociedades que carecen de trabajadores contratados –1.15 millones– corresponden a personas físicas y otra cuarta parte –435.167– son S.L; es decir, las fórmulas que habitualmente utilizan los autónomos (este último epígrafe, el de las sociedades de responsabilidad limitada están en un máximo histórico con 1.162.813 y multiplican por trece a las S.A), incluye las filiales instrumentales de los grupos empresariales y las patrimoniales con las que las fortunas administran sus patrimonios.

No obstante, en el capítulo de las sociedades sin plantilla también destaca la elevada presencia de otros tres formatos de carácter instrumental: las casi 75.000 comunidades de bienes, que suponen dos tercios del total estatal –el grueso del resto serían agrupaciones de propietarios de viviendas y tierras– de un formato cuyo uso se duplicó conforme se hinchaba la burbuja inmobiliaria; las cerca de 90.000 asociaciones, que suelen optar por el modelo societario por motivos tributarios, y, en lo que resulta una llamativa tendencia, el millar de empresas sin trabajadores constituidas como “organismos autónomos y otros” entes públicos.

La administración bate su marca de organismos y empresas

Más de la décima parte de las 8.826 sociedades creadas por el sector público –986, segunda marca del siglo tras las 1.049 de 2009– carecen de plantilla, mientras que más de la mitad –otras 4.575– emplean a menos de diez personas. El microempresariado de carácter público vuelve a acercarse a unos máximos históricos que sí alcanzan en su conjunto –¿en otro alarde de transparencia?– los brazos privados de las administraciones: superan los 8.794 con que las instituciones culminaron el arreón iniciado en 2003, cuando los organismos y las empresas públicas pasaron de 5.559 a 7.973 y lo público acentuó, por la vía del Código Mercantil, el proceso de privatización, y de alejamiento del control parlamentario, que había iniciado a mediados de los años 80.

Paralelamente, las sociedades privadas y particulares con uno o dos empleados rozaron el millón en 2008, cuando sumaban 958.711, y repuntaron entre 2011 y 2013, cuando la destrucción de empleo y la promoción gubernamental del trabajo autónomo, que en parte supuso un recorte del subsidio de paro camuflado bajo la vía del 'tú puedes', señalaron el autoempleo como la única vía de reinserción laboral para miles de trabajadores. No obstante, su volumen encadena tres años de ligero descenso en los que ha caído de 985.574 a 922.646.

El peso de las personas físicas en este segundo bloque de empresas es similar al de las que carecen de plantilla, con 414.786 entidades que responden a la figura del autónomo con trabajadores a cargo, a las que se suman otras 381.721 sociedades de responsabilidad limitada y 28.820 comunidades de bienes.

Las consecuencias de la insolvencia

Las cooperativas, por otro lado, centran su peso en el microempresariado: 6.366 de las 20.571 existentes en España carecen de trabajadores contratados y las plantillas de otras 11.249 no alcanzan la decena. Otras 2.228 se sitúan en el tramo de las pequeñas empresas, con entre once y cincuenta asalariados, mientras solo las 728 restantes superan esa cifra, aunque buena parte de los contratos laborales que formalizan, especialmente en el sector agrario, son de temporada.

La situación era cuantitativamente distinta antes de la crisis. En 2008, los registros respectivos eran de 1.465.019 microempresas –958.711 de ellas de uno o dos trabajadores–, 172.078 pequeñas, más de 25.000 medianas y algo más de 2.000 grandes –1.954 con más de 500 empleados–. Sin embargo, la tasa de bajas durante la crisis fue inversamente proporcional al tamaño de las sociedades: cuanto menor era este, mayor se revelaba aquella.

Ese proceso fue especialmente notorio con las cooperativas, de las que se quedaron 4.000 en el camino –casi la sexta parte– al pasar de las 24.516 de 2008 a las actuales 20.571, aunque la caída había comenzado tres años antes, tras el máximo histórico de 25.801 en 2005.

Las estadísticas del INE revelan que el autoempleo, las microempresas y los pequeños negocios siguen siendo los principales afectados por la insolvencia que comenzó a generalizarse con el crash bancario de 2008: más de la mitad –el 52,54%– de las 1.081 sociedades declaradas en concurso de acreedores en España entre el 1 de abril y el 30 de junio empleaban a menos de diez trabajadores, otra sexta parte –191, el 17,6%– carecía de plantilla y una cifra similar –174– entraba en el tramo de pequeña y mediana empresa. Con 115 sociedades sin clasificar en términos de empleo, únicamente 33 de las concursadas podrían ser catalogadas como medianas o grandes.

La situación, generada entre otras causas por la estrangulación del crédito por unas entidades financieras empeñadas en cargar sobre sus clientes la zozobra de su negocio, persiste siete años y tres rescates bancarios después. Periodo en el que, de las casi 42.000 empresas que acabaron desapareciendo por insolvencia, 5.784 admitían el prefijo auto, otras 25.216 concordaban con el afijo micro y 11.721 más no llegaban a medianas.