Los partidos políticos españoles tienen un problema de raíz, de arraigo, que se suma a su endémica carencia de autonomía financiera. Andan escasos de apoyo social, según indican los datos de la Agencia Tributaria, que revelan que apenas uno de cada 250 ciudadanos con derecho a voto milita en un partido político. De hecho, en el país hay más cargos electos y públicos que militantes: un 28% más, casi 30.000 de diferencia. Militan cuatro personas por cada cinco que gobiernan o se oponen a quien ocupa el poder.

En un país con más de 70.000 cargos electos y casi 52.000 de libre designación, y en el que más de 34 millones de personas tenían  derecho a votar en las últimas elecciones generales, menos de 100.000 personas declaran que paguen cuotas de militancia a partidos políticos o les hagan donativos por simpatía. Los datos de la Agencia Tributaria sobre el IRPF de 2014 -- los últimos disponibles-- recogen la existencia de 95.186 militantes de las distintas formaciones.

Esos 95.186 activistas confesos generaron en 2014 para los partidos unos ingresos de 14,58 millones de euros libres de impuestos que, a su vez, los primeros se deducían íntegramente de su base impositiva general. La reducción del IRPF por cuotas y donaciones a formaciones políticas comenzó a aplicarse en 2008, tras la entrada en vigor de la Ley de Financiación de Partidos.

Comenzaron declarándolas 70.840 militantes que sumaban aportaciones por valor de 10,1 millones, aunque el récord de movilización confesada llegaría en 2010, cuando Hacienda contabilizó 102.793 declarantes, mientras el de aportaciones  lo hacía al año siguiente, con 15,95 millones pese a la baja de 3.000 personas.

El escaso peso financiero de los militantes

Esas aportaciones declaradas de en torno a 15 millones de euros anuales por parte de la militancia suponen un porcentaje mínimo de los recursos que necesita un partido para funcionar. Y de los fondos que consumen en la práctica.

El último informe de fiscalización de las formaciones políticas realizado por el Tribunal de Cuentas, que se refiere al ejercicio de 2013, señala que estas subsisten, básicamente, gracias a las subvenciones de las administraciones: “La financiación pública percibida por los partidos políticos en el ejercicio 2013 ha supuesto un total de 216,7 millones de euros”, cifra a la que se añaden 42,8 millones de “cuotas y aportaciones de afiliados, adheridos y simpatizantes”, otros 5,9 de “donaciones privadas no finalistas” –de ellas, 5,8 “corresponden a donaciones de personas físicas”-- y 4,5 más recibidos a través de sus fundaciones.

Estos datos ponen de manifiesto, entre otras, dos realidades. Por una parte, el Estado cubre tres cuartas partes del presupuesto oficial de los partidos. Y, por otra, casi el 80% del dinero que reciben de particulares les llega sin que Hacienda se entere, a pesar de que su entrega conlleva beneficios fiscales. Resulta, cuando menos, curioso.

Esas cifras de ingresos no impiden que mantengan una deuda de 205,7 millones con la banca --127 de ellos con garantía hipotecaria-- ni tampoco “la existencia de seis formaciones políticas que a cierre del ejercicio 2013 presentaban un neto patrimonial negativo, entre las que destacan por su elevada cuantía Unió Democrática de Catalunya, Izquierda Unida y Convergència i Unió”.

Los datos de militancia y de actividad económica revelan una anomalía en un país donde declarar cuotas y donativos rebaja los impuestos y en el que existen casi 125.000 cargos públicos, según la estimación de Juan Rodríguez, editor de Agenda Pública. El cálculo de Rodríguez incluye todos los cargos electos más los de libre designación; es decir, desde ministros y consejeros hasta asesores y directores generales de cualquier escalón de la Administración, pasando por los mandos de organismos públicos pero sin contar los de comarcas y áreas metropolitanas. Otras estimaciones elevan la cifra a 400.000 al incluir a los ejecutivos y cuadros de mando de las 5.000 empresas públicas y los cientos de fundaciones que dependen de las instituciones.

Aumenta la movilización entre los mileuristas e inframileuristas

Los datos tributarios sobre militancia ofrecieron oscilaciones reveladoras en el trienio posterior a 2011, el año en el que la gente salió a las plazas y el PP obtuvo, en lo que tiene aspecto de ser la última ronda electoral hegemónica del ciclo iniciado en la Transición, sus mayores cotas de poder en España.

La cifra de declarantes bajó a 94.974 y la de aportaciones a 14,47 millones de euros en 2012, volvió a descender a 90.045 y 13,85 en 2013 y, tras un desplome de más del 12% en ambos datos en solo tres años, repuntó para subir a 95.186 y 14,58 millones en 2014, coincidiendo con el despegue de Podemos y Ciudadanos, con las vísperas de la caída de PP y PSOE tras cuatro décadas de alternancia en el poder y, también, con cataclismos de ámbito local como las convulsiones de Convergència i Unió y el retroceso del PNV.

La militancia partidista sigue siendo más frecuente en las clases medias, y más todavía entre las rentas altas, aunque la movilización tiende a la baja en ambos sectores mientras crece entre el grupo de los mileuristas y los inframileuristas. Eso parece un cambio de tendencia. Y más si se tiene en cuenta el distinto efecto que tiene en unas economías y en otras el pago de una cuota media de 153 euros –aunque la aportación promedio de quienes ingresan menos de 500 euros mensuales no alcanza los cien anuales--.

Los 12.327 contribuyentes que declaran ingresos inferiores a 12.000 euros brutos anuales ya suponen un 12,95% del total y avanzan un punto y medio tras sumar casi un millar de activistas en tres años. Más de 3.200 contribuyentes que obtienen rentas de 12.000 a 30.000 euros al año –de 80.754 a 77.500-- han desaparecido de los partidos, aunque su peso porcentual crece medio punto –del 80,95% al 81,42%-- por el desplome de la movilización en las capas más pudientes de la sociedad: 2.097 de los 7.456 españoles con rentas superiores a los 60.000 euros que militaban en partidos políticos han dejado de hacerlo, lo que supone un descenso de casi dos puntos, del 7,49% al 5,64%.

Desafección, transparencia y extremismo

Ese cambio de tendencia se produce en una época en la que el 80% de los ciudadanos considera que la situación política del país es mala o muy mala, según indica el último barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), que también recoge que para algo más del 90% ha empeorado (47,1%) o no ha mejorado (43,7%) en el último año y que la mitad de los encuestados no ven visos de que vaya a hacerlo a corto plazo.

¿Se trata de una desafección pasajera o de un rechazo al sistema que pueda convertirse en estructural a la vista de cómo evoluciona el abstencionismo en las urnas? Resulta complejo discernirlo a partir de los datos demoscópicos, aunque en ellos llama la atención que la segunda preocupación social de los españoles sea una tan vinculada a la gestión de las administraciones y el funcionamiento de los partidos políticos como la corrupción y el fraude (44,9%), solo superada por el paro (76,4%), mientras ocupa el cuarto lugar de la tabla “los/as políticos/as en general, los partidos y la política”, que, con un 21,1%, le disputa la tercera posición a los asuntos de índole económica (25,1%) y suma, con las corruptelas, un revelador 66%.

Esas percepciones, reforzadas por otras como la falta de transparencia de las formaciones políticas –“ningún partido español cumpliría con las normas de funcionamiento requeridas por la Ley de Partidos Alemana o con los usos de Gran Bretaña” en esa materia, concluye un reciente informe de + Democracia-- y acentuadas por realidades como los efectos de la crisis económica, no parecen ajenas a una inquietante evolución social e ideológica de la que el CIS lleva tiempo levantando acta: casi la octava parte de los españoles se autoubica en posiciones extremistas, un 9,3% de los encuestados por la izquierda y un 2,6% por la derecha.

Los suspensos en democracia interna (3,7 sobre 10), en derechos de los afiliados y su protección (4,4 sobre 10) y en los procedimientos de elección de sus candidatos a cargos públicos (4,9 sobre 10) que les asigna el estudio elaborados por los sociólogos y politólogos de + Democracia no parecen el mejor cuadro para remediarlo. Aunque esos datos también permiten la lectura inversa: el sistema de partidos dispone de mucho más margen para empezar a mejorar que para acabar de empeorar.