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Motines al grito de “libertad, libertad”, fugas y huelgas de hambre son algunas de las acciones que han tenido lugar en las últimas semanas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid), Zona Franca (Barcelona) o Sangonera la Verde (Murcia). El lunes 14 de noviembre, doce personas internas en este último se fugaron tras protagonizar un motín, el tercero en este centro en las últimas semanas. El foco mediático ha recaído sobre estos incidentes y desde algunos medios no se ha dudado en criminalizar a quienes los han protagonizado.

Para la abogada de extranjería Carmen Cabrera, que desde 2007 se ocupa de casos de personas internas en el CIE de Zapadores (Valencia) y ofrece asistencia jurídica de manera voluntaria en el Servicio de Orientación Jurídica del CIE (SOJCIE), estos incidentes son una muestra de “resistencia frente a unas condiciones inhumanas, ya que un CIE es un espacio hostil tanto para la gente interna como para policías, nadie quiere estar allí, quizás debido a estos actos se esté demorando la reapertura de Zapadores, que está cerrado por una plaga de chinches que persiste desde hace unos dos años”.

Los CIE, que nacieron con la primera Ley Orgánica de Extranjería de 1985, no son centros penitenciarios sino establecimientos cuya finalidad es únicamente cautelar y preventiva”

Pero… ¿qué es un CIE?

Zapadores es uno de los ocho centros españoles --hay más de 400 en Europa-- en los que son encerradas personas inmigrantes durante un máximo de sesenta días a la espera de ser expulsadas del país por encontrarse en situación irregular: no tener “papeles”, lo que supone una falta administrativa, no un delito. Oficialmente, “no son centros penitenciarios sino establecimientos cuya finalidad es únicamente cautelar y preventiva”, que nacieron con la primera Ley Orgánica de Extranjería de 1985.

La actual portavoz de la Campaña CIEs NO (Valencia), Gema Siscar, señala la desinformación general que hay sobre estos centros, que califica de “cárceles racistas y xenófobas, un eslabón más de unas políticas que criminalizan el proceso natural de la migración, después de todas las dificultades con las que tropiezan para poder regularizar su estancia”, explica. “Se empieza por Ceuta y Melilla, con la violencia que suponen las vallas, y si pasan, viven con miedo a ser descubiertas y deportadas, esta manera de atemorizar es una forma también de controlar que las personas no vengan”.

Cabrera los define como “centros de sufrimiento, peores que las cárceles: cuando una persona ingresa en prisión, al menos se le informa, se le da la liquidación de condena; pero en un CIE no sabe lo que le va a pasar, todo es incertidumbre”. Advierte, además, sobre la deshumanización que sufren: “Son números, ni se les llama por su nombre, se elimina su condición de persona”.

Aunque el objetivo final de estas detenciones es la expulsión, como denuncian numerosas organizaciones, también resultan ineficientes para ese fin que dicen cumplir porque de las casi siete mil personas encerradas el año pasado en los CIE españoles, menos de la mitad fueron expulsadas. “Su verdadera función es la criminalización de las personas migrantes”, afirma la abogada, quien explica que hay personas que son “inexpulsables” y que hay otras medidas que no tienen por qué implicar la privación de libertad, como las presentaciones periódicas, la retirada del pasaporte o la posibilidad de pisos tutelados, entre otras.

Celdas que se cierran por la noche con llave sin baños en su interior y sin ningún dispositivo de apertura automática en caso de emergencia y falta de intimidad, así es la vida en un CIE

Los derechos se quedan en la puerta

Celdas que se cierran por la noche con llave sin baños en su interior y sin ningún dispositivo de apertura automática en caso de emergencia y falta de intimidad; escasez de alimentos, servicio médico deficiente, expulsiones sin previo aviso, falta de un servicio de traducción e interpretación, dificultades para tramitar el asilo, denuncias por malos tratos, castigos colectivos y celdas de aislamiento, entre otras vulneraciones sistemáticas de derechos. Así es la vida en el CIE de Zapadores, donde en los últimos años se han presentado más de cuarenta denuncias contra policías por malos tratos que finalmente se archivaron por la expulsión de quienes las presentaron, según informes como el de Pueblos Unidos o el de CIEs No. 

“Es como una jaula”, dice Thimbo, una de las caras más visibles de la Campaña CIEs NO. Llegó en patera desde Senegal a los 17 años tras varios intentos: sin comida, con el mar agitado y junto a otras 137 personas nerviosas y con miedo a la muerte, pero dispuestas a todo por “el sueño europeo”. Al llegar, le llevaron al CIE de Tenerife durante 18 días hasta ser enviado a Madrid: “No sabíamos dónde estábamos ni por qué, nadie nos explicó por qué merecíamos esas condiciones inhumanas”. Vivió en invierno bajo el puente valenciano y trabajó recogiendo naranjas sin cobrar un duro. Fue retenido hasta en cinco ocasiones, durante varios días, en la comisaría de Zapadores, para ser encerrado en el CIE por venta ambulante y cambiarse el nombre, pero tuvo la suerte de conocer a una trabajadora social de CEAR que le ayudó. Su vida dio un giro radical, comenta, desde que consiguió regularizar su situación.

Según el Ministerio del Interior, más del 70 % de las personas internas tienen antecedentes, pero no se hace distinción entre penales y policiales, y el procedimiento de expulsión por no tener “papeles” supone un antecedente policial. En este sentido, Cabrera sostiene que quienes tienen antecedentes penales ya han cumplido anteriormente su condena en la cárcel y que en Zapadores “hay gente que entra incluso sin orden de expulsión, que son enviados directamente desde Ceuta y Melilla, y se les abren procedimientos de devolución, así que no han podido haber cometido delitos si acaban de llegar”. 

Mujeres, inmigrantes y “sin papeles”: violencia múltiple

Zapadores es uno de los CIE que tiene un espacio para mujeres por lo que recibe mujeres de diferentes partes del Estado, a las que encierran lejos de sus amistades y familias, sin visitas, sin ropa para cambiarse. Aunque el centro dispone de dos módulos y cada uno de ellos cuenta con un patio, el de mujeres siempre está cerrado y tienen que ir al patio de hombres. Hay internas víctimas de violencia machista y en, muchos casos, de trata; tienen miedo a los hombres. De esta manera, pueden permanecer todo el período de internamiento sin disfrutar de luz natural, lo que vulnera los convenios internacionales contra la tortura.

Más del 70 % de las personas internas tienen antecedentes, pero no se hace distinción entre penales y policiales, y el procedimiento de expulsión por no tener “papeles” supone un antecedente policial

El caso de las víctimas de trata es especialmente grave, de acuerdo con Cabrera, porque los agentes carecen de formación para detectarlos. “Están sufriendo una gran presión, les cuesta confiar para que denuncien, se necesita mucha paciencia con ellas para que puedan sentirse seguras”, explica, y recalca que “es fundamental un cambio de sensibilidad: la visión policial es desarticular la organización, no proteger a la víctima”. “En Zapadores hay muchas mujeres en esta situación que tienen miedo a denunciar”, explica. 

Asimismo, las internas han denunciado en varias ocasiones ser objeto de humillación y discriminación por parte de internos y agentes policiales, así como de abusos sexuales. Es el caso de Noura, una ciudadana marroquí que en julio de 2010 fue identificada en plena calle por la Policía Nacional. Al carecer de permiso de residencia fue detenida y trasladada a la comisaría, donde aseguró que un policía abusó sexualmente de ella. Acabó en Zapadores durante más de 40 días y, posteriormente fue expulsada: la denuncia se archivó.

A las mujeres se les obliga a turnarse para limpiar su módulo, mientras que el de los hombres lo limpia un servicio contratado. No reciben compresas o tampones si no lo solicitan y, como explican las organizaciones que tienen acceso al centro, la mayoría de policías son hombres y a ellas les da verguenza pedirles productos íntimos. Tampoco existe ningún protocolo de actuación en el caso de mujeres embarazadas, se interrumpen los tratamientos anticonceptivos y cualquier otro tipo de tratamiento hormonal, como en el caso de las personas transexuales o con VIH. 

Más de seis años de lucha por el cierre de ‘la puerta azul’

Organizaciones que defienden los derechos humanos, colectivos sociales, asociaciones vecinales y personas a título individual crearon en Valencia hace ya más de seis años la campaña contra los CIE, fruto del “racismo y la xenofobia institucional”. Desde entonces, se concentran todos los últimos martes de final de mes, sin falta, en ‘la puerta azul’. La portavoz de CIEs NO explica que lo que impulsó el nacimiento de la campaña fue un estudio de CEAR de 2009 sobre los CIE de Valencia, Madrid y Málaga, que evidenciaba “unas condiciones aterradoras” y que fue elaborado a petición del Consejo de Europa.

“Si los 20,8 millones de euros anuales que le cuestan al Gobierno central los CIE y las deportaciones se destinaran a la lucha contra la pobreza, dentro y fuera de nuestro país, estaríamos construyendo un mundo un poco mejor”

“Si los 20,8 millones de euros anuales que le cuestan al Gobierno central los CIE y las deportaciones se destinaran a la lucha contra la pobreza, dentro y fuera de nuestro país, estaríamos construyendo un mundo un poco mejor”, declaró el pasado mes de julio el actual alcalde de Valencia, Joan Ribó, quien también estuvo en la última concentración contra la inminente reapertura de Zapadores. Ya el año pasado el pleno del Ayuntamiento de Valencia aprobó una propuesta para pedir al Gobierno central que cierre el CIE y también las Cortes valencianas dieron luz verde a una proposición no de ley presentada por Compromís en la que se instó a pedir al Gobierno el cierre de estos centros (ambas con los votos en contra de PP y C’s).

En ese sentido, desde la campaña destacan la importancia simbólica que tienen estas medidas, que ayudan a la visibilización del problema, pero recuerdan que quien tiene las competencias para decidir sobre su cierre es el ministerio del Interior. No obstante, ello no les impide seguir luchando: “¿Quién se hubiera imaginado cuando empezamos que íbamos a estar codo con codo pidiendo el cierre definitivo de Zapadores con el equipo del gobierno local o que ‘la puerta azul’ se convertiría en un documental que ha llegado a tantas personas?”.