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Mientras en un lugar del Caribe llovían flores amarillas por la muerte del Patriarca; mientras a escasos kilómetros de allí bailaban, todos juntos, náufragos y capitanes de yate en torno a un muñeco vudú al son de Gloria Estefan; mientras asistíamos al sepelio último del siglo XX, en fin, una irreductible aldea resistía aún en la Carrera de San Jerónimo. Peleándose, todos sus habitantes, por ser más revolucionarios que el vecino.

De no ser por sus modosas formas, por el corte impecable de su traje, cualquiera hubiera dicho que quien hablaba en la tribuna (“no se trata de privilegios sino de justicia”; “han sacrificado mucho a cambio de lo que la sociedad les ha devuelto”) era un héroe arcano de Sierra Maestra. Pero no; era Albert Rivera. Defendiendo la Proposición de Ley de su grupo parlamentario, Ciudadanos, de reforma urgente del trabajo autónomo. “La pobreza ha llegado también a los autónomos”, reveló a toda la comunidad allí reunida. C’s planteaba “flexibilizar” la situación de estos trabajadores para que paguen en función de lo que ingresen, ya que “se les piden obligaciones fijas sin ingresos fijos”; no castigar “la segunda oportunidad” de los “emprendedores” que “fracasen” financieramente al primer intento. Entre las medidas, modificar el sistema de altas y bajas a la Seguridad Social y ampliar la llamada tarifa plana de 50 euros de los seis meses actuales a doce, también para los que vuelvan a intentar otra forma de negocio.

Cuando ya parecía crecerle la barba bíblica y alguno de Podemos iba a postrársele a los pies para llamarle Comandante, le asomó la pulserita naranja por la muñeca, en una ruptura cromática garrafal tanto para su traje azul marino como para su discurso (quizá comparta sastre en ambas cosas), y se entendió rápido que lo suyo es más de turista con tarifa plana de cubatas en un hotel de Varadero. Lo de la pulserita es una misteriosa constante entre los muchachos de Ciudadanos, como si acabaran todos de estar (y conocerse) en el mismo crucero caribeño. Félix Álvarez, antes Felisuco en El Informal, aplaudía entusiasta a su líder, como siempre. En Ciudadanos hay al menos tres diputados procedentes del mundo del espectáculo: Felisuco, Toni Cantó y Luis Salvador, histórico prestidigitador centrista que estuvo 20 años de senador del PSOE.

Rivera terminó de demoler el encanto revolucionario al citar a Henry Ford como despedida: “El fracaso es la oportunidad para comenzar de nuevo”. Cosa que aprovechó Alberto Rodríguez, el de las rastas de Podemos, para terminar también su intervención (siempre en contra de las medidas de C’s para los autónomos, por insuficientes) diciendo que Henry Ford era “un antisemita declarado”, socio empresarial del nazismo [los de Ciudadanos vienen de Varadero pero los de Podemos parecen siempre como recién llegados de la guerrilla partisana]. Era digno de ver cómo iban yéndose los del PP mientras hablaba Rodríguez, como el que no quiere la cosa: de Posada a Floriano, pasando por Celia Villalobos, que ya ha pasado del móvil a la tablet. 

Rafael Simancas habló en nombre del PSOE para argüir que su grupo aceptaba la propuesta de Ciudadanos y “cualquier avance” que mejore las condiciones de los autónomos, si bien sus medidas “no plantean reformas de fondo”; ni siquiera lo que Ciudadanos pactó en su momento con PSOE y PP. “Quizás porque el PP no les deja ahora”, dijo, “o porque su estrategia sea aprobar una ley ligerita de contenido con la que colgarse una medalla”.

El PSOE –recién llegado también a la política española– velará por dar verdadero respaldo a los autónomos, dijo Simancas. Cosa que suscribió casi punto por punto Salgado, del PP (“Bienvenidos a los esfuerzos, ¡bienvenidos!”, clamó desde la tribuna, o  plantación de caña de azúcar). La reforma para ayudar a los autónomos fue siempre “una prioridad conceptual” para el Gobierno, aseguró sin inmutarse. Conceptual: quiere decir que estuvo siempre en el concepto revolucionario del PP durante los últimos 4 años el desahogar a los autónomos, pero, por un despiste burocrático (que por esas cosas se aburrió de ser ministro el Che Guevara), en vez de bajarles las tarifas, las subieron. 

Al final se aprobó la proposición por abrumadora mayoría (333 votos a favor), quedando la puerta abierta para ir modificándola con toda la ambición conceptual expuesta en la sesión de hoy. 

Para cuando la presidenta-camarada Ana Pastor había dado paso al siguiente punto del día, ya estaba en su asiento la comandante (en jefe) Dolores Cospedal: la única aquel momento en las sillas azules de los ministros. La nueva responsable de Defensa se parece cada vez más a su puesto, con un aura de emperatriz absorta descansando su capa en todos los asientos de la bancada noble. Se mesaba las manos, poniéndose crema, entre desdeñosa y distraída, como si acariciara a un tigre. Levantaba de vez en cuando las piedras azules de sus ojos hacia Mikel Legarda, del PNV; cada vez más amedrentado el hombre, temiendo que alzara mano en cualquier momento y el pulgar fuera hacia abajo.  

De lo que hablaba Legarda no era del Imperio Romano pero casi: se trataba de una proposición para reformar la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales. De cuando era ministro de Información un gran compadre de Fidel Castro, por cierto: Manuel Fraga. Porque la ley que regula hoy los secretos oficiales del Estado español apenas ha sufrido modificaciones desde la muerte de nuestro patriarca autóctono, Francisco Franco. 

El documento que Legarda defendió incorpora, entre otras cosas, “la obligación de que en toda clasificación de una materia se establezca el plazo de su vigencia, no pudiendo superar los 25 años para materias calificadas secretas y los diez años para las reservadas”, salvo excepciones. Se da la circunstancia de que hay documentación que no puede consultarse “desde el siglo XV para acá”. Existe un vacío en la ley en la cual, dijo Legarda, “se ampara el gobierno de turno para no desclasificar nada, llegando al puro disparate” de no poder accederse al fondo histórico, ni a “la documentación relativa a avistamientos OVNI”. Según el diputado vasco, habría hasta 1900 páginas relativas al fenómeno extraterrestre. Nadie tosió en el Hemiciclo ante la afirmación; Cospedal ni se inmutaba –sea porque el Congreso es en realidad un platillo volante, o porque ella misma vino de ahí fuera.     

Legarza hablaba de “solventar una situación impropia de un Estado democrático”, y el resto de fuerzas progresistas de la cámara le secundaron. Del Olmo, de Podemos, preguntó a los miembros del PP si es que tienen “miedo” de que se conozca lo que ha pasado en España no solamente en las últimas décadas sino en los años de la dictadura y anteriores. “¿Quién tiene miedo de que se conozcan sus acciones? Normalmente quienes no duermen bien”. Cospedal podría estar durmiendo con los ojos abiertos mientras le escuchaba.  

El PSOE secundó la propuesta, como si no hubiera tenido nunca oportunidad de modificar nada, y su diputado Lombardo adelantó la postura común de Ciudadanos y PP: no la apoyarían con el argumento de que sólo es un parche, cuando haría falta una reforma integral. Martínez Vázquez, del PP, esgrimió efectivamente ese argumento; dijo coincidir en que “la transparencia es un cimiento de la democracia”, pero invocó los peligros de desvelar aspectos referentes a la lucha antiterrorista aún vigente. “Se hace más oportuno que nunca”, aseveró, “aquello que decía Tocqueville de que hay que acercarse al Estado con mano temblorosa, como a las llagas de un padre” (aquí tembló hasta Cospedal.) Pero la proposición se admitió a trámite, con apenas cuatro votos de diferencia: 167 síes, 162 noes. Puede que aquí se quede “la clara, la entrañable transparencia” del PP.

Como corolario de una larguísima sesión que se prolongó hasta pasadas las 10 de la noche, el Congreso también admitió a trámite proposiciones no de ley relativas a la derogación de la ley de Seguridad Ciudadana, o ley mordaza, por parte del PSOE, y a prohibir los cortes energéticos sin la intervención de los servicios sociales, por parte de Unidos Podemos. Ambas deben ganar el estatus de Proposición de Ley para ser más que palabras pero continúan en la línea de derribo de las medidas más polémicas del Ejecutivo conservador a lo largo de los últimos cuatro años. Sobre la ley mordaza se defendió el PP diciendo que la oposición “pinta una España negra” como “un Estado policial” en el que se persiguiera “el derecho a manifestación”. “No estamos en Cuba”. Porque no queremos.