Reportaje
Portugal afronta su 'Tangentopolis'
El juez Carlos Alexandre está a punto de sentar en el banquillo al ex primer ministro José Sócrates y al banquero Ricardo Salgado, símbolos de la década corrupta que acabó con el rescate de la Troika
Daniel Toledo Lisboa , 15/03/2017
Ricardo Salgado y José Sócrates.
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Pocos jueces ostentan en su currículum judicial haber ordenado en el mismo año la detención de un ex primer ministro —José Sócrates— y del mayor banquero de un país —Ricardo Salgado—. Carlos Alexandre (Mação, 1962), juez de instrucción y encargado del Tribunal Central de Investigación Criminal (TCIC), ha llegado a asegurar que se siente espiado por poderes fácticos, acosado incluso, y ha sido blanco de varios intentos de inhabilitación.
La historia nos suena familiar, sólo que aquel año de 2012 en España el juez Garzón no sobrevivió a las presiones. En Portugal, en cambio, Carlos Alexandre sigue enfrentándose a los casos de corrupción política y empresarial más sonados, mediáticos y comprometidos del país. Desde su despacho en el 213 de la Rua Gomes Freire —antes en el edificio del Palácio da Justiça—, ha pasado los últimos años autorizando escuchas telefónicas, bloqueos de operaciones bancarias, decretando larguísimos secretos de sumario o manteniendo prisiones preventivas hasta sus últimas consecuencias.
El TCIC se ocupa del crimen organizado, o de especial complejidad, y de los delitos de violencia grave, aunque, sobre todo, lo que hace del TCIC, vulgo Ticão, el tribunal más célebre de Portugal son los casos de delitos económicos y financieros. Por supuesto vivimos tiempos movidos para el Ticão: Alexandre ha sufrido sucesivos intentos de inhabilitación o de sanciones disciplinarias, acusaciones de violación del secreto de sumario, y exhaustivas investigaciones complementarias por parte de las autoridades tributarias.
“Estoy siendo investigado por las autoridades adecuadas”, declaró el juez después del desencuentro con el fisco. Carlos Alexandre habla con la paz del católico convencido, del funcionario del Estado y del oficinista terco, lento e irrefutable. Lleva años, quizá demasiados, haciendo frente a amenazas, y no sólo profesionales, desde su llegada al TCIC en 2004. Ya en 2005 tuvieron que asignarle seguridad privada oficial, que todavía hoy mantiene. En 2007 llegaron a asaltar su casa y envenenar a su perro, al que enterró en su propia finca. Antes de marcharse, los asaltantes se dedicaron a esparcir por su despacho los restos de sus anotaciones y papeles troceados y, bien visible, dejaron un arma descansando sobre la fotografía de su hijo. La investigación del caso aún sigue abierta, 10 años después.
A Portugal le espera un año judicial repleto de casos extremadamente mediáticos; entre los procesados excelentes hay exministros, banqueros, grandes teleoperadoras, un ex primer ministro, un candidato a primer ministro, empresarios, ejecutivos y abogados, conocidos masones y hasta el vicepresidente de Angola. Todos deberán, o deberían, sentarse en el banquillo a lo largo de 2017.
La cantidad de miles o millones de euros que se juega en cada caso alcanza niveles astronómicos. Si sumamos las cifras que, grosso modo, manejan todos los procesos por corrupción, blanqueo de capitales y otras infracciones económico financieras, llegaríamos a cantidades bastante superiores a los 3.000 millones de euros, la mitad del presupuesto para Educación. Esto sin contar los agujeros en bancos privados —algunos de los cuales acabaron cayendo—, en paraísos fiscales, en el Banco de Portugal y en las arcas del Estado —a través de recapitalizaciones, garantías o de la creación de nuevos bancos para deshacerse de los activos tóxicos—, cuyo montante es hoy por hoy impenetrable.
Antes de marcharse, los asaltantes se dedicaron a esparcir por su despacho los restos de sus anotaciones y papeles troceados y, bien visible, dejaron un arma descansando sobre la fotografía de su hijo.
De Carlos Alexandre dicen que no come, ni duerme, ni sabe lo que son vacaciones. Juez estrella, para algunos es excesivamente célebre, y para otros, sobre todo en su tierra natal, es un héroe de Marvel sin máscara, capa ni sexto sentido que le avise cuando los malos están cometiendo una fechoría. Más que nada porque, como él mismo ha dicho: “No soy yo quien escoge los casos”.
Fue tan sólo un año después de su llegada al Ticão, en 2005, cuando le cayó encima su primer gran proceso. Como un anticipo de lo que serían sus siguientes 12 años al frente del tribunal, tuvo que interrumpir sus vacaciones en el Algarve para ponerse a examinar horas de escuchas telefónicas a José Manuel Espírito Santo, ex administrador del Banco Espírito Santo y del Grupo Espírito Santo. El exbanquero fue condenado en 2014 por el Banco de Portugal a una multa de 500.000 euros por una infracción de conflicto de intereses, y hoy continúa imputado, dentro del caso Universo Espírito Santo, junto a otros 14 gestores del grupo por gestión dolosa y negligencia, entre muchos otros cargos contra unos 200 sospechosos.
Lo que para Alexandre comenzó como un rutinario, aunque urgente, análisis de conversaciones telefónicas, acabaría convirtiéndose en la Operação Furacão —Operación Huracán—, y ésta terminaría por converger en el caso Monte Branco —el proceso contra el blanqueo de capitales más vasto de la historia de Portugal—. Carlos Alexandre, como juez de instrucción, ha jugado y jugará un papel decisivo en todo el proceso, junto a otros jueces como el no menos popular Jorge Rosário Teixeira, fiscal y responsable del Departamento Central de Investigación Criminal y Acción Penal en el área de crímenes financieros, o el inspector tributario Paulo Silva.
Con juicios de semejante calibre el propio sistema vacila, titubea entre caer de forma estrepitosa o levantarse orgulloso de su inviolabilidad. Si ocurre lo uno o lo otro dependerá, casi en última instancia y como último peldaño, de la calidad de su sistema judicial. A crímenes de colarinho branco, jueces de colarinho branco, aunque Alexandre sea uno de provincias.
Sócrates a la salida del DCIAP, donde este lunes fue interrogado durante 7 horas por el fiscal Rosário Teixeira y el inspector tributario Paulo Silva.
Durante sus estudios, el que se convertiría en el juez más notorio del país se pasaba los veranos trabajando de cartero —el oficio de su padre—, pero también de guarda forestal y de peón de obra. Hijo de una operaria en una fábrica de lana que tuvo que jubilarse antes de tiempo por problemas respiratorios, la magistratura es para él, como dice su mujer, Floribela, más que una forma de vida, “un sacerdocio”. Es necesario tener nervios de acero, algodón en los oídos y sangre de lagarto, le aleccionaron en la carrera de magistratura.
Hoy, después de más de 12 años al frente del Ticão, Alexandre ha dejado de comer en restaurantes y espacia sus citas en público con los amigos, “a propósito de algunas preocupaciones sobre lo que las personas que estén en la mesa de al lado puedan oír, personas que recurren a fuentes humanas, o no humanas, y después a las murmuraciones”, según declaró. Antes de añadir: “Como ya no tengo tantos amigos con quien pueda almorzar fuera, voy a comer a casa”.
Alexandre es uno de los pocos, muy pocos, que tiene acceso sin previa orden judicial a los siete mil ficheros de conversaciones privadas grabadas por todo el país que aún se almacenan en el Ticão. Entre ellas, según se ha ido filtrando a los medios a lo largo de los años, hay pruebas de las conspiraciones de Estado más inverosímiles, de contactos para cocinar a futuros presidentes de la República, de pactos de no agresión entre rivales políticos miembros de una misma logia masónica, de ofertas y ofrendas secretas entre partidos. La trastienda de la soberanía popular, la mecánica del poder capturada en restaurantes, en cenas de empresa o en telefonazos de chalé en Cascais, Lisboa, y en el palacete en Matosinhos, Oporto.
"Me siento escuchado"
Que Alexandre tenga acceso a este tipo de información le ha convertido en una de las personas más odiadas por el establishment, o al menos por ese que tradicionalmente consigue esconder sus transgresiones legales bajo el silencio entre caballeros y la impunidad judicial. En una larga entrevista en el canal SIC Notícias, durante la cual hizo declaraciones que casi le cuestan un procedimiento disciplinario, afirmó: “Me siento escuchado en mi día a día, de varias formas (…) A veces hay personas que no consiguen establecer contacto conmigo, el teléfono envía la llamada al buzón de voz, cuando estoy en sitios con el móvil cargado y con cobertura. No estoy diciendo que existen fuerzas de este tipo… Supuestamente de los servicios de información”.
Lo que realmente sabe el juez es un misterio, a veces un secreto a voces pero, sobre todo, para algunos, una bomba de relojería. La mayoría coincide en que es un juez de perfil bajo, reservado y afable. Ha concedido pocas, aunque intensas, entrevistas y cuenta con pocas amistades tanto en la magistratura como en la clase política y empresarial. Esto no quita para que en algunas ocasiones haya sorprendido a la sociedad portuguesa con declaraciones rebosantes de sinceridad y atrevimiento. “Digamos que hay algunos episodios, circunstancias que, bien tejidos, podrían dar al traste con algunas carreras”, aseguró en otra entrevista en Expresso.
Pero Alexandre no tiene miedo. “Si tuviera miedo, no me levantaría de la cama”, ha dicho.
Muchos preferirían que fuera así, sobre todo los numerosos procesados que pasaron por su despacho en casos como Vistos Gold, Face Oculta, Freeport, Portucale. Cuando se investigan asuntos de tal magnitud, la prudencia aconseja que se opte por la pesca con anzuelo, para no caer a las frías aguas por el excesivo peso de la captura; pero los métodos de Alexandre suelen estar más cerca de la pesca de arrastre.
El ex primer ministro sigue siendo sospechoso de corrupción, fraude fiscal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales pero aún no se ha formulado una acusación formal contra él
Todo apunta a que, de entre todos los casos judiciales instruidos por Alexandre, dos en especial pondrán a prueba las decisiones que tomó en el pasado. Uno es el juicio del caso Marquês, con la implicación del ex primer ministro José Sócrates; el otro, el proceso Monte Branco. Ambos están íntimamente ligados, entrelazados tanto por la idiosincrasia como por sus diferentes ramificaciones. En ambos los investigados se entrecruzan acusaciones, empresas offshore y testaferros. En los dos están los mismos investigados, los mismos fiscales y el mismo juez de instrucción.
‘Operação Marquês’: el político y el testaferro
La detención de José Sócrates tuvo lugar en el aeropuerto de Lisboa el 21 de noviembre de 2014, cuando el expremier volvía a casa en un vuelo de Air France desde París. Sócrates había dejado la política y se había mudado a la capital francesa, después de no haber podido evitar el rescate de Portugal por parte del Fondo Europeo de Estabilización Financiera y de haber presentado, en marzo de 2011, su dimisión como primer ministro al presidente Aníbal Cavaco Silva.
El ex primer ministro ya estaba sobradamente advertido: nada más poner un pie en el país luso sería detenido por inspectores de la autoridad tributaria y agentes de la Polícia de Segurança Pública. Su elevado tren de vida en París, donde estudiaba junto a su hijo un curso de Filosofía Política en una universidad privada, no podía pasar inadvertido. Desde 2011 se había instalado en un piso de alquiler de lujo en el distrito 16 de París, uno de los más caros, en el que compartía manzana con Nicolas Sarkozy, algún presidente africano y conocidos magos de la ingeniería financiera internacional. Lo único que declaraba en Portugal era una cuenta bancaria —la misma desde hacía 25 años— y los ingresos recibidos por la venta de una casa de su madre.
Cuando el 21 de noviembre de 2014, hacia las once de la noche, aterrizó en el aeropuerto de Portela, Sócrates fue inmediatamente detenido y conducido al correccional de Évora (una antigua prisión ordinaria que, en 2008, el Gobierno socialista había reconvertido en prisión de alta seguridad para funcionarios públicos y presos de especial atención y protección). Allí le esperaba un primer interrogatorio con el juez de instrucción Carlos Alexandre, quien le comunicó que se le estaba investigando por supuesto fraude fiscal.
En aquel momento Sócrates no podía imaginar que no volvería a ver la calle hasta diez meses después, y que iba a pasar ese tiempo en un régimen de disciplina y seguridad diseñado para personas como él por su propio gobierno. Las puertas de la cárcel se convirtieron en lugar de peregrinaje para locales y foráneos, que se acercaban para hacerse selfies y colgarlos en las redes sociales acompañados de cómicas ocurrencias. Comenzaba el espectáculo.
El ex primer ministro sigue siendo hoy, más de dos años después, sospechoso de corrupción, fraude fiscal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales pero aún no se ha formulado una acusación judicial formal contra él; esta circunstancia no parece preocupar a la fiscalía y al juez de instrucción, que no quieren quemar ningún puente antes de contar con toda la información. Mucho menos en un caso que, desde que comenzaran las diligencias, se ha ido haciendo cada vez más extenso, con nuevos implicados y claros guiños a otros procesos judiciales aún abiertos o ya cerrados. Hasta ahora ha habido cuatro ampliaciones del plazo de finalización de las investigaciones previas al juicio, que supuestamente concluirán el próximo 17 de marzo, si no hay un quinto aplazamiento.
En cuatro años el caso ha ido sumando imputados y hoy investiga un total de 2.900 documentos en papel, 10 terabytes en escuchas a 84 sospechosos, 9.500 ficheros informáticos, 200.000 registros bancarios, 130 interrogatorios, 156 búsquedas y registros y 19 encausados. Eso sin contar con que muchas diligencias deben contar con la colaboración de otros países —Reino Unido, Suiza, Luxemburgo, Chipre, etc.—, algunos de los cuales están considerados paraísos fiscales, lo que añade una dificultad extra y retrasa cualquier petición de información.
Presuntamente, José Sócrates habría utilizado su influencia política para conceder o facilitar negocios a varios empresarios de su entorno a cambio de dinero. La pregunta estrella del caso es clara: ¿por qué Sócrates recibió alrededor de 23 millones de euros, a través de su amigo Carlos Santos Silva y de su primo José Paulo Sousa, por medio de cuentas y empresas supuestamente constituidas ad hoc para esconderse de las autoridades tributarias portuguesas? Es decir, ¿quién, quiénes o qué empresas corrompieron al primer ministro de Portugal entre 2005 y 2011?
Dar respuesta a esta incógnita es lo que ha ido complicando cada vez más el rompecabezas.
Primero se sospechó que todo había surgido por la compra del famoso resort Vale do Lobo, en el Algarve. En 2006, un grupo internacional de inversores adquirió este complejo gracias a un elevado préstamo de Caixa Geral de Depósitos (CDG). El empresario, banquero y exministro socialista Armando Vara, por entonces en la administración de CDG, supuestamente influyó en la decisión del banco público de otorgar un préstamo de 194 millones de euros para esta operación, además de que La Caixa también participó con un 25% en el negocio. Dos años después, el empresario Helder Bataglia, accionista del resort, transfirió 12 millones a diversas cuentas en Suiza que, a través del testaferro Carlos Santos Silva, presuntamente acabaron en manos de José Sócrates.
Junto al ex primer ministro está imputada una pequeña parte de la élite empresarial de Portugal
Armando Vara fue también acusado y condenado, por tráfico de influencias, a cinco años de prisión en el caso Face Oculta —Cara Oculta—. Entre las pruebas había escuchas telefónicas intervenidas entre el exbanquero y Sócrates, además de conexiones con Santos Silva y el Grupo Lena, otra pieza clave del proceso y también imputado como persona jurídica en la Operação Marquês. El presidente ejecutivo del Grupo Lena, Joaquim Paulo da Conceição, llegó a admitir ante el fiscal Rosário Teixeira haber pagado sobornos a Sócrates, siempre a través de Santos Silva, y contar así con el más amplio paraguas institucional para su empresa de construcción civil.
O dono disto tudo
Sin embargo, las últimas informaciones apuntan a que, en última instancia, la mayor parte de esos 23 millones de euros que pasaron a manos del ex primer ministro provenían de empresas ligadas el Grupo Espírito Santo. Presuntamente, el grupo bancario recibió beneficios concedidos por José Sócrates a lo largo de su mandato. Estas informaciones llevaron a la imputación del exbanquero Ricardo Salgado en la Operação Marquês, lo que metía de lleno al todopoderoso exbanquero en su tercer proceso criminal. Salgado, que llegó a ser el banquero en activo más longevo del país, apodado ‘O dono disto tudo’ —‘el dueño de todo esto’—, fue detenido e interrogado por Carlos Alexandre, que lo rebautizó como ‘O responsável disto tudo’, y, con el tiempo, el caso Sócrates comenzó a trenzarse con otros dos casos: el Monte Branco y el Universo Espírito Santo.
El juez retiró el pasaporte a Salgado, y las informaciones manejadas por Alexandre y el fiscal Rosário Teixeira permitieron que este último mantuviera el secreto del sumario hasta límites pocas veces visto, crispando aún más una situación que ya estaba, per se, bastante agitada. Sólo gracias a la decisión tomada por el juez de segunda instancia Rui Rangel, los abogados de Sócrates vieron colmadas sus pretensiones y fue levantado el secreto de sumario. Hoy el Ministerio Público ha pedido apartar a Rangel del caso Sócrates por “existir motivo serio y suficientemente grave para generar desconfianza sobre la imparcialidad del magistrado”.
El episodio de Rangel ha sido otro de tantos que en ocasiones han convertido la Operação Marquês en lo que para Argentina fue el proceso a Carlos Menem, o para los italianos los juicios a Silvio Berlusconi: una telenovela para seguir en familia a la hora de la cena.
A mediados de 2016, Teixeira imputaba a Sofia Fava, exmujer de Sócrates y madre de sus dos hijos, también por fraude fiscal y blanqueo de capitales. Aunque ya no viven juntos, fue en casa de Fava, en el acomodado barrio de Alameda, donde se refugió el ex mandatario al salir de la cárcel, en septiembre de 2015. Sócrates comenzó aquí una feroz y mediática lucha por lavar su nombre, algunos dicen que para colocarse una vez más como político ‘candidatable’, pese a las escasas posibilidades de lograrlo.
Ambos magistrados, Alexandre y Teixeira, han recibido desde el principio intensas presiones por parte de los abogados de Sócrates. El ex primer ministro ha llegado incluso a interponer una demanda al Estado por “violación de los plazos de investigación”.
Estas presiones en ningún caso tuvieron el efecto esperado, así que Sócrates pasó al contraataque. La estrategia fue manifiesta y sin pudor: apartar a Carlos Alexandre de la causa, si era posible, provocando un proceso disciplinario o incluso una inhabilitación. El exmandatario lo intentó en dos ocasiones, sin éxito. La primera acusando a Alexandre y a Teixeira de haber roto el secreto de sumario filtrando informaciones a algunos periodistas. La denuncia fue archivada en noviembre de 2016. Sócrates presentó el caso como una trama conspirativa, pero las autoridades judiciales no apreciaron fuga de información alguna.
La segunda denuncia fue archivada en diciembre del mismo año, y fue interpuesta por Sócrates a raíz de la ya mencionada entrevista de Alexandre con el canal SIC Notícias. En ella el juez se mostraba en todo su esplendor, inmodesto brazo de la justicia, lenta pero inexorable, satisfecho de ser parte de la maquinaria judicial que sigue trabajando mientras el resto duerme, y declaraba con toda tranquilidad su gusto por hacer horas extra para no dejar escapar ningún aspecto de la realidad del país: “Como yo no tengo amigos, amigos en el sentido de dadivosos, y no tengo fortuna heredada de mis padres o de mis suegros, necesito dinero para pagar mis cuentas. Y no tengo otra forma de conseguirlo que a través del trabajo honrado y serio”.
Por supuesto estas palabras aludían de forma no muy sutil al ex primer ministro. Sócrates no pudo sino darse cuenta, si aún no lo había hecho ya, de que no sólo tenía pisándole los talones a la justicia portuguesa, sino que tenía detrás al dueto judicial más temido del país: Teixeira y Alexandre. Junto al ex primer ministro está imputada una pequeña parte de la élite empresarial de Portugal: algunos actuaban como testaferros, otros como corruptores, otros como ayudantes o encubridores, mulas o correos, otros como empresas pantalla.
Y fue a finales de enero de este año cuando un nombre iba a añadirse a la lista de investigados: o dono disto tudo, Ricardo Salgado, el exbanquero del Grupo Espírito Santo —GES—. En Salgado confluyen tres casos que, en realidad, parecen uno solo: la Operação Marquês, el caso Universo Espírito Santo y el caso Monte Branco.
Según van conociéndose datos, Salgado va apareciendo, primero, como el corruptor en última instancia del ex primer ministro, a cambio de favorecer al GES desde la más alta instancia política; segundo, como el guía espiritual de la trama de falsificación de cuentas, estafa, fraude fiscal, etcétera que llevó a la caída del gigante Espírito Santo, y tercero, como parte integrante, y notoria, de la red de blanqueo de capitales investigada en el caso Monte Branco.
El banquero y el cambista
Ricardo Salgado —Cascais, 1944— es economista, expresidente del Banco Espírito Santo —BES— y bisnieto de los fundadores del que llegó a ser el mayor banco privado portugués. También presidente en distintas ocasiones de las filiales de Luxemburgo, Bahamas, Estados Unidos, Suiza y Francia, el que fuera el banquero más importante del país es hoy una de las caras más visibles de los desmanes financieros que llevaron a la crisis de 2008. Si José Sócrates es visto por muchos como el pez gordo de la corrupción política, Ricardo Salgado lo es de la corrupción bancaria y empresarial.
Fue Salgado quien se hizo cargo del BES, en 1991, cuando la familia Espírito Santo finalmente pudo recuperarlo, gracias al recientemente fallecido Mário Soares, tras las nacionalizaciones realizadas durante la Revolución de los Claveles de 1974. Banquero de nueva hornada, de educación cristiana pero humanista, fue también quien en última instancia apadrinó el exitoso proceso de internacionalización del banco desde los años noventa que condujo el aumento de la cuota de mercado desde el 8% hasta el 20%. En enero de 2013, tan sólo un mes después de que se supiera que la economía portuguesa había retrocedido un 3,5% el año anterior, de que el gobierno tuviera que vender la gestión de los aeropuertos a un grupo francés para amortizar parte de su deuda, y en medio de una espiral de recortes y subidas de impuestos directos e indirectos, el BES fue el único de los tres grandes bancos privados que consiguió realizar un aumento de capital sin contar con la ayuda del Estado.
El caso Monte Branco fue, en realidad, la ampliación de un primer caso de evasión de impuestos, la llamada Operação Furacão, que envolvía a varias empresas y a los principales bancos portugueses
En un contexto de inestabilidad macroeconómica, la aparente fortaleza del BES hacía que la imagen de Salgado levitara en un aura de genialidad. Era, sin duda, espejo y molde del buen hacer bancario. Chevalier de L’ordre national du Mérite —orden nacional del Mérito— y de L’ordre national de la Légion d’honneur de Francia; Grande-Oficial da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul —Orden de la Cruz del Sur— de Brasil; Medalha de Mérito Empresarial da Câmara Municipal de Cascais, nadie podía sospechar que, mientras Salgado coronaba las más altas cumbres empresariales, el propio Banco de Portugal —el banco central luso—llevara una década ocultando los informes de irregularidades y opacidades detectadas en el BES por sus propios técnicos.
Recientemente, a raíz de un gran reportaje del periodista Pedro Coelho para SIC Notícias, se ha descubierto que el gobernador del banco central portugués, el economista Carlos Costa, incluso escondió la existencia de esos informes en la comisión de investigación por la caída del BES, en diciembre de 2014. Las responsabilidades del Banco de Portugal en la caída del BES están aún por ver, pero es probable que se lleven por delante más de una cabeza política.
En cualquier caso, en 2014 el BES cayó, el mayor banco privado portugués se desplomó en un estruendo de Lehman Brothers, en una conmoción de Enron, seis años después de que lo hiciera el BPN (Banco Português de Negócios) y un año antes de la caída del Banif (Banco Internacional do Funchal). Muchos fueron los que se hundieron con ellos, pero sin duda la mayor caída, por la altitud de la cota, la rapidez del descenso y la profundidad del agujero, fue la de Ricardo Salgado.
Todo comenzó a torcerse para O dono disto tudo cuando, en 2012, rectificó tres veces su declaración de la renta del año anterior, sumando más de 4 millones en impuestos entre la primera declaración y la cuarta. Este movimiento errático provocó que las autoridades tributarias comenzaran a mirarle con el rabillo del ojo. Por aquellos días era difícil poner en la picota al único personaje público que podía ofrecer cierta imagen de estabilidad, o al menos de esperanza, para la recién rescatada economía portuguesa. Dos años y muchas investigaciones después, el 24 de julio de 2014, el banquero más longevo del país sería detenido en su palacete de Gandarinha, en Estoril.
El caso Monte Branco fue, en realidad, la ampliación de un primer caso de evasión de impuestos, la Operação Furacão, que envolvía a varias empresas y búsquedas en los principales bancos portugueses: BES, Banco Comercial Portugués, Banco Portugués de Negocios —nacionalizado en 2008 y revendido a un banco angoleño—, y el Finibanco. Fue con la autorización emitida por el juez Carlos Alexandre al fiscal Rosário Teixeira para realizar búsquedas en la sede del BES Investimento, cuando surgió el caso Monte Branco y la figura de Ricardo Salgado como punta del iceberg de una extensa red de evasión de impuestos.
Evasión desde la Baixa
Un sistema que incluía trato de favores, información privilegiada, falsedad documental o estafa y cuyo entramado de cuentas en Suiza, Singapur, Luxemburgo, Cabo Verde o Angola, testaferros, empresas offshore y demás instrumentos de distracción tenía su punto de partida en un pequeño establecimiento comercial de la Baixa lisboeta.
Desde el número 135 de la Rua Aurea —más conocida como Rua do Ouro—, la pequeña tienda de Montenegro Chaves & Cia., Ltda. se había dedicado a la compra-venta de antiguallas desde 1913. Pero su último propietario, y heredero de los primeros fundadores, Francisco Canas, alias Zé das Medalhas —por tener el escaparate de la tienda lleno de medallas, condecoraciones y emblemas dorados supuestamente a la venta—, hizo pasar por su mostrador cerca de 100 millones de euros de 172 clientes “preferentes” rumbo a diversos paraísos fiscales. Entre esos clientes preferentes se encontraban, por ejemplo, la miembro del Consejo Nacional de Educación y ex secretaria de Estado de la Administración Educativa, Maria José Rau; el expolítico, tertuliano y experto en finanzas Medina Carreira; el exvicepresidente de Caixa Geral de Depósitos, Armando Vara, y el expresidente del Benfica, Manuel Vilarinho, aunque, como muchos otros, fueron apartados del proceso al saldar cuentas con el fisco.
Cuando Francisco Canas escuchó la cantidad de 100 millones de euros que, presuntamente, había pasado por su tienda sin hacerlo antes o después por el fisco, el investigado ironizó: “Eso no es más que un Cristiano Ronaldo”
Zé das Medalhas, que falleció el pasado 5 enero a los 74 años, fue detenido en mayo de 2012 después de meses de vigilancia. En aquella primera detención, compareció en la sede del Tribunal Central de Instrucción Criminal, donde el juez de instrucción Carlos Alexandre inició la sesión de preguntas leyéndole al investigado las razones de su detención. Cuando Francisco Canas escuchó la cantidad de 100 millones de euros que, presuntamente, había pasado por su tienda sin hacerlo antes o después por el fisco, el investigado ironizó: “Eso no es más que un Cristiano Ronaldo”, en referencia al precio del jugador portugués en el mercado del fútbol. Ese día Alexandre lo dejó en prisión preventiva.
Según informaciones de la Polícia Judiciária, gracias a las cuales la fiscalía comenzó a investigar el establecimiento de Montenegro Chaves & Cia., Canas no pagaba impuestos desde 1989, aunque conducía un Porsche Boxter 987. Además, el Banco de Portugal alertó a las autoridades fiscales al ver llegar con demasiada asiduidad a uno de los empleados de Canas, João Neves, para cambiar billetes de 500 y 200 euros por otros de valores más populares.
El sistema de evasión fiscal que fue ideado entre 2005 y 2012 desde la pequeña tienda de la Baixa tenía una estructura tan simple como complicadas fueron sus consecuencias. Francisco Canas hacía tiempo que llevaba colocando dinero de algunos clientes fuera del paraguas de las Finanças. Presuntamente eran cantidades pequeñas, de las que él se quedaba con tan sólo un 1%. Hasta que en 2005 conoció al empresario José Carlos Gonçalves, ligado a la construcción y con contactos en las más altas esferas empresariales y bancarias, y sucedió el flechazo: uno tenía el sistema, humilde, sencillo y eficaz; el otro tenía el dinero, o sabía dónde conseguirlo.
Fue Gonçalves el que consiguió atraer a la mayor parte de los grandes clientes que lavaron millones en Montenegro Chaves, entre ellos, presuntamente, a otro de los presuntos testaferros de José Sócrates, su primo José Paulo Sousa. Por eso, en la lista de 172 clientes que la fiscalía encontró en el establecimiento, Gonçalves aparecía en el primer puesto por cantidad de dinero tramitado. Sin embargo, todo apunta a que en realidad era un testaferro de otras personalidades, presuntamente ligadas al GES y a José Sócrates.
El propio Gonçalves llegaba a la tienda con cantidades entre 100.000 y 200.000 euros en billetes, que Canas enviaba a una cuenta en el banco BPN IFI, en Cabo Verde, previa retirada de su correspondiente comisión del 1%. Era aquí donde el dinero, antes invisible, entraba en el sistema legal. Desde la cuenta en el BPN IFI, banco conocido por no hacer demasiadas preguntas sobre la procedencia de depósitos o transferencias, el dinero era enviado a las sociedades pantalla Ankoya, dirigidas por los gestores de fortunas Michel Canals y Nicolas Figueiredo, y Arco Finance, de Ricardo Arcos, ambas establecidas en Suiza y con diversas cuentas en bancos del mismo país. A su vez, ambas sociedades contaban con sociedades instrumentales en numerosos paraísos fiscales, que usaban como cebos y trincheras para esconder la procedencia del dinero.
Desde las distintas cuentas offshore, el dinero era reintroducido en el sistema portugués a través de una cuenta que Francisco Canas tenía en el Millennium BCP, en una sucursal de la Rua Augusta, muy cerca del establecimiento de cambio. A ella acudía regularmente a retirar el dinero, que llevaba de nuevo a Montenegro Chaves en sacos de plástico. Antes de morir, Canas llegó a confirmar que José Carlos Gonçalves, su mayor cliente en el esquema de evasión, era en realidad un testaferro de otros clientes ligados a la directiva del BES y de algunas filiales del grupo bancario en Suiza, Miami y Dubai. Será difícil que tanto Ricardo Salgado como José Sócrates consigan salir indemnes de tan crítico desafío judicial.
De momento, esta semana, Sócrates ha declarado durante siete horas ante los jueces. Es solo el principio de un año que pasará revista a un pasado esplendoroso para las élites que acabó en rescate, austericidio y miseria para los más vulnerables.
Autor >
Daniel Toledo
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