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Los tinglados son estructuras propias de los puertos, pero tal y como suele entenderse el término en la jerga popular (la RAE lo describe en su tercera acepción como artificio, enredo, maquinación), el Congreso de los Diputados es algo mucho más próximo a la palabra, en significado y significante. También como (cuarta acepción) barullo de gentes o cosas.

350 es el número de individuos al que asciende el barullo de gentes que votan cosas en el hemiciclo. En la mañana del jueves 16 febrero estaban todos pero casi no llegan tres: Ángela Rodríguez (Podemos), Teresa Jordá (ERC) y Marta Sorlí (Compromís). Llevaban días en Nueva York, de visita como asistentes a la Comisión de Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU. En el Congreso se votaban cosas que tenían que ver con el tinglado de los puertos y, a la postre, con las condiciones laborales de los estibadores, pero, hechas las sumas y las restas, su presencia no iba a ser presuntamente necesaria para las votaciones finales.

A priori, “nos salían perfectamente las cuentas”, explicaba a CTXT Joan Oloriz, de Esquerra Republicana (ERC): con su grupo, con la mayoría del Grupo Mixto, con PNV, Podemos y PSOE en contra, el Gobierno no iba a tener manera de convalidar el Real Decreto-Ley 4/2017, de 24 de febrero, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías. A pesar de las ausencias de las tres diputadas, dejando a estos grupos en un total de 173 votos, el sí que buscaba el Gobierno seguía quedando por debajo al obtener 169 apoyos (del PP, Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias).

Y aquí vendrían los artificios, enredos o maquinaciones: el PP, que ya desde el día anterior había tratado de convencer para que se abstuviera, sin éxito, al Partido Demócrata Catalán (antes Convergencia, en el Grupo Mixto), sí consiguió in extremis conseguir el apoyo de los nacionalistas vascos (“no sabemos”, decía Oloriz, “a cambio de qué”). El bandazo de los cinco diputados del PNV daba la vuelta a la situación, haciendo que el sí ganase por un solo voto (174 a 173); entonces las tres diputadas viajeras tuvieron que buscar un vuelo de vuelta para poder votar.

La relación entre Ciudadanos y el Gobierno del PP tiene desde el principio algo de esquizofrénico por una cuestión, también, meramente electoral

“Hace unas horas que nos enteramos de esta situación y desde entonces no paramos de buscar la forma de volver para votar a tiempo”, escribía Rodríguez, de Podemos (En Marea), en su Facebook. Quizá forme parte esto también de los enredos, porque los centuriones tanto de socialistas como de populares hicieron abortar cualquier clase de viaje oficial a su infantería ante las votaciones. (Mientras tanto, otro diputado de Unidos Podemos, de baja por enfermedad, tampoco había solicitado todavía el voto a distancia, y se quedó efectivamente fuera de la votación).

Finalmente llegó el vuelo a Barajas, a las 6 de la mañana, las diputadas pudieron votar en contra, y el marcador quedó en un contundente 175-142 a favor del no al decreto; derrota histórica por tratarse de la primera vez, desde 1979, que un gobierno no consigue sacar adelante un real decreto-ley (hubo otra ocasión, en 2006, pero por un error de votación). ¿Por qué, de repente, sólo 142 para el sí? Porque los 32 diputados de Ciudadanos (¿dónde está la bolita, aquí o aquí?) se abstuvieron en el último momento; tensando de paso aún más la cuerda con sus supuestos socios gubernamentales. Hubo otra abstención suelta, la de Íñigo Errejón, que se despistó al votar; seguramente porque no se encuentra aún en su nueva ubicación de la segunda fila.

La manera de manejar la situación por parte del Gobierno fue ampliamente contestada (atacada) por casi toda la oposición, con una virulencia que apenas podía sostener el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aguantando el granizo en su escaño. De la Serna defendió el decreto, que en sus palabras establece “en esencia que las empresas puedan contratar de forma libre a sus trabajadores”, arguyendo que se trata de la respuesta del Gobierno a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de diciembre de 2014, según la cual el sector de los estibadores españoles presenta una situación de monopolio incompatible con la legislación comunitaria de competencia; también con la entrada de otros estibadores del resto de la UE en puertos españoles. (El Estado puede enfrentarse a una multa de 134.000 euros diarios, a partir de la publicación de una segunda sentencia por incumplimiento de aquélla.)

Se trata, efectivamente, de una excepción en el panorama laboral español, ya que es el único sector en el que las empresas no pueden contratar directamente a sus trabajadores: tienen que hacerlo a través de la SAGEP (Sociedades Anónimas de Gestión de Trabajadores Portuarios). Lo que el decreto plantea es su eliminación, dando paso a un sistema libre de contratación directamente con las empresas que los trabajadores temen pueda socavar sus condiciones laborales (la dureza de su trabajo se compensa en este caso con un salario medio de 65.000 euros anuales), supresión de puestos de trabajo incluida. De la Serna aseguró que el Gobierno “no ha tenido el margen y la libertad de otros casos para decidir libremente los términos”, cuyos límites vienen “marcados por la Comisión Europea”, pero el resto de grupos de la oposición no opina lo mismo.

La soledad del PP

Es probable que lo que sucedió el jueves en el hemiciclo sea la enésima escenificación de los papeles que los partidos llevan interpretando desde el inicio de la legislatura; incluso desde los meses anteriores sin gobierno. César Ramos, del PSOE, reprochó al PP no haber tomado antes esta medida; según él, por cuestiones electorales: en 2015, “con elecciones municipales, autonómicas y generales no tuvieron tanto interés”. Pero las cábalas electorales son precisamente lo que ni socialistas ni cualquiera otro grupo político en el hemiciclo pierde nunca de vista. En este sentido, aun con estrategias harto discutibles, Podemos parece ser el grupo parlamentario grande con un comportamiento más definido.

El PSOE lleva procurando desde el otoño, con desigual fortuna, demostrar a su electorado que la Gestora que actualmente manda, tras la marcha de Pedro Sánchez, no es lo mismo que el PP. Tendrán también sus razones de interés general para hacerlo, pero, en este caso, abstenerse respecto al real decreto de la estiba, como pretendía el PP, hubiera dado muy mala foto en el telediario. La sesión de control al Gobierno del pasado 22 de diciembre, por ejemplo, es buena muestra de algunos de sus movimientos dentro/afuera (de tribuna): el mismo día que Meritxell Batet había recriminado al ministro de Interior, Zoido, que España debería estar recibiendo teóricamente la cifra de 17.307 refugiados, e Isabel Rodríguez hacía lo propio al ministro de Justicia sobre la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, el actual número 1 del PSOE, Antonio Hernando, firmaba con el PP un acuerdo en el que no estuvieron Ciudadanos ni Podemos para impulsar un real decreto que impidiese –supuestamente– los cortes de luz (que no variarían en realidad hasta la primavera).  

De momento, ya hay miradas oblicuas, entre C’s y PNV, a cuenta de la negociación presupuestaria con el Gobierno, por cuestiones que van más allá de los dineros

En cuanto a Ciudadanos, este jueves fue el diputado Fernando Navarro el encargado de explicar por qué su grupo se quitaba a última hora de la foto (de la derrota) en las votaciones del decreto de la estiba: aseguró que era en esencia una buena idea, pero –y aquí le tembló sutilmente la garganta– “¿tiene sentido que se presente un decreto sin los apoyos necesarios? En Ciudadanos creemos que no” (en Ciudadanos creían que sí horas antes, a falta de las tres diputadas ausentes). “Hemos pedido que se apuren hasta el final las posibilidades de negociación. Habría tenido más sentido retirar el decreto y esperar otra semana”.

La relación entre Ciudadanos y el Gobierno del PP tiene desde el principio algo de esquizofrénico por una cuestión, también, meramente electoral: si orbitan demasiado lejos de ellos pierden su influjo como salvadores de la derecha moderna y se acercan peligrosamente al PSOE, cuando ya hay un PSOE en la galaxia; si orbitan demasiado cerca corren el riesgo de ser deglutidos por el agujero negro (o Estrella de la Muerte) que lleva monopolizando todo el espectro de la derecha española desde hace décadas –los resultados de las últimas elecciones, sus escasos 32 diputados, cuando se esperaban bastantes más, es prueba de ello.

No les gustará salir en la foto perdedora, pero no deja de intuirse también en movimientos así (en el abstenerse a última hora sobre el tema de la estiba) una suerte de retracción para regresar a esa tierra de nadie que viene siendo su hábitat natural; menos por sentirse cómodos ahí que por tratar de diferenciarse en lo posible del PP. [Y sin embargo se les vio aplaudir a algunos de ellos, la semana pasada, a Dolores Cospedal, cuando ésta replicó al diputado del PNV Mikel Legarda a cuenta de cierto vídeo polémico de la televisión pública vasca.]

Al hilo de esto, los enredos de que hablábamos al principio, para tratar de convencer a los ex Convergencia de abstenerse en la votación del real decreto y conseguir el apoyo del PNV, son similares a las negociaciones que el PP viene trenzando en los últimos tiempos para conseguir alianzas suficientes de cara a aprobar los Presupuestos Generales del Estado en el mes de junio –una vez se conozca el nombre del nuevo secretario general del PSOE–. Algo que, de no llegar a puerto, podría hacer saltar por los aires la presente legislatura y provocar una nueva convocatoria electoral; para la que todos los grupos, como decíamos, parecen vivir todo el tiempo preparados: con un ojo en el Congreso y otro en lo que podría pensar la gente de lo que hacen en el Congreso apenas unos meses después. De momento, ya hay miradas oblicuas, entre Ciudadanos y PNV, a cuenta de la negociación presupuestaria con el Gobierno (como explica aquí Esteban Ordóñez), por cuestiones que van más allá de los dineros.