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Los Presupuestos Generales del Estado son la quilla de un Ejecutivo, simbolizan su capacidad de romper las aguas, mantenerse a flote y ejercer una acción de gobierno efectiva. Pero en la presente legislatura, las aguas vienen más densas, con tramos helados: gajes de la pluralidad parlamentaria. Se ha impuesto el silencio sobre lo relativo a las negociaciones, pero se perciben movimientos bajo la epidermis del día a día del Congreso, pequeñas rebeliones, sospechas, constricciones. El equilibrio es delicado, el PNV presiona desde una banda para obtener unas compensaciones que podrían golpear la línea de flotación de Ciudadanos, el otro socio fundamental. Aun así, los nuevos presupuestos parecen dotados de antemano de una fragilidad irrompible.

Sólo en situaciones como estas se hace visible el gesto de minoría parlamentaria en el Partido Popular. De repente, actúa como si la diplomacia política integrara el catálogo de sus instintos. Los del albatros necesitan acuerdos multilaterales. Sus 137 escaños los obligan. La opción más manejada es la que suma a Ciudadanos (32) con Coalición Canaria (1), Nueva Canaria (1) y el PNV (5). Si se aseguran el sí o la abstención de estas formaciones, las nuevas cuentas prosperarán. El otro nacionalismo-muleta tradicional, el de PDC, queda descartado por el conflicto territorial: parece difícil que el día de votación el instinto burgués pueda hacer tropezar el dedo de alguno de sus diputados.

Los últimos movimientos en el País Vasco apuntan a que el PNV ha tomado la delantera a Ciudadanos para marcar su huella en los presupuestos. El miércoles 15 se confirmó la noticia de que el PP apoyaría las cuentas del gobierno autonómico del PNV y el PSE. En las semanas previas habían comenzado a repartirse esos elogios discretos, aseados y superficiales que en política sirven para maquillar los frecuentes giros marxianos (de Groucho) y cambiar unos principios por otros.

Albert Rivera advirtió de que no secundaría los presupuestos de 2017 si el PP introducía a los presos en la ecuación

El acuerdo se ha fraguado, pero ambas formaciones insisten en desconectarlo de la negociación en clave estatal. Aitor Esteban, portavoz en el Congreso del PNV, avanza con mucha discreción. En el grupo vasco han decidido no conceder entrevistas, pero aflora en distintos medios de comunicación la orientación de sus demandas: fuertes inversiones, actualización del cupo, e incluso la transferencia de competencias como la política penitenciaria. El 13 de enero, en una visita a un foro político de Valladolid, Albert Rivera advirtió de que no secundaría los presupuestos de 2017 si el PP introducía a los presos en la ecuación: “Intercambiar cromos de presos de ETA por presupuestos es una irresponsabilidad”, dijo.

Uno de los dogmas fundacionales de los naranjas anida en el cuestionamiento del papel, a su juicio, desproporcionado que los nacionalismos periféricos han desempeñado en la democracia española. Pero, en estos días clave, esta formación también prefiere nadar en la sutileza. Fuentes del partido esquivan valorar la encrucijada de los Presupuestos porque, argumentan, no cuentan con el “necesario rigor” ya que desde el Ministerio de Hacienda todavía no les “han hecho llegar el desglose de las partidas”. En estas partidas debería aparecer el desembolso de 3.850 millones de euros pactados para las medidas económicas y sociales que se incluyeron en el pacto de investidura, entre las que se incluye un complemento salarial para trabajadores pobres menores de 30 años que, afirmó José Manuel Villegas, podría rondar los 400 euros. A principios de semana, Villegas no esgrimió mayores contemplaciones políticas y condicionó el apoyo de su grupo a la inclusión de estos números en las cuentas.

El 16 de marzo, exactamente un día después de que en el País Vasco se consolidara la buena sintonía entre los populares y el PNV, se produjo una imagen de derrota en el Congreso inédita desde 1979. El decreto ley sobre la liberalización del sector de los estibadores quedó derogado. Ciudadanos se había planteado apoyarlo, pero en la misma mañana de la votación anunció su abstención. Al final de la votación, la preocupación recorrió los sillones de la bancada azul. Los conservadores sólo lograron sus síes y los de los nacionalistas vascos. Es cierto que la incorporación de los de Rivera, igualmente, habría dejado la norma a las puertas de la aprobación, pero el gesto ha cabreado al Ejecutivo. Al menos de manera indirecta o simbólica, el partido naranja ha ondeado su cuota de poder parlamentario. La imagen está servida: los de Mariano Rajoy y los de Aitor Esteban se quedan solos.

Podría interpretarse como una tentativa de catarsis. Desde la firma del pacto de investidura, el PP, consciente de su posición de poder adquirido, ha relativizado ciertas partes del acuerdo. El último enganchón ocurrió por los vaciles de Rajoy al intentar desviar la comisión de investigación de la financiación de su partido al Senado. Rivera se tocó la cara y, más tarde, se plantó con PSOE y Podemos en el registro del Congreso para escudriñar las cuentas de Génova.

A pesar de los desafíos, existe un techo de cristal en la acción política de Ciudadanos que se ha hecho más palpable conforme traspasaban casi todas las líneas rojas que trazaron de camino al Parlamento. Un techo de cristal que les impide revolverse hasta las últimas consecuencias contra el Gobierno y que suelen embellecer con el mantra de la “responsabilidad de Estado”. El 31 de marzo, el Consejo de ministros espera aprobar su propuesta de cuentas para 2017, - aunque tendrá que ser votada más tarde por el Parlamento- y se da por hecho que contará con el apoyo de Albert Rivera.