CTXT necesita 300 suscripciones mensuales para ser sostenible y cada vez más independiente. Puedes ayudarnos aquí

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

La legislatura que arrancó en 2011 fue la más larga de la historia en tiempo real y, además, con el rodillo azul vaciando lo que quedaba de Estado del bienestar, recortando derechos y libertades, se convirtió en la más larga también en tiempo relativo. Era un lapso imposible: no se atisbaba el final. El bloqueo parlamentario obligó a los partidos, sobre todo al principal de la oposición, a acumular capital simbólico, a contrarrestar el abuso histórico de poder con las llamadas a un futuro de reconquista. Nació la épica de la derogación; un relato de resistencia, no de construcción: la única postura discursiva que podía permitirse el PSOE después de tantas claudicaciones. Pero llegó Podemos y sumó a aquella resistencia la posibilidad de articular algo nuevo y creíble. Para los socialistas, a título espiritual, sólo quedó habitable el cuarto de la negación: el lema “No es no” ha excitado a unas bases para las que la única razón de ser era no ser, o acurrucarse en el haber sido.

El partido de la Gestora, consciente de ese impulso en la militancia y del precipicio de las primarias (y aprovechando que los morados aún se mueven en la Cámara con andares sietemesinos), se agarra fuerte a la bandera de la derogación. El martes 21 de marzo la proposición de ley del Grupo Socialista para acabar con la Ley Mordaza (emblema de la degradación democrática) obtuvo 177 votos y prosperó. Otra propuesta del PNV que, en vez de derogar, plantea reformar la norma, alcanzó 211 síes. Por segunda semana consecutiva, los populares probaron el sabor a cobre del revés parlamentario, aunque esto pareció dolerles menos que el decreto de la estiba.

Los nacionalistas vascos limitaron su escrito a modificar unos cuantos preceptos de la Ley Mordaza. El Partido Popular lo agradeció

La clave de la ausencia de catastrofismo en las filas conservadoras hay que buscarla en el refuerzo mayor que logró la proposición del PNV. Los nacionalistas vascos limitaron su escrito a modificar unos cuantos preceptos de la Ley Mordaza. El Partido Popular lo agradeció: ambos textos, dijo el popular Martín-Toledano Suárez, son “antagónicos”. Ciudadanos votó sí a la iniciativa de los vascos y se abstuvo en la del PSOE. Esta vía quizás permita en el futuro perfilar un equilibrio que mantenga más viva que muerta la ley de 2015.

El portavoz de Interior del PSOE, Antonio Trevín, subió a la tribuna al iniciarse el pleno. Su grupo ya había presentado en noviembre una moción para instar al Gobierno a suprimir la Mordaza, pero aquello sirvió apenas para tomar el pulso del patio; en cambio, ahora sí se abría el proceso hacia un cambio efectivo. El Parlamento permaneció prácticamente vacío durante toda su intervención. Trevín desautorizó la ley en vigor. “La excusa de la crisis servía para ir arrasando con todo”, se convirtió al ciudadano en un “reo sancionable”. Criticó que nunca antes en democracia se había aplicado más duramente la “legislación al discrepante”. Comparó el rechazo social a la Mordaza con la negativa de la ciudadanía a la Guerra de Irak. Recordó la “paranoia autoritaria” que había provocado casos como la sanción a una joven por vestir una camiseta con una parodia del acrónimo ACAB (all cops are bastards) que significaba, en ese caso, all cats are beautiful. El despropósito puso a aplaudir hasta a Pablo Iglesias. Sin embargo, en realidad, los socialistas llegaban montados en su épica de la regresión: como resaltó el resto de grupos, estaban presentando en las Cortes un híbrido entre una serie de podas del texto popular y la reactivación de la famosa Ley Corcuera del 92, que en su día fue mutilada por el Tribunal Constitucional  y, además, contestada por partidos y sindicatos. Finalmente, Trevín rechazó las devoluciones en caliente y los ataques a la libertad de expresión como el hecho de facultar a las fuerzas de seguridad para requisar el material gráfico a los periodistas. “La ley siempre fue pasado”, concluyó, “desprendía un sospechoso hedor rancio”.

Por el PNV, Mikel Legarda defendió el texto de su grupo, que modifica en 44 preceptos la ley original para restaurar los “principios de proporcionalidad y ponderación” que garantizan el equilibrio en “el binomio libertad-seguridad”. Abogó también por suprimir las limitaciones a los medios de comunicación y aludió a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para amparar la necesidad de “respetar la libertad de reunión y manifestación”.

La propuesta socialista incluye una infracción contra las reuniones en lugares de tránsito público que formó parte de los puntos recurridos ante el Tribunal Constitucional

Sin embargo, a pesar de los titulares rápidos que anuncian el fin de una era, a juicio de los colectivos que vigilan la actividad legislativa, ninguna de las propuestas supondría un enriquecimiento profundo de las libertades. La plataforma No Somos Delito, que aglutina a decenas de grupos contra la Ley Mordaza, lleva tiempo avisándolo. Critica la vuelta a los años noventa de los socialistas y el abuso de conceptos jurídicos genéricos que propician una “situación de indefensión”. En su manifiesto de 10 puntos, asegura que se siguen confundiendo los conceptos seguridad ciudadana y mantenimiento del orden público. “Tanto PNV como PSOE pierden la oportunidad de regular de manera más garantista los supuestos en los que se puede requerir la documentación a fin de evitar controles de identidad discriminatorios”, critican. Lo más llamativo del informe es que destaca que la propuesta socialista incluye una infracción contra las reuniones en lugares de tránsito público que formó parte de los puntos recurridos ante el Tribunal Constitucional: en la Ley Mordaza era el 37.1; en la actual proposición socialista, el 26j.

Por descontado, nadie, salvo el PP, iba a posicionarse frontalmente en contra de modificar la ley de 2015. Lo más cercano fue el movimiento de Ciudadanos absteniéndose ante la proposición socialista. Su portavoz, Miguel Gutiérrez, les recordó que el fallido Pacto del Abrazo con Pedro Sánchez hablaba de reforma de la Ley Mordaza, no de derogación.

Pese a todo, era uno de esos momentos en que, de verdad, el Parlamento se creyó su papel. Gabriel Rufián, de ERC, antes de explicar un esquema de agravios comparativos de la eufemística ley de seguridad ciudadana, dijo que era uno de esos “días que esperas cuando te metes en política”. Eduardo Santos, de Unidos Podemos, tocó la fibra generacional: “Qué felices años 80… hasta que llegó José Luis [Corcuera] y dijo 'ya estamos en las instituciones y las libertades no importan', y mandó a parar”. Santos cargó contra la Mordaza, pero pluralizó el término (“Hablamos de leyes mordaza”) para acordarse de los titiriteros y disparar contra la ampliación de los delitos de terrorismo pactada entre PP y PSOE. “Tendremos que negociar”, avisó, “hablaremos, pero no vamos a dar un cheque en blanco”.

El día 23 de marzo se inició el desmantelamiento de lo que para el New York Times fue un preocupante “retroceso a los oscuros días del régimen franquista”. Pero no hubo euforia ni consternación en el Congreso. Al menos de manera creíble. ¿Y si la ley ya cumplió su función? Su objetivo era erradicar la mayor ola de movilización ciudadana desde la Transición; bloquear a la gente, multarla, encerrarla, presionarla mientras se consolidaban los recortes; criminalizar a los manifestantes, a los colectivos, poco a poco, sin resultar creíbles al principio, pero introduciendo conceptos en la sombra que calaran en la población, que la pusieran recelosa: considerar violencia lo que no lo es, falta o delito lo que no lo es. Atar hasta que se durmiera a esa contestación que nacía de un impulso de defensa contra los ataques del Estado. El popular Martín-Toledano Suárez se mostró más agradado por la postura del PNV, pero votó en contra igualmente: “La ley es equilibrada y no ha suscitado grandes problemas, más bien pocos problemas”.