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¿Puede el agua nublar el entendimiento? Sí. Sin duda. Sobran episodios que lo demuestran. El último lleva unas semanas desarrollándose en torno a la reseca zona de Catalunya donde la cuenca del Segre, un afluente catalán del Ebro de origen francés en el que confluyen caudales andorranos y aragoneses, limita con las del Anoia y el Gaià.

Cuatro pueblos  de esa zona que suman menos de 3.500 habitantes –el barcelonés Montmaneu y los tarraconenses Santa Coloma de Queralt, Les Piles y Farés-- llevan años sin agua potable. Oficialmente, desde que, hace algo más de una década, la revisión al alza de los estándares de calidad de la Unión Europea situó por debajo de los niveles de potabilidad los pozos de los que se abastecen, cuyas aguas van sobradas de nitratos y sulfatos. “Nos quedamos sin agua potable. Antes se bebía y no pasaba nada, pero la presencia de sulfatos y otros elementos hace que no sea potable”, explica Magí Trullols, alcalde de Santa Coloma.

El Gobierno central y la Generalitat se pusieron a buscar una solución, y la hallaron allí mismo: los cuatro pueblos, todos ellos con parte de su término en las cuencas del Segre-Ebro y a los que resulta técnicamente complejo abastecer desde las Cuencas Internas de Catalunya, formarían parte de los 43 municipios que iban a recibir agua de boca desde el canal Segarra-Garrigues, un acueducto diseñado para transformar en regadío 70.000 hectáreas de secano con agua del embalse de Rialb, el último pantano que se tragó un pueblo en España, pero que, mil millones después, riega menos de 10.000. Nadie sabe qué destino tendrán sus caudales cuando esté terminado.

La transferencia de agua a los cuatro municipios “cuyo ámbito territorial se encuentra entre la cuenca del Ebro y las Cuencas Internas de Catalunya”, de 620 millones de litros --0,62 hectómetros cúbicos--, está autorizada desde que, en octubre de 2010, Rosa Aguilar firmó como ministra de Medio Ambiente la orden que actualizaba el convenio suscrito en 2006 por la Generalitat y Madrid, inicialmente previsto para garantizar el abastecimiento de 43 pueblos que sumaban 62.606 habitantes y que se esperaba que llegaran a 83.811 en 2030 cuando en realidad sus padrones menguan. Los caudales, que solo llegarán a 32, iban destinados “exclusivamente” a agua de boca y el minitrasvase a Montmaneu. Santa Coloma, Les Piles y Farés quedaba autorizado “de forma puntual y transitoria” para caducar en cuanto pudieran abastecerse desde una cuenca catalana.

El déficit y las interconexiones catalanas

La solución, que parecía de sentido común, y más si se tiene en cuenta que desde julio de 2010 el acceso al agua potable y el saneamiento de la utilizada es un “derecho humano esencial”, quedó en el olvido durante más de seis años. Concretamente, hasta que, el pasado mes de marzo, el Consejo Nacional del Agua aprobó el nuevo Plan Hidrológico de las Cuencas Internas de Catalunya para el periodo 2016-2021, en el que la Generalitat incluyó las obras que, ahora, ya sea por su urgencia o por los requerimientos estéticos del processisme, estaba decidida a ejecutar por su propia cuenta, sin apoyo de Madrid.

La mitad del agua del Ebro, el mayor torrente de Europa, no se puede aprovechar precisamente por su carácter torrencial

La iniciativa salió adelante con el único voto en contra del Gobierno de Aragón, receloso por el hecho de que un tubo vaya a llevar agua de la cuenca del Ebro a su vecina del este cuando ese mismo documento alerta del déficit de 352 hectómetros de esa área y su ejecutivo autonómico plantea inversiones por valor de 367 para mejorar las conexiones de los trasvases de la comunidad, entre ellos un refuerzo del que ya lleva caudales del Ebro hasta Tarragona.

En la práctica, el debate se ha centrado en el minitrasvase a los cuatro pueblos, en una tormenta política en la que al ancestral enfrentamiento entre Aragón y Catalunya por asuntos hídricos se le suma el tradicional entre las Terres de l’Ebre y Barcelona: enemigos exteriores e interiores enfrentados por un volumen de agua equivalente al que cabría en el Nou Camp, o al que consumen en un año 5.600 familias de tres miembros.

“El tubo no va a tener más de doce centímetros”

“El tubo no va a tener más de doce centímetros de diámetro. Intentar decir o pensar que esto puede ser un trasvase a Barcelona es vergonzoso. La tubería no dará de sí ¡Pero si no les llegaría más que para unos cuantos bloques de pisos!”, dice Trullols, que recuerda que la demanda se ha modificado a la baja mientras insiste en que “estamos hablando siempre de agua de boca, de la que sale por los grifos de las casas”. “Esto no supone ningún perjuicio para nadie, no hay motivos para la controversia”, añade el alcalde de Santa Coloma.

El debate entre Aragón y Catalunya, entre Tortosa y Barcelona, tiene su origen en el temor atávico a no poder aprovechar un recurso del que la metrópoli catalana carece aunque lo ve cerca y que ni Aragón ni el Baix Ebre, donde el delta pierde terreno y el mar remonta cada vez más el rio, acaban de aprovechar pese a que los atraviesa. De hecho, ni siquiera está claro que existan esos recursos que cada cual reclama para sí.

Entre otras causas, porque la mitad del agua del Ebro, el mayor torrente de Europa, no se puede aprovechar precisamente por su carácter torrencial, en el que resulta clave el hecho de que dos de sus principales afluentes, los navarros Arga y Ega, sigan siendo ríos libres, sin presas que los regulen. También, porque mientras los agentes de la cuenca se dedicaban a teorizar sobre su futuro aprovechamiento el avance del regadío y el cambio climático han esquilmado sus recursos: el pasado año hidrológico pasaron por el delta 8.611 hectómetros cúbicos, casi 10.000 menos de los que, anotados en un papel, sirvieron de base para los planes trasvasistas de Felipe González hace 25 años y para los de José María Aznar hace quince. Y, en parte, también porque los posicionamientos en torno al processisme dificultan cualquier tipo de acuerdo prácticamente en cualquier materia.

La inviabilidad social del Segarra-Garrigues como nueva zona de regadío, donde grandes compañías agropecuarias comienzan a explotar unas tierras cuya transformación no resulta rentable ni apetecible para la envejecida población local, siempre ha discurrido acompañada de especulaciones que lo señalan como eventual fuente de caudales para el futuro trasvase que paliará el déficit de la capital catalana. En caso de desconexión, sería un asunto interno de Catalunya; de no producirse, esa transferencia requeriría la previa autorización del Gobierno central por decreto o de las Cortes por ley.

Más grifos fuera que dentro del Ebro           

Sería, en cualquier caso, el noveno trasvase externo que soportaría la cuenca del Ebro, cuyas aguas salen por más grifos fuera de su demarcación que dentro de ella. La demanda urbana de la cuenca es de 358 hectómetros cúbicos anuales, mientras que los trasvases al exterior se llevan casi 500 --484 en 2012--, con aportaciones destacadas como los 80 suministrados a Tarragona, los entre 140 y 270 que van a parar a Bilbao a través de los sistemas Zadorra--Arratia y Cerneja--Ordunte y los alrededor de cien que cada año recorren la Autovía del Agua de Cantabria desde el Ebro--Besaya, que se complementa con el Alto de Tornos. Completan la lista las transferencias del Ciurana al Riudecanyes, en Tarragona; el Alzania-Oria, de pequeña entidad y fines hidroeléctricos y que cumplirá un siglo dentro de diez años, y el Carol-Ariège, una compensación por la explotación francesa de los recursos del río Lanós.

Mientras se mantiene la tensión dialéctica en torno al abastecimiento a los cuatro pueblos catalanes, Generalitat y Gobierno de Aragón mantienen su acuerdo total sobre una de las últimas ocurrencias de calado en materia hidráulica, bendecida por el Consejo del Agua hace unos meses y ejecutada por el Consejo de Ministros vía decreto: el establecimiento de reservas de caudales anuales a favor de comunidades autónomas en los planes hidrológicos de cuenca. El del Ebro contempla una de 40 hectómetros cúbicos a favor de la Junta de Castilla y León, 148 para el Gobierno de La Rioja, 21,7 para la Diputación Foral de Álava, 32 para Navarra, uno para Castilla-La Mancha, 10 para la Comunitat Valenciana, 445 a favor de Catalunya y nada menos que 6.550 a favor de Aragón.

Mientras los agentes de la cuenca se dedicaban a teorizar sobre su futuro aprovechamiento el avance del regadío y el cambio climático han esquilmado sus recursos

Es decir: 7.247 hectómetros cúbicos asignados –en realidad son 2.987, porque 4.260 del último cupo ya tienen destinatarios físicos-- en una cuenca que se plantea reordenar su consumo porque no le llega con sus recursos: 7.700 para un regadío que en quince años ha pasado de 700.000 a 900.000 hectáreas, 147 para la industria y 358 para las zonas urbanas, a los que hay que sumar más de 3.000 para caudales ambientales y los 500 que se llevan los trasvases mientras las previsiones apuntan a que sus recursos, que en las últimas tres décadas han oscilado entre los 18.117 de 1988 y los 4.121 de 2002, sufrirán en las próximas décadas una merma de entre el 5% y en 20% por efecto del cambio climático.

El Gobierno anuncia nuevos trasvases

Esas cifras tienen miga por varios motivos, además de suponer todo un indicio de cómo se planifica --¡¿?!-- la gestión del agua en España. Especialmente en el caso de Aragón. Por un lado, porque 850 de esos 6.550 hectómetros, destinados a cubrir en un futuro “necesidades de regadío, energéticas, industriales y de abastecimiento de población” aragonesa, se ubican entre las juntas de explotación del Eje del Ebro y del Bajo Ebro, esta última ubicada aguas abajo del pantano de Mequinenzay de territorio mayoritariamente catalán. Y, por otro, porque esa cifra incluye, además de las demandas ya consolidadas, “1.440 hectómetros al año para nuevos desarrollos” cuando sus propios destinatarios han renunciado a buena parte de ellos recortando la capacidad del embalse de Yesa, sustituyendo el pantano de Santaliestra por la balsa de San Salvador y descartando las presas de Biscarrués y de Torre del Compte.

En cualquier caso, el número 6.550 alcanza en Aragón categoría mítica cuando se pone en remojo: todo debate político gira en torno a él, aunque esa misma clase política lo recortara hace una década a otra cifra que nadie se anima a calcular en público. Ocurre algo similar con los 445 anotados a favor de Catalunya “provenientes del Segre y afluentes y Ebro” y destinados a cubrir “necesidades de regadío del plan de nuevos regadíos” en la demarcación hidrográfica del Ebro.

¿Para qué querrá Aragón derechos sobre unos caudales a cuyo aprovechamiento ha renunciado en la práctica? ¿Y para qué necesitará tener un volumen de agua anotado a su favor en territorio catalán? ¿Por temor a que alguien se los lleve en un trasvase? ¿En previsión de que una transferencia permita, si no monetizarlos, al menos rentabilizarlos políticamente? Y Catalunya, ¿va a implantar un regadío público o está haciendo acopio de derechos darles otro destino en un futuro?

Porque no hay dudas de que el nuevo Plan Hidrológico Nacional, que debe coordinar los de cuenca cuya renovación acaba de terminar, incluirá nuevos trasvases. Está anunciado desde el decreto que aprobó los doce primeros –Cantábrico occidental y oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Júcar y Ebro, más los de Ceuta y Melilla--, que recoge explícitamente cómo “la redacción del conjunto de los planes hidrológicos ha permitido poner de manifiesto la existencia de una serie de situaciones de necesidad de recursos hídricos que, a decir de algunos planes, no pueden ser atendidas en el ámbito territorial del propio plan; y que por consiguiente deben ser elevadas para una futura revisión del Plan Hidrológico Nacional”.