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Todo chiste, toda broma, tiene una víctima”. La frase es de un gran cómico británico, Rowan Atkinson, Mr Bean, preocupado por una nueva ley que iba a aprobar el gobierno conservador para satisfacer a quienes exigían respeto por sus creencias religiosas y castigo para quienes se burlaran de sus símbolos. La cita viene a cuento de lo que está ocurriendo en España: el Gobierno del PP, con la ayuda puntual del PSOE, se ha empeñado en reprimir el derecho a la crítica, y, consecuentemente, a la burla, la broma o el chiste. El chiste ha sido siempre una de las maneras más eficaces de criticar a los poderosos, dispuestos a exigir que se les rinda solemne respeto, a ellos y a sus creencias. La libertad de expresión no incluye solo el derecho a la crítica y a la broma, aunque sean sus pilares. Incluye el derecho a mostrarse como uno es, o quiere ser, el derecho a ser distinto de lo que el grupo dominante exige de ti, e incluso de lo que tu propio grupo espera de ti. El número 3 de El Dobladillo defiende el derecho a toda disidencia: el derecho a ser musulmán gay o gitana lesbiana, a defender todo aquello que cae bajo el delito de la sale gueule, la mala pinta, expresión inventada hace décadas por un ministro francés de horrible memoria, porque ese derecho es la raíz de la libertad.

Por eso creemos necesario llamar la atención sobre el enorme daño que están provocando la Ley Mordaza y la reforma de algunos artículos del Código Penal cuyo objetivo es reprimir la libertad de opinión, la disidencia y el pensamiento crítico. Como advirtió The New York Timeshace unos meses, la Ley Mordaza, que concede poderes especiales a la policía, nos retrotrae a los tiempos más oscuros del franquismo. Hacía mucho tiempo que un gobierno no se atrevía a dotarse de tantos instrumentos para censurar lo que le molesta o no le gusta. El bipartidismo ha recortado los derechos laborales y ha perseguido la actividad sindical, ha intentado acabar con el movimiento antidesahucios y ha recortado los derechos de expresión de los más vulnerables con procedimientos legales que actúan como poderosas tijeras en manos de la policía y de algunos fiscales y jueces más próximos al ideario franquista que al de una democracia avanzada.

La Ley de Seguridad Ciudadana, que entró en vigor el 1 de julio de 2015 junto a la reforma del Código Penal y la Ley Antiyihadista, está a punto de conseguir un objetivo que, mirado con calma, debería asustar hasta a sus propios artífices: está borrando las certezas sobre lo que es delito y lo que no, entre una conducta punible y otra que no lo es. Las ideas de “orden público”, “paz social”, “incitación al odio”, “ofensa a los sentimientos religiosos” o “falta de respeto” son cajones en los que caben situaciones muy distintas; trasladadas al lenguaje de los tribunales, están permitiendo al Gobierno recortar las libertades hasta niveles nunca vistos en la democracia española. La manipulación de los medios de propiedad pública, privada y concertada ayuda además a que los ciudadanos no sean conscientes del volumen que ha adquirido esta represión. Y mientras tanto, se va inoculando el miedo a la libre expresión mediante una artimaña muy eficaz: castigar a los insolentes, a los diferentes, a los disidentes, no ya mediante el ingreso en prisión (como la famosa ley de vagos y maleantes de Franco) sino mediante el apabullante uso de multas e inhabilitaciones civiles, que hacen un daño enorme a una población depauperada.

Instaurando este estado mordaza que bordea la Constitución, el bipartidismo sofoca la acción de individuos y colectivos que exigen más justicia en la salida de la crisis y luchan por los derechos suprimidos durante la recesión. Es el momento de pedir a los partidos democráticos que no colaboren más en este escenario orwelliano. La disidencia, la protesta, el humor y la sátira son la sal de la democracia. Sin ellas no hay libertad. Es urgente, por tanto, que las fuerzas parlamentarias corrijan la deriva inquisitorial derogando la Ley Mordaza, como recomienda la ONU, y modificando el artículo 578 del código penal, que aplica penas antiterroristas a ciudadan@s de a pie.