En España la tasa de desempleo juvenil se sitúa por encima del 40% desde hace años. Este grave problema lleva tiempo generando un intenso debate, económico y político, centrado en la búsqueda de soluciones. Sin embargo, los múltiples diagnósticos realizados no han cristalizado en políticas favorecedoras del empleo juvenil o no han obtenido los resultados esperados.

¿Por qué? ¿Cuáles son la razones por las que no funcionan adecuadamente las políticas para los jóvenes des­empleados? En general, el paro juvenil se ha definido como un fenómeno homogéneo, lo que oculta sus múltiples dimensiones ligadas a las debilidades estructurales del mercado laboral y a las diferencia de edad, formación y, en menor medida, sexo de los jóvenes.

Partiendo de esta diversidad, conviene analizar una de las últimas iniciativas europeas para fomentar el empleo entre los jóvenes, la Garantía Juvenil (GJ), un programa de la UE, en forma de recomendación, para todos los países de la región.

Los matices del desempleo juvenil

¿Se diferencia sustantivamente la población joven de la adulta en cuanto a sus motivaciones y capacitaciones para encontrar empleo y mantenerlo? ¿O es el desempleo juvenil el resultado de un modelo económico disfuncional que afecta por igual a jóvenes y adultos, pero que se visibiliza más entre los jóvenes en momentos de crisis económica?

desde mediados de los noventa existe en España una cierta estabilidad en la evolución de la ratio entre el desempleo juvenil y el desempleo general en España

Como se observa en el gráfico, desde mediados de los noventa existe en España una cierta estabilidad en la evolución de la ratio entre el desempleo juvenil y el desempleo general en España. Esto parece indicar que o bien que la crisis ha afectado por igual al desempleo juvenil y al desempleo total, o bien que el desempleo juvenil es un fenómeno estructural que se ha acentuado con la destrucción de empleo generada por la crisis económica.

En otros países, como los nórdicos, Alemania o Reino Unido, la crisis sí parece haber tenido un efecto claro en el incremento del desempleo juvenil comparado con la ratio de desempleo total.

Que el desempleo juvenil en España se pueda achacar en parte a un modelo productivo disfuncional no explica por qué las políticas de empleo no están funcionando adecuadamente. Un elemento a tener en cuenta en este sentido, es el hecho de que a menor edad y menor formación, mayor es la tasa de desempleo juvenil. Una tendencia que se ha acentuado durante la crisis. Sin embargo el desempleo no solo ha afectado a los más jóvenes (15-24 años) sin formación, sino también a los jóvenes adultos sin cualificación (25-29 años).

Centrarse solo en el primer grupo impide visualizar las dificultades que los jóvenes mayores de 25 años van a tener para ser empleados si no se invierte en su formación. Además, los jóvenes adultos se hallan en edad de formar pareja y tener hijos, por lo que su falta de empleo tendrá consecuencias en su vulnerabilidad económica, en la fecundidad y en las posibles situaciones de pobreza de sus futuras familias.

El papel de las políticas activas de empleo juvenil: el caso de la Garantía Juvenil

Para hacer frente al elevado desempleo juvenil se han desarrollado en toda la UE múltiples Políticas Activas de Empleo (PAE), gestionadas a través de los distintos Servicios Públicos de Empleo y consistentes en políticas for­mativas, políticas de asesoramiento en la búsqueda de trabajo, incenti­vos a la contratación y desarrollo de programas formativos. Estas iniciativas han tenido resultados desiguales y, en algunos casos, discutibles, debido, entre otras razones, a que estos programas no han tenido en cuenta la diversidad del desempleo juvenil y a la escasa participación de los afectados en su diseño. Cabe destacar, en este sentido, que varios estudios internacionales señalan una menor participación en España que en países como Francia, Alemania o Austria con tasas más reducidas de paro juvenil.

El acceso de los jóvenes parados más vulnerables a los servicios públicos de empleo sigue siendo insuficiente, según un informe de la Comisión Europea de 2016. Son aquellos con menor formación y los que cuentan  con estudios superiores los que menos se registran como demandantes de empleo. Sus razones parecen ser muy diferentes: los primeros cuentan con menos habilidades y competencias para buscar empleo y además suelen estar desmotivados; y los segundos, no confían en encontrar un empleo a través de estos servicios. Quienes más acuden a las oficinas de empleo son los jóvenes con educación secundaria. Los mismos que, según la evaluaciones realizadas en algunos países como Finlandia, más se han beneficiado de la Garantía Juvenil.

Varios estudios internacionales señalan una menor participación en España que en países como Francia, Alemania o Austria con tasas más reducidas de paro juvenil

Financiada por la UE, la Garantía Juvenil busca promover la formación y las oportunidades laborales para los jóvenes menores de 29 años, así como su inclusión social y la ciudadanía activa. Para ello, los Estados miembros se comprometieron a que los jóvenes menores de 25 años --29 en España-- tuvieran una oferta de empleo o de formación en los cuatro meses posteriores a la finalización de sus estudios o de estar en situación de desempleo.

El escaso éxito de la Garantía Juvenil en España

En España esta iniciativa se empezó a implementar en 2014, con una asignación de 943.496.315 euros para el período 2014-2020.

El porcentaje de jóvenes desempleados españoles inscritos en la Garantía Juvenil ha aumentado desde agosto de 2015 (mes en que se amplió el rango de edad hasta los 29 años), si bien aún es limitado.

En el caso de los regis­trados como demandantes de empleo, el porcentaje de inscritos era del 52,9% en el tercer trimestre de 2016. Ahora bien, si se toma como referente el número de parados jóvenes de la Encuesta de Población Activa, el porcentaje apenas alcanza el 30%.

Si se suman los datos de la EPA de jóvenes inactivos que no estudian y jóvenes parados en la misma situación, aún desciende más, hasta el 14%, entre los jóvenes que ni estudian ni trabajan.

Las causas de este escaso éxito entre los jóvenes pueden hallarse, por un lado, en la escasa visibilidad de las campañas publicitarias, y, por otro lado, en la limitada capacidad administrativa, presupuestaria y de personal que tienen los Servicios Públicos de Empleo para llegar a los jóvenes en España, según señalaba la Comisión Europea en 2016. Prueba de ello es que tan solo el 25% de los jóvenes españoles conocía en abril de ese año esta iniciativa, frente al 51% de los jóvenes finlandeses.

Además, en 2015 tan solo el 32% de los jóvenes españoles habían conseguido empleo después de llevar seis meses inscritos en la Garantía Juvenil, frente al 87% de los jóvenes franceses o el 71% de los suecos.

Según el Informe de la Comisión Europea de 2016, uno de los problemas de su aplicación en España es la ineficiencia de estos servicios públicos para hacer frente al desempleo juvenil. El informe también señala que estos servicios no disponen de medios suficientes para contactar con los jóvenes que han abandonado el sistema educativo sin un título de formación secundaria, entre otras razones porque generalmente no están registrados en ellos.

Una última deficiencia de la aplicación de la Garantía Juvenil en España es la falta de indica­dores y medidas para evaluar y monitorizar su eficacia, a pesar de que estos se contemplaban en su diseño inicial.

Entre otros países donde sí se han realizado evaluaciones destaca un dato: los jóvenes más beneficiados por las políticas de empleo y concretamente por la Garantía Juvenil tienen entre 15 y 24 años y educación secundaria; las mujeres, en mayor medida que los hombres, y los jóvenes desempleados, en mayor medida que los inacti­vos con menor formación. Es decir que los colectivos que menos se han acogido a esta iniciativa son, por tanto, los más vulnerables y con mayor riesgo de acabar en situa­ciones de pobreza. Esto debería servir de lección aprendida para no cometer en España los mismos errores.

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Este artículo ha sido elaborado a partir de lo expuesto en el texto El reto de la Garantía Juvenil, de Almudena Moreno, profesora titular de Sociología de la Universidad de Valladolid, publicado en el Observatorio Social de “la Caixa”.