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Retomemos la imagen consagrada: los dos trenes circulan por la misma vía en sentido contrario y, a la velocidad que van, en poco tiempo colisionarán. Parece que en las respectivas locomotoras sus maquinistas no están dispuestos a frenar y, a lo sumo, sólo esperan que el otro pare a tiempo, como si fuera el protagonista de una apuesta de la que se supiera perdedor. Todo indica que la esperanza de que ello ocurra es vana ilusión y en el trayecto que resta no hay lugar para que algún guardagujas desvíe el curso de uno de los convoyes e, in extremis, se evite el encontronazo.

El maquinista Puigdemont, al frente de la Generalitat, ha anunciado a dónde dirige el tren que pilota: a un referéndum unilateral, ilegal, por tanto, a celebrar el 1 de octubre próximo presentando esta pregunta a quienes en él participen: “¿Quiere que Catalunya sea un Estado independiente en forma de una república?”. La pregunta se presenta relativa a un deseo, a una preferencia de quien se acerque a votar, lo cual es fórmula débil para ser expuesta como propia de un supuesto referéndum de autodeterminación. Tal anuncio, además, con lo que tiene de publicitario, encierra la coletilla sorprendente que supone incluir en el interrogante que el anhelado Estado independiente tendrá “la forma de una república”, lo cual, si bien es sabido que se incluye para contentar demandas de ERC y CUP, implica una suerte de redundancia inútil por cuanto, que se sepa, no hay en circulación ninguna propuesta que hable de un Estado independiente para Catalunya en forma de monarquía. 

Hay que subrayar como sobresaliente que, en cualquier caso, el anuncio en cuestión, hecho con el más fervoroso ceremonial cívico, no cuenta, sin embargo, con decreto que lo establezca, con ley que lo ampare o con algún acta del mismo Consell Executiu de la Generalitat en donde se recoja la decisión del ejecutivo autonómico al respecto. Hecho todo para evitar recurso ante el Tribunal Constitucional y, tras él, denuncias que en los juzgados puedan acarrear penas gravosas para los protagonistas de la decisión de la Generalitat, no deja de suponer a la vez una notable falta de coraje político para defender con gallardía aquello en lo que se presume que se pone toda la convicción, aunque sea contrario a la ley, lo cual resta credibilidad a la intención política como decidida voluntad de llevar a cabo el anunciado referéndum arrostrando las consecuencias. Si por ilegal podría calificarse ese referéndum, de llevarse a cabo como se anticipa, de un acto de insumisión, lo cierto es que no se trataría de un ejercicio de desobediencia civil, la cual implica no sujetarse a una norma que se considera injusta, pero aceptando la pena que recaiga sobre quienes quebranten la ley en el empeño de reivindicar que la ésta cambie, conforme a los principios del sistema legal en que se inscribe, para que en verdad sea justa. En este caso no hay ni ética ni épica para tanto.  La estética no pasa de los difusos rasgos de un acto de rebeldía con tonos de populismo soberanista.

Hay que subrayar que el anuncio en cuestión, hecho con el más fervoroso ceremonial cívico, no cuenta, sin embargo, con decreto que lo establezca ni con ley que lo ampare 

 El tren del gobierno español, con el impertérrito Rajoy de maquinista cuasi robotizado, se mantiene a la velocidad que señala la hoja de ruta de la “no-ruta” inmovilista por la que se rige. Viendo que la vía está ocupada, que el otro tren sigue su alocada marcha, que el encontronazo arrojará a los dos al abismo…, no por eso cambia ni el gesto ni su rígida forma de pensar: si en años anteriores no se hizo nada por reconducir el choque que podría ser catastrófico accidente, ¿por qué hacerlo ahora, cuando los que marchan en sentido contrario mantienen su empeño a riesgo de un fracaso total para su apuesta? ¡Que los otros renuncien a la apuesta! Tal es la expectativa de una derecha españolista ciega y arrogantemente parapetada tras la ley, que ha convertido la Constitución en una suerte de muro construido a base de sacos terreros con poca capacidad de resistencia. Entre medias, vislumbrando el desastre, se hallan, por un lado, socialistas implorando diálogo –sin llegar a hacer una propuesta con suficiente calado como para convencer de que para los mismos independentistas es mejor frenar que seguir y de que para los leguleyos españolistas es más acorde con su proclamado interés negociar que cerrarse en banda-; y, por el otro, los defensores de un referéndum pactado, como muchos de los integrantes del Plan Nacional por el Referéndum que ha tenido como portavoz al incansable Joan Ignasi Elena. Pero no hay manera. Parece que un fantasmal César declaró de nuevo “alea jacta est” teniendo el Ebro como nuevo Rubicón.

Muchos, ante espectáculo tan penoso, sabemos que la intransigencia del gobierno del PP al frente del Estado ha incentivado las mismas ansias de independencia de Catalunya. Pero, con todo, lo injustificable de tan ciega actitud política, que alcanza extremos de arrogancia declarando enfáticamente que no habrá referéndum alguno, no legitima de ninguna manera lo que por el otro lado se lleve a cabo cometiendo excesos indefendibles y acumulando déficits inasumibles. Es decir, la cerrazón respecto al orden legal, echando toda clase de cerrojos en vez de abrirlos al hilo de un diálogo político en búsqueda de soluciones con respaldo jurídico, también para un referéndum en el que la ciudadanía de Catalunya exprese su voluntad política, no justifica el proceder reactivo que lleva a plantear un referéndum ilegal que, a falta de pacto, ha de ser unilateral, para ser así desde su raíz un acto político al que le faltarán condiciones necesarias y suficientes para ser considerado legítimo dentro y fuera del Estado español –como señala la Comisión de Venecia al insistir en que el referéndum debe ser acordado, o como dan a entender procesos de referendos anteriores como los llevados a cabo en Escocia o Quebec-. 

El caso es que, incluso con explicaciones exhaustivas de por qué se ha llegado a un punto de confrontación como éste en que estamos, hay una cuestión de fondo que lleva a pensar en lo injustificable de un referéndum unilateral, por ser injusto en lo que pueda conllevar su realización. Si un referéndum así se plantea como lo que corresponde al pueblo catalán como sujeto político –al que se atribuye una soberanía de origen histórico como “nación milenaria” según fórmula al uso entre soberanistas-, a tenor de un concepto de soberanía que emana de la nación como un todo, lo cierto por otra parte es que dicha nación es la que se dice de una sociedad plural compuesta por millones de individuos con derechos reconocidos que son, precisamente, los que les hacen poseer la condición de ciudadanas y ciudadanos. Éstos han de ver protegidos tales derechos y posibilitados los mismos en cuanto a su ejercicio en igualdad de condiciones. Será injusto que un referéndum hecho desde la invocada soberanía de un pueblo, justo para alcanzar pleno reconocimiento político, se llevara a cabo con merma del reconocimiento de los derechos de los individuos.

Muchos, ante espectáculo tan penoso, sabemos que la intransigencia del gobierno del PP al frente del Estado ha incentivado las mismas ansias de independencia de Catalunya

La invocada soberanía, que ha de pasar el filtro de una justificación racional no limitada a un relato historicista, y el obligado respeto a los derechos de la ciudadanía no pueden ir por separado. Esos dos polos desde los que se teje la acción política, máxime en acciones con efectos jurídicos, han de fecundarse mutuamente, lo cual es lo que, al decir del filósofo Jürgen Habermas, ocurre en un Estado democrático de derecho que en verdad lo sea. Ejercicio democrático de la soberanía y principio de legalidad al que dicho ejercicio ha de responder para no recaer en lo arbitrario o en abusos de una mayoría desconocedora de derechos de las minorías, han de ir procedimentalmente bien conjugados. Sería triste paradoja que se proceda a un referéndum unilateral que gravita sobre la soberanía, a cuyo reconocimiento y pleno ejercicio se aspira, laminando derechos individuales vinculados a la libertad como autonomía de los individuos, privados muchos de ellos además de la posibilidad de encontrar su preferencia política igualmente presentada como opción al lado de otras, amén de confrontados a un plebiscito ilegal que desde su misma convocatoria supone violentar derechos de los ciudadanos y ciudadanas por cuanto no deben ser constreñidos a cometer un delito.

Un referéndum unilateral no sólo es socialmente lesivo e inconveniente políticamente, y no sólo origina un déficit de legitimidad que se vuelve contra las mismas pretensiones de los convocantes, sino que entraña una injusticia de raíz que vicia su planteamiento y posible realización. Si se pretende que la ciudadanía exprese su voluntad sobre un Estado independiente en forma republicana, atiéndase a lo que lo republicano comporta de democracia radicalizada, no de democracia falseada. Quizá con ello pueda dialogarse en pos de una solución transitable y digna para las partes, por más que ello sea también in extremis a estas alturas, suponiendo que a los respectivos maquinistas de tan irracionales trenes les quede la suficiente razón moral para orientar políticamente el cambio de agujas que evite una colisión frontal.