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¿Qué habrá llevado a Mariano Rajoy a llevarse la contraria a sí mismo y a saltarse aquel principio suyo según el cual “lo que funciona no se debe cambiar”? ¿Cuál será el motivo para saltarse uno de los pocos códigos que ha formulado sin ambigüedad a lo largo de sus doce trienios en la cosa pública? ¿Quizá el temor de que en la opinión pública comiencen a pesar más las tres últimas palabras que las tres primeras de aquel histórico “todo es falso salvo alguna cosa”? ¿Traerá causa de alguna percepción? ¿O de una evidencia? Quién sabe. Hablamos de Rajoy, ese estadista en construcción que, dentro de unas semanas, no tendrá más remedio que explicar ante un tribunal, bajo juramento o promesa, qué sabe de las cuentas de su partido.

En cualquier caso, una de las primeras decisiones de su renovado ejecutivo, como fue la designación de José Manuel Maza al frente de la Fiscalía General de Estado, abrió una cascada de decisiones que, por lo pronto y con la elección de Manuel Moix para dirigir Anticorrupción, han logrado sacudir las estructuras de una de las estructuras más poderosas del Estado: el ministerio público y, especialmente, su órgano especializado en perseguir la delincuencia de cuello blanco.

La Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (Anticorrupción en lenguaje coloquial) funcionaba. Incluso puede asegurarse sin temor a errar que funcionaba “bastante bien”: 18 condenas en 22 juicios en un año, con entre 28 y 43 casos nuevos por ejercicio en lo que va de década y 371 asuntos abiertos (la mayoría son ejecuciones) para 24 fiscales apoyados por otros 19 delegados en comunidades autónomas y diez más temporales, según la última memoria del ministerio público, con datos de 2015.

La Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad funcionaba. Incluso puede asegurarse sin temor a errar que funcionaba “bastante bien”: 18 condenas en 22 juicios en un año

¿A qué dedica su tiempo un fiscal Anticorrupción? Visto el desglose de esos 371 asuntos, parece claro que a supervisar las actuaciones de los poderosos, de los gestores del poder y de quienes se relacionan con ambos: 161 delitos contra la Administración (cohecho, malversación), otros 31 de tipo urbanístico y 15 por fraude en las subvenciones que suman un total de 207 en 24 años. A ese bloque, que suma el 55,7% del total, le sigue otro de asuntos “comunes” para los delincuentes de cuello blanco como el blanqueo de capitales (98) y la asociación ilícita (36); es decir, que otro 36% de los asuntos tiene que ver con las maniobras de los corruptos para poner a salvo el botín (aquí entraría también buena parte de los 102 fraudes tributarios) y con la manera de organizarse previamente para trincarlo.

Su distribución territorial también da una idea bastante aproximada de dónde se produce el saqueo: 77 causas en Andalucía y empate a 37 entre Madrid y Catalunya, territorios de los que, a su vez, procede buena parte de los 144 asuntos que ha tramitado la Audiencia Nacional. Baleares y Valencia se disputan, en un reñido 27 a 25, el liderato de “la otra liga”, a mucha distancia de Canarias (10, básicamente en La Palma) y Murcia (9).

Más trabajo en territorios con hegemonía

¿Qué conclusiones pueden obtenerse de estos datos? Muchas y variadas, aunque, básicamente, el cruce de los cuantitativos con los cualitativos y los territoriales parecen indicar, a vuela pluma, que la gestión de las administraciones en territorios que han tenido --¿sufrido?-- tradicionalmente gobiernos hegemónicos, llámense PSOE, PP o CiU, ocupa la mayor parte de la actividad de la Fiscalía Anticorrupción desde su creación en 1995 por Juan Alberto Belloch, aquel biministro de Justicia e Interior al que algunos excompañeros de partido (hoy es juez de nuevo) parecen no haberle perdonado todavía la seriedad con la que aplicó la orden de atacar la corrupción que le había dado aquel Felipe González que, asediado por aquella galería de los horrores en la que brillaban Filesa, Roldán y los Gal, aseguraba haber “entendido el mensaje” y prometía emprender “el cambio del cambio”.

Con el nacimiento de Anticorrupción, un órgano de investigación excepcional para combatir a delincuentes excepcionales, cambió algo en la Fiscalía: aquello era una cosa de “patanegra”, con muchos de los fiscales técnicamente mejor preparados y con un mito de la carrera al frente como era Carlos Jiménez Villarejo. Tiene, desde su nacimiento, el respeto del grueso de la carrera.

Las maniobras de Jesús Cardenal y José María Michavila desde la Fiscalía General del Estado y desde el Ministerio de Justicia del último Gobierno de José María Aznar para suprimir Anticorrupción provocaron una reacción que los sucesores del asesor de Rupert Murdoch parecen haber olvidado: la carrera fiscal cerró filas y nadie quiso ocupar el puesto de Villarejo tras su cese –Martín Rodríguez Sol lo rechazó, entre otros--, precedido de un pulso acerca de quién debía investigar el tamayazo que dio a Esperanza Aguirre la presidencia de la Comunidad de Madrid.

La gestión de las administraciones en territorios que han tenido tradicionalmente gobiernos hegemónicos ocupa la mayor parte de la actividad de la Fiscalía Anticorrupción desde su creación en 1995

Aquella crisis entre la cúpula de la Fiscalía y los fiscales Anticorrupción se evoca por sí sola ante la actual, que llega precedida de otras tiranteces que en su día pasaron prácticamente inadvertidas para la mayoría de los analistas. ¿Por qué prefirió Maza a Moix en una lista en la que destacaba Alejandro Luzón, fundador del órgano y con un prestigio tan sólido como discreto labrado desde su intervención en el caso Roldán?

Órdenes y desautorizaciones

Lo que ha venido en las últimas semanas ha generado una tensa situación en la Fiscalía Anticorrupción, en la que, a un ritmo vertiginoso, se suceden episodios como el relevo de los fiscales del “tres per cent” –José Grinda y Fernando Bermejo, dos de los de mayor prestigio en la casa-- alegando que mejor que se dediquen a temas que se instruyan en Madrid, como el negado intento de apartar al encargado del caso Lezo, o como la junta extraordinaria en la que la plantilla en bloque tuerce el pulso del jefe y avala uno de los registros en la investigación al expresidente madrileño Ignacio González que Moix, con el aval de Maza, intentó impedir.

Los fiscales invocaron el artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal, cuya mera mención deja en entredicho la figura de Moix. Ese precepto permite a un fiscal someter al criterio de toda la Fiscalía a la que está adscrito cualquier instrucción de un superior que considere “contraria a las leyes” o “improcedente” por “cualquier otro motivo”. Moix podía haber ratificado esa orden y relevado  a su subordinado, si bien su situación de minoría absoluta en la reunión le recomendó retirarla, permitir el registro y mantener la asignación al caso. 

Ese episodio supuso una desautorización en toda regla de la orden de Moix avalada por Maza. Desautorizar: “quitar a alguien o algo autoridad, poder, crédito o estimación”. Algo que, en un país normal, podría llevar a un presidente del Gobierno a plantearse si la cúpula del ministerio público “funciona bien”. O no. Quizás piensen que ahora no toca, aunque sería complicado, incluso para alguien con el cuajo de Rajoy o de su ministro de Justicia Rafael Catalá, mantener en el cargo a Maza y/o a Moix –sobre quien pesa la estremecedora opinión positiva de Ignacio González-- si se repitiera una situación de ese tipo.

En cualquier caso, los fiscales Anticorrupción han demostrado en los primeros pulsos con la nueva cúpula, relacionados con investigaciones a exdirigentes del partido que los nombró, una firmeza tan fuera de duda como inusual. Porque inusual es que una orden del jefe se cuestione, ya sea por improcedente o por contraria a la ley, que decaiga esa instrucción y que todo siga como si no hubiera pasado nada. Que no es que no haya pasado, sino que todo indica que va a comenzar a pasar.

“La lucha contra la mafia resulta compleja y, además, requiere una especialización por parte de los órganos del Estado encargados de esta tarea”, sostenía el asesinado fiscal y juez italiano Giovanni Falcone, uno de los puntales del combate contra el crimen organizado en aquel país, según cita la última Memoria de la Fiscalía General del Estado. “Cuando la falta de credibilidad de la administración pública debida a carencias y fracasos recurrentes se conjuga con la agresividad de las sociedades criminales que controlan obsesivamente el territorio, las organizaciones mafiosas pasan a ocupar las parcelas del Estado más próximas a la ciudadanía”, mantiene Francesco Forgione, diputado siciliano que entre 2006 y 2009 presidió la Comisión Antimafia del Parlamento italiano, citado en el mismo texto. 

Los fiscales Anticorrupción, especializados en perseguir la delincuencia de cuello blanco, han comenzado, por lo pronto, a marcar su territorio. ¿A alguien podría llegar a producirle desasosiego que la Fiscalía Anticorrupción funcione bien?