El ruido mediático se ha vuelto ensordecedor. Tanto, que es difícil oír entre tanto estruendo el contenido de las grabaciones al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, cuando conspiraba para destruir a sus enemigos políticos utilizando los recursos policiales del Ejecutivo.

Para empezar, el propio ministro anunció a bombo y platillo que emprendía una exhaustiva investigación de Interior para descubrir cómo se grabaron sus conversaciones y quién las filtró a Público. Incluso se permitió acusar de “conspiración, actuación mafiosa y actividad ilegal” a los periodistas que publicamos la exclusiva… en la que queda patente (en el audio de su propia voz) que es él quien ha estado cometiendo tales tropelías. Pero en la ideología del PP lo que hay que hacer en un caso así es perseguir de inmediato a los que las desvelan y denuncian.

Además, muchos grandes medios de comunicación le han hecho el juego a Fernández Díaz, puesto que se han dedicado casi exclusivamente a perseguir la exclusiva de quién y cómo grabó al ministro del Interior en su despacho oficial, obviando la tremenda gravedad de su conspiración, propia de un Estado policial y no de una democracia.

Una de las últimas versiones sobre ese interesantísimo tema –cómo se grabó, no lo que se decía– ha sido publicado por una revista que asegura saberlo todo de las grabaciones, sin que las haya podido escuchar en su integridad y ni siquiera se haya dignado a consultar a los autores de la exclusiva. Afirma, pues, que en el maletín del ya ex jefe de la Oficina Antifraude de Catalunya se instaló un sofisticado sistema de micrograbadora, con un micrófono del tamaño de una cabeza de alfiler y baterías minúsculas cosidas dentro del forro, cuyo coste incluso cifra en 20.000 euros. Un aparato de espionaje que sólo le podrían haber instalado policías de alguna unidad de inteligencia.

Tan popular se ha hecho esta versión, que hasta el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, patinó al responder a los periodistas que no descartaba ninguna hipótesis, por improbable que pareciese, insinuando que los interlocutores podrían haber sido grabados sin su conocimiento por miembros del cuerpo que él dirige. Lógicamente, provocó la indignación de los sindicatos policiales, que ahora exigen que se aclare la cuestión porque se está imputando un grave delito a algunos de sus compañeros.

Y todo ello sin haber examinado detalladamente los audios –que Público ha tenido que entregar a la Fiscalía General del Estado ante la resistencia del ministro a judicializar el tema–, puesto que en la primera de las dos reuniones queda clarísimo que el micrófono NO estaba en el maletín: Fernández Díaz pide copia de los documentos supuestamente incriminadores contra Francesc Homs y cuando De Alfonso va a sacarla de su maletín las voces se oyen más alejadas, y no más cercanas, que antes. Así que el aparato estaba sobre la mesa.

Que el sistema de grabación no estaba en el mismo sitio en las dos conversaciones también queda patente con los cortes de audio que ofrecimos después de que Fernández Díaz hiciera el paripé de ordenar un “peinado” de todo el Ministerio del Interior en busca de micrófonos, sabiendo perfectamente que no había ninguno: el aparato estuvo grabando fuera del despacho (se oye la máquina de café de la antesala y los pasos de un asistente del ministro al llegar) y luego entró en la estancia con un De Alfonso que se muestra atribulado y nervioso cuando suena un pitido y tiene que excusarse atropelladamente ante las sospechas de su acompañante.

La teoría va todavía más allá: a De Alfonso le instalaron una maravilla tecnológica que siguió funcionando durante todo un mes en cada una de las entrevistas que mantuvo en ese periodo. Vaya, que tenía baterías inmortales el aparatejo o era él mismo quien las recargaba todas las noches. En cualquier caso, todas esas versiones salen siempre de “fuentes de Interior” que responsabilizan una y otra vez a Marcelino Martín Blas (ex jefe de Asuntos Internos), precisamente el enemigo de esa auténtica policía política montada por Eugenio Pino, José Ángel Fuentes Gago, Enrique García Castaño y José Villarejo. Es decir, los que aseguran conocer todos los secretos de las grabaciones suelen haber sido intoxicados por los mismos que tratan de tapar esa mafia policial.

Un caso flagrante de intoxicación informativa es el difundido por Carlos Herrera a través de la COPE, una delirante fabulación que trata de matar varios pájaros de un tiro y que ha sido recogida entusiásticamente por numerosos medios de comunicación de la derecha: el autor de la grabación se la dio a Patricia López, quien se la entregó ¡a Juan Carlos Monedero! para que me la diera a mí. Aún estoy estupefacto ante tamaña imbecilidad: si Patricia y yo trabajamos a menudo juntos, ¿para qué narices era necesario meter a Monedero en medio? Pues para enfangar a Podemos, claro.

Pues bien, no ha costado mucho averiguar quién era esa “fuente de Interior”: el propio Villarejo, experto en dosieres falsos, grabaciones ilegales y filtraciones interesadas, quien hace ya veinte años alardeaba –en un informe interno a la Dirección General de la Policía revelado en exclusiva por Público– de que tenía “infiltrados en los medios de comunicación”. Justo los mismos periodistas que, sólo días después de las conversaciones conspirativas del ministro del Interior, publicaron informes falsos contra los políticos a los que Fernández Díaz y De Alfonso querían desprestigiar.

Así que no sólo es antiperiodístico, sino también estúpido, comprarle exclusivas a Villarejo –finalmente imputado en el caso Nicolai sobre una grabación ilegal para tapar a su mafia policial– y creerse las informaciones de esos periodistas que ya trabajaban para la Policía en 1995. Uno de ellos sigue paseándose por las tertulias blandiendo el falso Informe PISA –Pablo Iglesias Sociedad Anónima–, cuando ya ha sido totalmente desautorizado por la Justicia.

Tan descarada ha sido esta última maniobra para desprestigiar a Podemos en periodos electorales, que finalmente el partido morado se ha personado en la causa contra la cúpula policial y sus periodistas “infiltrados”. Porque el propio Villarejo ha acabado admitiendo ante el juez que le han “servido de ayuda” Eduardo Inda y Esteban Urrieztieta, firmantes de las noticias sobre los informes falsos contra Podemos.

Entre tantas mentiras, periodistas normalmente bien informados no hacen más que deslizar una y otra vez en sus crónicas “las grabaciones ilegales al ministro”, prejuzgando algo que desconocen y que sólo beneficia a los interlocutores de esa conspiración en sede oficial: ambos juran y perjuran que les han grabado sin su conocimiento –algo que, de ser cierto, hubiera forzado la dimisión del ministro en cualquier otro país europeo– porque sólo en ese caso pueden acusar a los periodistas de revelación de secretos. Pero el examen detenido de los audios deja claro a cualquiera que los escuche que allí al menos uno de los dos (De Alfonso) sabía perfectamente que se estaba grabando y a menudo hablaba para la grabadora, tratando de guardarse las espaldas e insistiendo una y otra vez en que la decisiones las tomaba el ministro y él sólo cumplía “órdenes”.

Argumento bien endeble para todo un magistrado, por cierto, ya que la eximente de “obediencia debida” hace tiempo que fue suprimida del Código Penal.

Pero todavía circulan más mentiras. Unos afirman que “la versión íntegra de las grabaciones ya circula por el Ibex”, como si la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, fuera a repartir copias alegremente de lo que le confió Público, y otros que “ha desaparecido un pen-drive de la Operación Cataluña”, como si el material de las investigaciones policiales se guardase con una sola copia informática.

De este último nombre acuñado para la conspiración antisoberanista de Interior (“Operación Cataluña”) es autor, ni más ni menos, el abogado de El Pequeño Nicolás, que salió a etiquetarla así tras la declaración de Villarejo en la que admitió gran parte de lo que Público lleva denunciando desde hace año y medio. Porque Patricia López ha desvelado durante todo este tiempo las tramas policiales que otros diarios etiquetan como “policía patriótica”, sin que la mayor parte de los medios de comunicación se hicieran eco –ni prestasen atención a hechos tan escandalosos– hasta que escucharon la conspiración de boca del propio ministro.

Ahora, diversos medios presentan como exclusivas frescas datos sobre la trama policial política que fueron publicadas en este diario hace casi un año, con apoyo de documentos originales. Y otros afirman haber escuchado las grabaciones íntegras pero cometen errores de bulto en la descripción del sonido ambiente, como si también tuvieran como fuente a Villarejo.

También aseveran algunos periodistas que “hay muchas copias de las grabaciones”, alardeando de tener excelentes fuentes en Interior. Aquí sí que les puedo dar la razón: tenemos la certeza de que los audios están en poder de la Dirección Adjunta Operativa de Interior –por eso nunca pidieron orden judicial para que Público entregara las grabaciones íntegras–, donde por supuesto que se hacen numerosas copias de seguridad del material valioso para evitar que se pierda o destruya por un fallo informático.

Igualmente, hemos de reconocer que algunos medios de comunicación sí han sido ecuánimes y respetuosos con la exclusiva de Público, aportando nuevos datos sobre “las cloacas del Estado y la policía política del PP” y desarrollando una verdadera labor periodística sobre uno de los mayores escándalos de la democracia, en vez de dedicarse a buscar el origen de la filtración con ánimo de venganza.

Aun así, la tormenta mediática generada por las grabaciones al ministro del Interior nos ha mostrado lo peor de los vicios periodísticos que se han ido acumulando a lo largo de años de filtraciones tóxicas y manipulaciones informativas que muchos han llegado a confundir con la prensa verdadera. Que los autores de esas intoxicaciones medren, se enriquezcan y hasta se hagan famosos con esa bazofia muestra cuán bajo han caído muchos medios de comunicación españoles.