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En España hemos patentado un terrorismo chicle para uso policial, fiscal, y a veces judicial, que permite alargar las penas desmesuradamente en virtud de una apreciación tan voluntarista como es la de calibrar si una agresión (física o verbal) persigue sin más dañar a sus destinatarios (por antipatía, por venganza, por una reyerta, por un equívoco, da igual), o si, además, se alinea con los fines de una organización o movimiento que persigue objetivos mediante prácticas de presión consistentes en aterrorizar al conjunto de la población o a un grupo.

Ese terrorismo chicle sirve para redimensionar idioteces de Twitter convirtiéndolas en delito, o para incrementar espectacularmente la pena que correspondería por una agresión física en sí misma considerada. Ese terrorismo elástico tiene un evidente componente político y represor, y depende de la arbitrariedad del poder político y judicial (que tan cercanos están en esta fase de deriva autoritaria del PP) Así, en el caso de la agresión a los guardias civiles en Alsasua, el litigio entre la Audiencia Provincial de Navarra y la Audiencia Nacional, resuelto a favor de la segunda por el Supremo, ha derivado en un acto más político que jurídico: el hecho de considerar la agresión como parte de una supuesta campaña de hostigamiento para que las Fuerzas de Seguridad abandonen Navarra y el País Vasco supone que, en vez de una pena que oscilaría más o menos entre cuatro y ocho años (teniendo en cuenta que cuatro personas resultaron lesionadas, y que dos de ellas eran agentes de la autoridad), se convierte en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal en una pena de 50 años de prisión, es decir, el fin de la vida civil de esas personas.  

Ese terrorismo chicle sirve para redimensionar idioteces de Twitter convirtiéndolas en delito, o para incrementar espectacularmente la pena que correspondería por una agresión física en sí misma considerada

La exacerbación penal de los delitos de terrorismo tiene sentido como instrumento de eficacia en la lucha contra organizaciones terroristas, pero, en la medida en que sus contornos no están perfilados con nitidez, provoca distorsiones mayúsculas que desde mentes sanas se perciben como desproporcionadas. Los actos de agresión de los acusados de Alsasua son delictivos, porque a uno de los agredidos se le causó una fractura de tobillo que requirió intervención quirúrgica, y al otro guardia civil y a sus dos acompañantes, lesiones leves que no tienen por qué soportar. Existe, además, un factor de agravación, consistente en que en la decisión de acometerlos resultó decisiva, según el escrito de calificación del fiscal, la condición de guardias civiles de dos de los agredidos, por lo que se trataría de un delito de atentado. Pero el salto hasta el delito de terrorismo, que es el que provoca la petición de una pena tan desmesurada, requiere un énfasis acusatorio que ni mucho menos parece proporcionado con lo sucedido: una agresión múltiple tras un encuentro fortuito y no buscado en un bar a altas horas de la madrugada.

Si en tiempos de ofensiva terrorista puede estar justificado el empleo de instrumentos represores del máximo alcance disuasorio, dichos instrumentos deben en cambio relajarse todo lo posible cuando la violencia terrorista ha remitido o desaparecido (y ese es el caso del terrorismo de ETA). El contexto importa. Calificar una acción aislada como terrorismo parece una acción deliberada, más dirigida a contentar las ansias vindicativas de una población que todavía no ha olvidado el sufrimiento causado por el verdadero terrorismo que a emitir y obtener una sentencia justa.

Y como el contexto importa, no se puede ignorar tampoco la presión de las instituciones vascas para que se reduzca la presencia de Guardia Civil y Policía Nacional en el País Vasco. Hace exactamente un año (7/7/2016), la Unión de Guardias Civiles denunció al colectivo Fan Hemendik por concentrarse ante el cuartel de Oñate. Y ahí quedó. A principios de este mismo 2017, tanto desde el Gobierno vasco como desde la Fiscalía de la misma comunidad se pidió la reducción de agentes, dado que, como afirmó el fiscal Juan Calparsoro, “ya no existe el terrorismo de ETA”. En otros casos de concentraciones subidas de tono, con amenazas explícitas e insultos, no se ha procedido no ya con una contundencia similar a la de Alsasua, sino de ninguna manera. Triste sería que quienes merecen un rotundo reproche social por agredir a dos guardias civiles y a sus parejas acaben recibiendo muestras de solidaridad como si fueran las víctimas del episodio. Pero si ello es así, será imputable en buena parte a la desmesura del Ministerio Fiscal que, lejos de contribuir a una interpretación razonable del concepto de terrorismo, parece más bien proclive a estirar el chicle. Y no es bueno el chicle cuando de represión se trata.