Radiografía de la pobreza energética
Según la Asociación de Ciencias Ambientales, el 11% de los hogares españoles (5,1 millones de personas) no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno
CTXT / Observatorio Social “la Caixa” 10/07/2017
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Pese al crecimiento económico y al descenso del paro, muchos ciudadanos perciben que continúa habiendo una pérdida persistente de poder adquisitivo, bienestar y derechos sociales. Desde que comenzó la crisis, cada vez más personas se han visto incapaces de hacer frente a sus facturas para tener calefacción, agua caliente o luz. Es decir, afrontan una situación de pobreza energética.
Publicados desde 2012, los informes de la Asociación de Ciencias Ambientales describen la pobreza energética como una situación en la que un hogar “es incapaz de pagar una cantidad de energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda”.
Según los resultados del último informe de esta organización, elaborado a partir de las encuestas de Presupuestos Familiares y de Condiciones de Vida del INE correspondientes al 2014 (último año con microdatos disponibles en el momento de elaboración del estudio), el 11% de los hogares españoles (5,1 millones de personas) se declara incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses fríos. El 8% (4,2 millones de personas) declara tener retrasos en el pago de las facturas y el 15% (6,2 millones de personas) afirma destinar más del 10% de sus ingresos anuales a la compra de energía para la vivienda.
En 2014 se registraba en España un mayor porcentaje de personas incapaces de mantener una temperatura adecuada en invierno que la media de la UE. La cifra también era mayor que en países del centro y norte del continente como Alemania y Suecia, pese a tener estos climas más fríos.
Familias monoparentales, más afectadas por la pobreza energética
El informe revela una mayor incidencia de la pobreza energética en hogares en los que la persona principal tiene bajo nivel educativo, está soltera, viuda o divorciada, o proviene de un país de fuera de la UE y en hogares de familias monoparentales.
La situación laboral se muestra también como factor de vulnerabilidad. Los hogares en paro y que dependen del subsidio de desempleo u otras prestaciones tienen mayor riesgo de sufrir pobreza energética. Dentro de los hogares con empleo, encontramos una mayor incidencia en el caso de contratos temporales en comparación con contratos fijos.
Según los datos de mortalidad del INE, se calcula que cada año mueren en España en torno a 24.000 personas más entre noviembre y marzo que en el resto del año. Una parte de esta tasa de mortalidad adicional de invierno es atribuible a la pobreza energética: las estimaciones iniciales, basadas en datos para Europa de la OMS (Braubach et al., 2011), indican que la pobreza energética podría estar detrás de unas 7.100 muertes prematuras al año, con un posible rango de incertidumbre de entre 2.400 y 9.500 fallecimientos anuales. En comparación, unas 4.000 personas murieron al año en accidentes de tráfico como promedio entre 1996 y 2014, y se estima que la contaminación atmosférica causa cerca de 33.000 muertes prematuras al año en España.
Soluciones políticas
La Asociación de Ciencias Ambientales defiende la necesidad de impulsar una estrategia estatal de lucha contra la pobreza energética que debería tener en cuenta tres puntos esenciales:
-- La rehabilitación energética de edificios como medida preventiva para reducir la vulnerabilidad y el análisis de las posibilidades que ofrecen las tecnologías renovables.
-- Definir adecuadamente qué se considera “consumidor vulnerable” en términos energéticos. A día de hoy se asocia a los posibles beneficiarios del bono social eléctrico.
-- Actuar en el ámbito de los cortes de suministro sobrevenidos por incapacidad de pago de las facturas.
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Este artículo ha sido elaborado a partir de lo expuesto en el texto Radiografía de la pobreza energética, elaborado por Sergio Tirado Herrero, integrantes de la RMIT University Europe y de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), José Luis López Fernández y Luis Jiménez Meneses, miembros de ACA. El documento está publicado en el Observatorio Social de “la Caixa”.