¿Qué tendrá el bono social eléctrico para dar tanta garrampa en un país en el que casi cuatro millones y medio de personas (hasta el 15% de la población, según un estudio de Ecodes) sufren pobreza energética, en el que el exceso de frío o de calor provoca entre 2.400 y 9.600 muertes cada año, en el que las compañías cortan el suministro por impago a más de 650.000 familias y en el que más de 3.000 personas acaban cada año en el cuartelillo o en el juzgado por sustraer fluido eléctrico?

Los ejecutivos de José Luis Rodríguez Zapatero hicieron muy beneficiosa para los propietarios de chalets y segundas residencias una medida aparentemente concebida como inclusiva en los inicios de la crisis (2009), y los de Mariano Rajoy, que lo retocaron en 2014, pretenden ahora ponerle tantas restricciones que lleva camino de no beneficiar al grueso de las familias a las que va teóricamente dirigido. De hecho, espera que ni siquiera la mitad de ellas se apunte.

Entre diseño y diseño, el Tribunal Supremo tumbó su sistema de financiación al considerarlo discriminatorio, ya que casi el 80% de los costes recaían sobre Endesa (41%) e Iberdrola (38%) mientras Gas Natural-Fenosa cubría otro 14%, E.On un 2% y 23 compañías se hacían cargo del 5% restante. Sin embargo, el Gobierno sigue decidido, como el primer día, a no asumir los costes de esta medida, que oscilan entre los 180 y los 200 millones anuales, mientras estudia cómo devuelve a las compañías las tres anualidades por las que litigaron (de 2014 a 2016).

“El coste total estimado de las medidas contenidas en este real decreto no tiene impacto presupuestario, pues no existen costes específicos que determinen la necesidad de una dotación o incremento en las correspondientes partidas presupuestarias”, señala la Memoria Justificativa del nuevo sistema, ratificada por el hecho de que los Presupuestos Generales del Estado no prevean ninguna medida para financiar el bono.

si las eléctricas no lo pagan y el Estado tampoco, ¿quién va a financiar esta medida cuyo coste cifra el Gobierno en 236 millones anuales?

¿Quién paga?

Entonces, si las eléctricas no lo pagan y el Estado tampoco, ¿quién va a financiar esta medida cuyo coste cifra el Gobierno en 236 millones anuales? Según la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, “la auténtica genialidad del Ministerio y de las eléctricas consiste en que se evitará el corte de suministro eléctrico a los hogares que acrediten la condición de vulnerabilidad severa… ¡si los servicios sociales (locales o autonómicos) abonan la factura!” De hecho, la nueva norma prevé que las compañías paralicen los procedimientos de corte si estos cubren el 50% de la factura, con lo que “las eléctricas tendrán a quien culpar en caso de corte de suministro (los servicios sociales que no quisieron pagar la factura) y los servicios sociales que atienden ya a más de 8 millones de personas al año recibirán toda la presión de la demanda”, sostiene la asociación.

La entidad pronostica varios efectos perversos de este modelo, entre los que destaca su “importante impacto presupuestario”, de alrededor de 300 millones anuales, en unos ayuntamientos y comunidades que ahora destinan 3.500 a programas de inclusión, a lo que se añade “una sobrecarga de gestión imposible para los servicios y para los profesionales “. Eso, siempre que lo asuman, ya que “no hay garantía de asunción por las administraciones con servicios sociales, lo que generará graves desigualdades territoriales en el abordaje final del asunto”, el cual, por otra parte, no ha sido “previsto ni pactado en el seno del órgano que debía haber conocido y abordado el asunto (Consejo Territorial de Servicios Sociales)”.

Eso, en cuanto al primer 50%, cuyo ingreso deberán notificar las empresas a la CNMC (Comisión Nacional del Mercado de la Competencia). La otra mitad será costeada por las eléctricas con una fórmula tan particular que más pronto que tarde acabará en los tribunales: aportarán fondos todas las comercializadores y distribuidoras en función de su número de clientes, sin tener en cuenta su volumen de negocio, ni los consumos ni, tampoco, el hecho de que en el mercado libre, el único en el que operan las nuevas cooperativas y las pequeñas compañías (las grandes lo compaginan con el regulado), no cabe el bono social.

Los dos modelos

Inicialmente, el bono social conllevaba descuentos de la cuarta parte de la diferencia entre la TUR (Tarifa de Último Recurso) y el precio de mercado de la energía para las familias numerosas, los pensionistas mayores de 60 años que tuvieran la prestación como único ingreso, a los hogares con todos los miembros en paro y a las viviendas con una potencia instalada inferior a 3.000 kilovatios. Y no funcionó. O sí, según se mire: el endurecimiento de los controles borró de la lista en seis años a más de 700.000 de los 2,5 millones de casas cuyos propietarios se habían acogido por el último motivo, que resultaron ser segundas viviendas, mientras que solo 320.000 pensionistas lo hicieron, cuando más de cinco millones de hogares españoles tienen un subsidio como ingreso principal, y 76.000 casas sin empleo (hay 1,4 millones) se beneficiaban en plena crisis de la medida, a la que se acogían más de 200.000 familias numerosas.

El nuevo modelo, que omite referencias a medidas de eficiencia energética, elimina el acceso al bono por baja potencia, inexistente en el mercado libre al que los comerciales de las compañías arrastran a sus clientes mediante las ofertas puerta a puerta, y por estar todos los miembros en paro, y lo mantiene para pensionistas (ahora sin límites de edad) y para familias numerosas.

Para el resto de familias, sin tener en cuenta cuántos adultos hay en la casa ni su situación, y contabilizando a los menores solo en el caso de que estos sean hijos, establece tres tramos de rentas con el límite en 18.637 euros anuales y descuentos de hasta el 40% del recibo, que llegan al 100% para los grupos en riesgo de exclusión. Y limita el beneficio a unos tramos de consumo de cien kilovatios al mes en casas sin niños, 140 para viviendas con uno y para pensionistas, 170 para casas con dos muchachos y, en un notable salto, 300 para familias numerosas.

Por encima de esas magnitudes, pagarán la energía a precio de mercado, lo que, en la práctica, entraña un elevado riesgo de que buena parte de los eventuales beneficiarios del bono social eléctrico no lo sean. Un estudio de Ecodes, que desarrolla un programa de eficiencia energética con familias vulnerables en 14 ciudades españolas, cifra en 231 kilovatios el consumo medio mensual de estas familias, que se eleva notablemente en la mitad norte del país en invierno por el uso de sistemas de calefacción eléctrica en viviendas con deficiencias de aislamiento, y en verano en el sur por la refrigeración.

Eso significa que el bono, para el que el Ministerio de Energía prevé una “tasa de aceptación” del 45% entre los 5,5 millones de eventuales beneficiarios, solo cubriría los primeros días del mes en esas épocas del año y en esos ámbitos geográficos.

------------------

Espacio de información realizado con la colaboración del Observatorio Social de “la Caixa”.