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“Es necesario volver a la aspersión”, sostiene el secretario de Estado de Trump, Rex Tillerson: EEUU presiona a Colombia para que vuelva a fumigar las zonas de cultivo de coca con glifosato, como había venido haciendo antes de que, en 2015, la OMS (Organización Mundial de la Salud) señalara este compuesto químico como probable agente cancerígeno. Más de 80.000 familias colombianas estaban expuestas a ese herbicida por producir esa planta en explotaciones que ocupan unas 190.000 hectáreas de terreno, una superficie similar a la de Guipúzcoa.

Esa declaración de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la OMS abrió una guerra comercial, y de dictámenes, en cuyo fondo se encuentra el negocio de la distribución de ese compuesto químico que durante años ha supuesto ingresos multimillonarios para su fabricante, Monsanto, que lo comercializa bajo el nombre de Roundup.

Es desde hace décadas uno de los productos estrella de la multinacional de Missouri, que ha desarrollado variedades genéticamente alteradas de maíz, soja, algodón, remolacha y colza para hacerlas resistentes a sus efectos. Eso, pese a las crecientes evidencias de que también malas hierbas como el amaranto, el cáñamo, la cola de caballo, el ryegrass o el vallico se están inmunizando a sus efectos, ha garantizado su presencia en la gran mayoría de las explotaciones de cultivos transgénicos del planeta.

El glifosato es desde hace décadas uno de los productos estrella de la multinacional estadounidense Monsanto que ahora ha comprado Bayer

Monsanto, que en los años 60 y 70 produjo los 76 millones de litros del herbicida y defoliante ‘agente naranja’ con el que EEUU devastó las selvas vietnamitas, y cuyos efectos siguen manifestándose hoy entre la población de ese país asiático, y que antes había patentado y fabricado el insecticida DDT, que lleva décadas prohibido por su elevada toxicidad y sus efectos en la salud humana, dejará de ser estadounidense en unos meses. Concretamente, cuando en diciembre se formalice su absorción por la farmacéutica alemana Bayer en una operación valorada en 60.000 millones de euros. ¿Tendrá algo que ver ese cambio de propiedad en la tramitación de su licencia para distribuirlo en Europa, sobre la que la Comisión Europea debe pronunciarse antes de que termine el año?

Las agencias de la UE contradicen a la OMS

El debate se encuentra hoy formalmente en tablas. Organizaciones como la FAO, la sección de Alimentación de la ONU, se han alineado con la OMS, que asegura disponer de pruebas, concluyentes de que la exposición al glifosato tiene capacidad para alterar el ADN de ratas y ratones, lo que supone un inquietante indicio de que pueda provocar lesiones carcinógenas en el de los segundos. Sin embargo, la Comisión Europea y sus estados miembros optaban por ampliar la licencia para distribuirlo hasta finales de este año al tiempo que, antes de tomar una decisión, encargaban a su Agencia de Compuestos y Sustancias Químicas (ECHA) un dictamen. Esta rechazó calificarlo como cancerígeno al no disponer de pruebas de que lo sea, tesis que se vio reforzada por un informe de la EFSA (Agencia Europea de Seguridad Alimentaria) que considera “improbable” esa tesis.

El debate tiene en Europa un punto de perversión. La UE lleva camino de prorrogar hasta un máximo de quince años la licencia del glifosato en su territorio (el Parlamento Europeo ha pedido hacerlo al menos por siete) porque sus científicos no hallan pruebas concluyentes de que sea cancerígeno. Eso no contradice la tesis de la OMS, cuya alerta señala que existen altas probabilidades de que lo sea. 

Sin embargo, la falta de certeza, cuando se trata de un asunto de prevención, hace que Bruselas sea reacia a aplicar restricciones. Con independencia de que se trate de un producto autorizado para fumigar casi un millar de especies vegetales, que se utiliza tanto en ambientes agrícolas como urbanos, y cuyo uso es generalizado en las gigantescas explotaciones de cultivos transgénicos que abastecen a las cadenas de producción alimentaria de todo el planeta.

Salud ambiental frente a producción

La conclusión de la OMS tampoco es suficiente aunque el Reglamento de Comercialización de Productos Fitosanitarios de la UE establezca que, “en particular, al conceder autorizaciones de productos fitosanitarios, el objetivo de proteger la salud humana y animal y el medio ambiente debe primar sobre el objetivo de mejorar la producción vegetal” y que, por consiguiente, “antes de comercializar un producto fitosanitario debe demostrarse que presenta un beneficio claro para la producción vegetal y que no tiene efectos adversos en la salud humana o animal, incluida la de grupos vulnerables, ni efectos inaceptables en el medio ambiente”. Los informes de Monsanto indican que no los tiene, y el chequeo de los expertos comunitarios no contradice ese criterio.

“La clave está en cómo valoran unos y otros científicos las mismas pruebas”, explica Dolores Romanos, de Ecologistas en Acción. “Para la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer es más que evidente su peligro para la salud por las consecuencias que ha tenido en animales, pero la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y la Agencia de Compuestos y Sustancias Químicas ponen en duda esa conclusión y piden cautela”, señala. Estas últimas “dan más valor a los estudios de la industria” y del Gobierno alemán, anota, y, “ante la duda, no aplican el principio de precaución”. Precaución comercial, obviamente, aunque se trate de un asunto de salud pública.

Ante la duda, aplican el principio de precaución. Precaución comercial, obviamente, aunque se trate de un asunto de salud pública

El movimiento de la Organización Mundial de la Salud sí provocó la reacción de numerosos ayuntamientos españoles, que han aprobado resoluciones para desterrarlo de los parques y jardines de su competencia; es el caso de Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, A Coruña, Santiago de Compostela, Logroño, Castellón, Alicante, Cáceres, Ávila o Salamanca.

Un Gobierno favorable

Mientras tanto, la eventual restricción de su uso en explotaciones agrarias queda en manos de un Gobierno central cuyos responsables de Medio Ambiente y de Sanidad se muestran reacios a adoptar medidas de ese tipo. Al contrario, el ejecutivo apoya la prórroga, pese a las peticiones de más de medio centenar de organizaciones ecologistas y sociales. 

Sin embargo, no todas las instituciones internacionales tienen una opinión tan benévola como la UE sobre este compuesto. De hecho, uno de los motivos por los que Colombia se niega a reanudar las fumigaciones, pese a las presiones directas de Trump sobre su presidente Juan Manuel Santos: la Corte Internacional de Justicia condenó a su Gobierno, además de a suspender las aspersiones, a indemnizar con 15 millones de dólares al de Ecuador por los daños que causó el glifosato en una franja fronteriza de diez kilómetros, en la que los cultivos que no murieron resultaron no ser aptos para el consumo humano y en la que se documentaron numerosos casos de malformaciones fetales en mujeres alcanzadas por el compuesto.

“El glifosato es un disruptor endocrino, que interfiere con la síntesis de estrógenos, lo que explicaría el incremento de partos prematuros y abortos espontáneos, relacionados con la exposición a glifosato”, sostiene Francisco Segura, de Ecologistas en Acción, en una carta dirigida al Gobierno, en la que recuerda que el uso de este compuesto químico “supone una amenaza para el equilibrio y la productividad de los ecosistemas” al resultar “tóxico para las bacterias y lombrices del suelo” también.

¿Qué es un disruptor endocrino?

En cualquier caso, el conflicto por la eventual reanudación de las fumigaciones en Colombia y la polémica sobre la prórroga de la licencia en la UE han vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el uso de productos químicos y los efectos en el medio ambiente y en la salud de sus residuos, entre los que destacan los que actúan como disruptores endocrinos.

Un disruptor endocrino es un producto químico sintético capaz de alterar el sistema hormonal del ser humano. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EEUU sostiene que el glifosato no lo es, aunque otros estudios, además del de la IARC sobre sus posibles efectos carcinógenos, apuntan que tiene capacidad para inhibir enzimas, modificar metabolismos, intensificar la oxidación, alterar los procesos reproductivos y perturbar los esteroides, los estrógenos y los andrógenos.

No obstante, la calificación oficial como disruptor depende de un proceso administrativo que se está desarrollando con una fuerte oposición en Europa, a cuya Comisión han pedido más de 450.000 personas que rechace los criterios de evaluación que le propone el Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos. Tan exigentes parecen que, a juicio de las organizaciones ambientalistas, entrañan el riesgo de que resulte prácticamente imposible que una sustancia con efectos en el sistema hormonal acabe entrando en la futura lista.