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La debacle del Banco Popular, con sus más de 300.000 perjudicados que han perdido todo su dinero, nos lleva a evocar la estafa de la salida a bolsa de Bankia en 2010. Una operación que atrapó a 347.000 accionistas, la inmensa mayoría ahorradores de las antiguas cajas de ahorros que la constituyeron. También ahora la mayoría de accionistas del Popular forman parte de su clientela. Muchos de los que adquirieron acciones estuvieron condicionados por la renovación de los créditos del banco o eran empleados de la entidad.

En el caso del banco presidido por Rodrigo Rato, las sentencias judiciales, incluidas las del Tribunal Supremo, forzaron a la entidad a devolver el dinero invertido por los clientes para ahorrarse costes mayores. No había precedentes internacionales de que un banco devolviera el capital a los inversores en una oferta pública de suscripción (OPS). 

Los jueces fundamentaron sus decisiones en “las inexactitudes del folleto de oferta pública”. La realidad final de las cuentas de Bankia la hemos conocido recientemente gracias al extraordinario trabajo pericial de los inspectores del Banco de España Antonio Busquets y Víctor Jesús Sánchez Nogueras. Sorprende la escasa trascendencia que ha tenido este fenomenal tercer informe elaborado por estos peritos, en el que ratifican sus conclusiones sobre la falsedad de la información contable de la entidad que ya habían detectado en sus trabajos previos de 2014 y 2016, pero que en esta ocasión expresan con una contundencia demoledora.

El tercer informe elaborado por dos peritos del Banco de España ratifica la falsedad de la información contable de la entidad, auditada por Deloitte con opinión favorable

Busquets y Sánchez mencionan en sus conclusiones 17 falsedades de los distintos aspectos de la contabilidad de Bankia. Cabe destacar afirmaciones como las siguientes: “Las cuentas anuales de Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, de 2010 (...), auditadas por Deloitte con opinión favorable, son falsas”; “Las cuentas anuales de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid de 2010 (...), auditadas por Deloitte con opinión favorable, son falsas”; “Las cuentas anuales consolidadas de Banco Financiero y Ahorros (Grupo BFA) de 2010, auditadas por Deloitte con opinión favorable, son falsas”; “Es falsa la información contable contenida en el Folleto de emisión para la salida a bolsa de Bankia”; “Las cuentas anuales de Bankia de 2011 formuladas en 28 de marzo de 2012 son falsas”; “Las cuentas anuales consolidadas de Bankia de 2011 reformuladas en 25 de mayo de 2012, auditadas por Deloitte con opinión favorable, son falsas”. Y así hasta un total de 17 manifestaciones categóricas de las falsedades halladas en la contabilidad de Bankia y las entidades que la constituyeron. Los peritos señalan además las contradicciones de Deloitte entre los criterios aplicados en el caso y los que sostenía la guía de la propia auditora elaborada en 2009.

La sombra de Bankia planea sobre la crisis del Popular por todas las esquinas. Buena parte del aluvión de demandas que se cuece contra este banco se centrará en la ampliación de capital de 2016 ante las sospechas de que la contabilidad del folleto no reflejaba la imagen fiel de la entidad, el mismo argumento empleado en la salida a bolsa de Bankia. El Banco Popular corrigió sus cuentas el pasado abril, decisión que provocó el primer anuncio de acciones legales por parte de abogados de Estados Unidos. 

También es significativo que Deloitte, el cuestionado auditor de Bankia, haya sido el autor del sorprendente informe elaborado contrarreloj en cinco días, que estimó que el Banco Popular tenía un valor negativo que situó entre –2.000 y –8.200 millones de euros, sin explicar sus cálculos cuando su valor contable era de 12.000 millones y tuvo un valor positivo en bolsa hasta el último minuto. Un informe que sirvió de base para su intervención y posterior adjudicación al Banco Santander por 1 euro.

La súbita precipitación de la crisis del Banco Popular y la forma en que las autoridades han gestionado su crisis ha abierto serios interrogantes.

También es significativo que Deloitte, el cuestionado auditor de Bankia, haya sido el autor del sorprendente informe elaborado contrarreloj sobre el Banco Popular

España vuelve a ser el conejillo de Indias en la aplicación de la normativa europea en materia bancaria, que siempre ha causado graves perjuicios a los inversores. Ya ocurrió en 2013, cuando el Gobierno de Rajoy aplicó duras quitas a las participaciones preferentes y aún no estaba vigente esta exigencia en la normativa comunitaria. Ahora España ha inaugurado el sistema europeo de resolución bancaria con una decisión precipitada y total falta de transparencia que contrasta con el método aplicado en Italia en la crisis del Banco Popolare de Vicenza y Veneto Banca con resultados menos dramáticos.

La debacle del Popular ha acabado con otros de los mitos de esta crisis: que todo había sido un problema de las cajas. Ya van tres bancos: Banco de Valencia, Banco Gallego y Banco Popular.

Otro falso mito es que esta crisis se ha resuelto sin costes para los contribuyentes. Se oculta que el Santander se llevará más de 4.000 millones de créditos fiscales que tenía en su balance el Popular, más otra cuantía similar por las pérdidas asumidas en la operación. En la pasada crisis bancaria los bancos obtuvieron 40.000 millones de créditos fiscales. Son impuestos que dejaron de pagar.

Después del paro, la inestabilidad del sistema financiero sigue siendo el problema más serio del país. La incapacidad de las autoridades para la autocrítica sobre cómo ha gestionado la crisis, como ha puesto de manifiesto Aristóbulo de Juan, el mayor experto del país, pone  de manifiesto que la crisis financiera y sus secuelas todavía no han acabado.

Este texto está publicado en Alternativas Económicas.