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Las últimas semanas han supuesto un auténtico aluvión de malas noticias sobre la situación financiera de Banco Popular. Cuando parecía que lo peor de la crisis bancaria había pasado y que ahora nos encontrábamos con un marco regulatorio mucho más exigente y una labor cuidadosa de la inspección del Banco de España, la realidad nos ha devuelto a un escenario todavía más complicado y más difícil de resolver si cabe.

España ha inyectado más de 300.000 millones de euros desde 2008 en el sistema financiero si sumamos el  dinero público explícito y avales. La condición para colocar esa cantidad de dinero encima de la mesa fue la de poner los medios suficientes para evitar que todo eso no volviera a ocurrir en el futuro. Sin embargo, no han pasado ni cinco años del último gran desembolso (el rescate de Bankia, Catalunya Caixa y Novacaixagalicia) cuando ya se está planteando la posibilidad de que haya que rescatar con dinero público a un banco privado, el Popular.

Las preguntas vuelven a ser las mismas que en 2012: ¿por qué hemos llegado a esta situación? ¿Por qué no se han puesto los medios preventivos adecuados que ahorrarían mucho dinero y salud a toda la economía española? ¿Cuál ha sido el papel de los reguladores? No deja de ser casualidad, además, que se vuelvan a plantear estas cuestiones en medio del proceso judicial de Bankia, y tras escuchar en reiteradas ocasiones a las autoridades económicas decir que “casos como el de Bankia no se van a volver a repetir en el futuro”.

El Popular es una entidad que ha dilapidado en una década todas sus señas de identidad. Ha pasado de ser el banco más rentable del mundo (premio de la revista Euromoneyen dos ocasiones en los años noventa) a generar una rentabilidad sobre recursos propios negativa. Ha pasado de ser la entidad más eficiente del mercado (excluyendo operaciones de cartera de renta fija) a ser de las peores. Y finalmente ha pasado de ser el banco más sólido y seguro en términos de capital del mercado español a tener una posición muy precaria y provocar a los accionistas desde 2007 unas minusvalías en sus acciones del 98% incluyendo dividendos y ampliaciones de capital.

La condición para inyectar dinero público a los bancos fue la de poner los medios suficientes para evitar que no se produjeron episodios como el de Bankia

Esta deriva en el modelo de negocio, que se hizo con el objetivo de que el banco se subiera al carro de la burbuja inmobiliaria, ha provocado la ruina de la entidad: es el banco de capital enteramente privado con la mayor tasa de morosidad de todo el sistema financiero y con un modelo de negocio a futuro que sigue siendo incierto. En los últimos años, los gestores antiguos de Popular exprimieron lo que quedaba de la marca para acudir varias veces al mercado en busca de dinero y evitar de esta forma la intervención pública. Sin embargo, la situación ha llegado a un punto en que es insostenible y donde el remedio quizá pueda ser peor que la enfermedad.

¿Deberíamos haber visto en este tiempo una intervención activa de los inspectores del Banco de España y los reguladores del mercado? Ciertamente, sí. Especialmente, en las últimas semanas, lo hemos echado de menos por el lado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Un marco regulatorio, que en teoría es muy proteccionista del cliente minorista, no ha hecho prácticamente nada por evitar movimientos como los que hemos vivido en las semanas anteriores con grandes subidas y bajadas del precio de la acción inmediatamente antes de la publicación de noticias en prensa y Hechos Relevantes. ¿Se debería investigar si ha habido en algunos de estos movimientos presuntos casos de información privilegiada? Desde luego que sí.

Pero antes de los acontecimientos recientes, la labor de inspección del Banco de España tenía un papel muy importante que jugar. A pesar de la renovación de los responsables de Inspección causada también por el caso Bankia y de la circular enviada a los bancos en 2016 --y ahora en proceso de reforma-- endureciendo el criterio de provisiones, la salud de un banco se sigue midiendo de una forma poco adecuada, la cual lleva a que se nos escapen la mayor parte de las crisis bancarias. 

¿Deberíamos haber visto en este tiempo una intervención activa de los inspectores del Banco de España y los reguladores del mercado? Ciertamente, sí

Para la evaluación y seguimiento de un banco, no basta con mirar “fotos fijas” como son las Cuentas, las provisiones realizadas o la ratio de capital que tiene en ese momento concreto. La ratio de capital (cuánto dinero tiene que tener un banco en proporción a los activos de riesgo en los que ha invertido) es un criterio engañoso ya que se puede pasar de la noche a la mañana de ser un banco “sólido” a estar al borde de los mínimos regulatorios. Esa velocidad de vaporización que tiene estriba en que un banco no es más que “confianza” y la “confianza” se gana de forma muy lenta pero se pierde de una forma muy rápida.

Por muy saneada que a simple vista pueda estar una entidad, dos noticias en prensa de gran impacto, una bajada del rating y una fuga de depósitos puede hacer quebrar a cualquiera. Esta es la realidad de la banca y cuanto antes asumamos que es así, antes seremos conscientes de hasta qué punto uno de los grandes retos de futuro es conseguir una banca de verdad saneada.

Por tanto, los inspectores, cogiendo una “foto fija” y cayendo en la autocomplacencia del volumen de provisiones, pueden ver cómo de la noche a la mañana aparecen agujeros contables de más de 3.000 millones de euros y un riesgo de consumo de capital de entre 150 y 230 puntos básicos de capital en el caso de Popular. ¿Qué significa esto? Que la labor inspectora no se ha centrado en lo verdaderamente relevante que es investigar si los activos que en balance figuran con un valor de 100 (supongamos) en realidad valen 100 o realmente valen 60, 50 o incluso nada.

De las diferencias de valor y la contabilización poco prudente del riesgo salen estos “agujeros contables” que la Inspección no detecta, aunque haya ocasiones en las que sea algo demasiado evidente. Es patente, en suma, la escasa o nula rentabilidad que los españoles hemos obtenido del rescate millonario del sistema financiero, el cual, al menos, parecía que sí podría rentabilizarse por la vía de reformar la supervisión y evitar que los contribuyentes pagaran por los desaguisados de gestores privados. El Popular no constituye ningún tipo de riesgo sistémico. En caso de que se plantee un rescate, ¿por qué no se le deja caer?