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Nicolas Hulot, ministro de la Transición ecológica y solidaria, presentó el jueves 6 de julio el Plan para el Clima de Francia. Más allá de los titulares que han centrado la atención, como el objetivo de neutralidad en carbono para el año 2050 o la prohibición de vender automóviles movidos por gasolina o diésel a partir de 2040, el plan francés abre numerosas áreas de trabajo que deben traducirse – en los meses que siguen – en medidas y acciones más concretas. En este artículo, el Iddri (Instituto del Desarrollo sostenible, por sus siglas en francés) se concentra en cuatro de estas áreas y formula propuestas para contribuir a su desarrollo.

Área 1: La diplomacia francesa al servicio de la implementación del Acuerdo de París 

De forma paralela a la movilización de Francia en relación a su territorio, el Plan para el Clima consolida la movilización de su aparato diplomático ante Europa y la Comunidad internacional con el fin de implementar el Acuerdo de París y confirmar la solidaridad hacia los países más vulnerables. Se indican cuatro objetivos en este sentido: estimular, de aquí a 2020, la ambición de los países de cumplir con el objetivo de limitar el calentamiento global por debajo de 1,5°C/2°C con respecto a los niveles preindustriales;  perpetuar la gobernanza de la Agenda de Acción, que reúne los compromisos de actores no estatales; recuperar el compromiso de financiación para el acompañamiento de los países en desarrollo inscritos en el marco del Acuerdo de París y movilizar efectivamente los 100.000 millones de dólares de financiación anunciados para 2020 ; y promover las iniciativas internacionales innovadoras y ambiciosas, especialmente la Alianza solar internacional y las iniciativas en beneficio del continente africano.

De forma transversal respecto de este conjunto de materias, es conveniente destacar la importancia de la implementación del objetivo global de adaptación, que el Acuerdo de París considera indisociable del objetivo de atenuación. Para hacer operativo este objetivo, que atañe a todos los países y especialmente a los países vulnerables, resulta conveniente llegar a un acuerdo a nivel internacional sobre el significado de “adaptación” y definir una serie de criterios para medir los progresos a escala nacional con el fin de poder llevar a cabo un balance global.

Emmanuel Macron ha anunciado en una rueda de prensa tras el G20, que una Cumbre sobre el Clima tendrá lugar en París el 12 de diciembre de 2017. Se desarrollará un mes después de la COP23, que debe contribuir a un avance significativo en el establecimiento de instrumentos y reglas del Acuerdo de París, y constituirá una ocasión adicional para mantener la atención política en torno a este conjunto de temáticas. 

El siguiente hito en el calendario internacional será la Cumbre de actores no estatales en 2018, en California. Tanto en un sentido como en otro, el diálogo entre estados y actores no estatales debe favorecerse con el fin de reforzar mutuamente la confianza en el carácter ineluctable de la transformación hacia una economía descarbonizada y resiliente, en la existencia de medios de actuación para llevar a cabo esta transformación y el compromiso de todos en este sentido. La participación del Presidente de la República en la Cumbre de California constituiría una señal positiva.

El conjunto de estas discusiones debe a continuación contribuir a hacer del “diálogo de facilitación” de 2018 un balance global honesto y constructivo, fundado sobre los resultados, pero también sobre las acciones puestas en marcha o no y sobre los medios de actuación adicionales a utilizar, con el objetivo de que los estados se comprometan, durante la COP24, a incrementar el grado de ambición climática de aquí a 2020. 

Área 2: Reforzar la ambición europea

El Plan para el Clima se inscribe en primer lugar en una dinámica de refuerzo de los compromisos climáticos de la Unión Europea. Para ello, Francia hace hincapié en la rápida adopción por parte de la UE de una estrategia de descarbonización profunda a largo plazo y –con el fin de dar ejemplo – en hacer lo propio en Francia con la revisión acelerada de la Estrategia Nacional de Bajo Carbono y de la programación plurianual de la energía que deberán ser consecuentes con nuevo objetivo de neutralidad de carbono en 2050. Estas estrategias a largo plazo son de las que revisten mayor utilidad pues permiten confrontar las decisiones a corto plazo con los cambios estructurales necesarios a largo plazo; pueden constituir la base de un diálogo fructífero entre Estados miembros y con las partes interesadas.

Pero para que la UE esté en disposición de incrementar la ambición de su compromiso de aquí a 2020, es igualmente necesario fomentar que su gobernanza evolucione en cuestiones de clima-energía, materia desgraciadamente no mencionada en el Plan del Clima. El sistema actual se basa todavía en un reparto del esfuerzo, negociación larga y dolorosa, que fija objetivos a 10 años. Dado que el Acuerdo de París supone revisarlos cada 5 años, el ritmo de las discusiones europeas sobre el clima debería estar sincronizado con el del Acuerdo de París. Además, las negociaciones entre Estados miembros – durante las cuales los países se “reparten” el compromiso definido a nivel de la UE – podrían verse facilitadas invirtiendo el enfoque y haciendo aquello que ha funcionado bien en la COP21: contribuciones nacionales de los Estados miembros, detalladas y discutidas entre Estados miembros a nivel europeo para garantizar su ambición e identificar necesidades de cooperación.

La cooperación entre Estados miembros será precisamente otro de los ejes a desarrollar. Sorprendentemente, el Plan para el Clima evoca poco la importancia de reforzar la alianza franco-alemana a favor de la transición energética. Esta alianza podría sin embargo presentar un fuerte efecto de empuje en el seno de la Unión Europea. Entre el resto de temas propicios, una alianza sobre una transición justa para asalariados y territorios en reconversión, especialmente aquellos dependientes del carbón, podría constituir un terreno de cooperación interesante. A imagen de las alianzas para el despliegue de tecnologías, una inversión debe producirse para desarrollar las capacidades y poder anticipar y acompañar las transiciones de la mejor manera posible.

Área 3: Acelerar la transición hacia el Bajo Carbono del sector de la movilidad en Francia

El Plan para el Clima retoma y desarrolla las disposiciones a implementar para reducir significativamente la huella del parque edificado. Deben aportarse precisiones todavía con el fin de que los resultados se encuentren a la altura de las ambiciones. En comparación, la problemática del sector transportes ha sido hasta el momento relativamente mal planteada y por ello resulta positivo que el Plan para el Clima la contemple como prioritaria. Este plan enumera algunas medidas concretas como la convergencia fiscal entre la gasolina y el diésel y reenvía buena parte de las modalidades prácticas a los próximos Congresos de la movilidad.

Estos Congresos otorgarán un lugar destacado a los transportes cotidianos: resulta efectivamente importante. Deberían desembocar en nuevas medidas para favorecer el despliegue de vehículos eléctricos, despliegue hoy en día insuficiente, a la vez que se preserva el objetivo a largo plazo que prevé no tener necesidad de dedicar subvenciones a este efecto. A corto plazo, con el fin de crear un nicho de mercado en expansión, las subvenciones podrían verse reforzadas y podrían introducirse obligaciones para las flotas de vehículos de empresas. A medio plazo, el mercado de crédito automóvil podrá asumir el sobrecoste de los vehículos eléctricos, pero las modalidades de la “prima de transición” anunciada en el Plan para el Clima deberán ser precisadas para favorecer el mercado de segunda mano y la accesibilidad de hogares con menos recursos a la motorización eléctrica. Por último, los futuros proyectos de Ley de presupuestos deberán tener en cuenta el futuro descenso de ingresos fiscales relativos a productos petroleros, que rápidamente se elevará a miles de millones de euros al año. Este descenso podría compensarse en parte a través del aumento de la fiscalidad sobre el diésel y del incremento de la Contribución Clima-Energía (CEC), pero otros hechos imponibles deben ser explorados, como la posesión de un vehículo o la anualización del sistema de bonus-malus. 

Además, el gobierno deberá respaldar la innovación en el ámbito de la movilidad. En la intersección de la tecnología digital y la ecología, los innovadores revolucionan nuestros medios de transporte (vehículos de uso compartido, préstamo de vehículos, vehículo autónomo) y luchan por convertirse en líderes mundiales de la movilidad del mañana. Estas empresas innovadoras deberán ser respaldadas, especialmente por el Fondo para la Movilidad Sostenible anunciado en el Plan para el Clima. Pero más que dinero, estos innovadores precisan de acuerdos de colaboración con ciudades y territorios con el fin de poner en práctica propuestas innovadoras, acuerdos que con dificultades establecen hoy en día. El gobierno debería considerar el lanzamiento de una estrategia nacional por la transición digital y ecológica, haciendo énfasis en la experimentación y abierta tanto a actores de movilidad como a actores de la energía, de la economía circular o al micromecenazgo.

Área 4: Hacer de la transición “justa” una realidad

Lucha contra los “coladeros de energía” (edificios no sostenibles, que consumen mucha energía), aumento del cheque energético, contrato de transición ecológica, prima de transición para ayudar a los hogares con menos recursos a cambiar de vehículo…El Plan para el Clima ha empezado pues a materializar la prioridad otorgada a los retos sociales de la transición climática, término que se encuentra en el nombre mismo del ministerio de Nicolas Hulot. Se trata pues de un avance importante.

Dos puntos merecen sin embargo una atención particular en la implementación efectiva de estas medidas. En primer lugar, el contrato de transición ecológica deberá no solo mejorar el acompañamiento social de los asalariados pertenecientes a aquellos sectores cuyo cese está previsto (carbón, refinería, nuclear), sino también proteger los asalariados de numerosas empresas subcontratadas, a menudo PYMES. Además, la historia de la salida del carbón en Europa demuestra la importancia de acompañar – más allá de los individuos - a aquellos territorios que albergan estas industrias, en particular los territorios más frágiles económicamente.  

En segundo lugar, las acciones anunciadas contra la precariedad energética en las viviendas deberían complementarse con una estrategia nacional de lucha contra la precariedad ligada a la movilidad. 7% de los franceses deben restringir sus desplazamientos a causa de su elevado coste, un obstáculo mayor en la vida diaria y particularmente para aquellas personas en busca de empleo. Esta estrategia podría apoyarse sobre numerosas empresas innovadoras y colectivos ya movilizados en este ámbito. Además de las ayudas en la compra de vehículos propios para los hogares de recursos escasos, se podría, por ejemplo, respaldar proyectos en materia de movilidad colaborativa.

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Traducción de Andrea Sancho Torrico. 

Este texto se publicó originalmente en IDDRI.