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En contra de lo que dice la vicepresidenta del Gobierno, la democracia no ha muerto, ni en Cataluña ni el resto de España. Ahora bien, sí ha mostrado sus limitaciones y su baja calidad. Ante una propuesta tan importante como la que plantean hace meses las instituciones catalanas, la reacción del Gobierno ha consistido en puro cerrilismo, entendiendo la Constitución y el Estado de Derecho como si fuera la cachiporra que utiliza la policía para disolver una concentración. Se podrá discutir su conveniencia, se podrá discutir su encaje constitucional, se podrán discutir sus condiciones, pero no tiene sentido considerar la posibilidad de realización de un referéndum territorial como una aberración democrática, sobre todo cuando tanto la mayoría de los representantes políticos catalanes como un abrumador porcentaje de la sociedad catalana quieren que se celebre.

Llegados a este punto, el referéndum que el Govern intenta realizar el 1 de octubre es evidentemente ilegal. Pero lo es también porque el Gobierno de Rajoy y Sáenz de Santamaría se han empeñado en ello, no porque un referéndum sea en sí una monstruosidad política. Que el referéndum, o lo que finalmente sea, se vaya a celebrar en unas condiciones tan precarias desde el punto de vista institucional y democrático es responsabilidad del Gobierno catalán. Legislativamente y tácticamente es una chapuza. La propuesta carece del 100% de las directrices de la Comisión de Venecia. No hay planificación alguna. Era una amenaza al Estado. Sigue siéndolo. Todo eso puede pasar porque el gobierno no negocia, sino que penaliza la política. El 80% de los catalanes quiere un referéndum: el Estado no ofrece nada, y la Generalitat se conforma con poner sobre la mesa un eterno proceso electoral. 

El Govern, más autoritario, chapucero y arbitrario que nunca, debería haber organizado el 6 de septiembre un debate parlamentario en toda regla y haber buscado otras condiciones con las fuerzas políticas catalanas. Iceta, Coscubiela, Arrimadas o el portavoz de CSQP son tan catalanes como Puigdemont. Y son sus derechos los que han vulnerado Junts Pel Si y la CUP durante la sesión en la que se aprobó, con medio hemiciclo vacío, la Ley del Referéndum con los votos de los 72 diputados del bloque independentista / catalanista.

Pero es evidente también que las fuerzas políticas mayoritarias del Estado deberían haberse puesto de acuerdo hace mucho tiempo para que Cataluña celebrara un referéndum de verdad, pactado y civilizado, con condiciones aceptables y negociadas. Sin embargo, han dejado claro que no están dispuestos a ceder un metro: durante largos meses, han rechazado toda forma de diálogo y han preferido jugar a la “firmeza del Estado de derecho”, usando la deriva del Govern para convertirse en garante de una unidad de España que no está en absoluto amenazada. 

Dicho esto, no cabe duda tampoco de que las fuerzas independentistas han sacado provecho de esa cerrilidad del Estado al plantear los términos del referéndum en las condiciones más ventajosas para sus intereses, y también es cierto que en su huida hacia adelante han utilizado los sentimientos de una parte de la sociedad catalana para perpetuarse en el poder manteniendo contra todo atisbo de razón una promesa imposible de cumplir sin hacer el ridículo.

El mero intento de que el resultado del referéndum unilateral se considere vinculante al margen del tamaño de la mayoría que se registre resulta enteramente absurdo: si los resultados fueran los mismos que los de la consulta del 9-N, esto significaría que el 34 por ciento del censo catalán decidiría la ruptura con España. ¿Puede alguien justificar algo así? El problema último del movimiento independentista / catalanista es que no tiene detrás una mayoría social suficientemente grande como para provocar una crisis constitucional que lleve a la ruptura. Si hubiera, digamos, al menos un 60 por ciento de catalanes o más favorables a la independencia, nada ni nadie podría parar la secesión. 

Por eso parece mentira que hayamos llegado a este punto. Por un lado, tenemos unas élites y unos medios exaltados, que califican de “golpe de Estado” la iniciativa de las instituciones catalanas y llaman a la “unidad de los demócratas” frente al “totalitarismo nacionalista”. Y, por otro, un movimiento independentista que intenta disimular sus carencias con un proceso de desconexión que pasa por encima no sólo de la legalidad, sino de las exigencias democráticas mínimas que cabe exigir ante una decisión tan traumática como es la secesión de un territorio.

No queremos parecer equidistantes. Por muchas torpezas y errores que estén cometiendo las instituciones catalanas y el movimiento independentista, creemos que, ante todo, corresponde al Estado establecer el marco político que permita procesar y resolver democráticamente la demanda, ampliamente mayoritaria en Cataluña, de un referéndum. Y esto debe hacerse a la mayor brevedad, porque avanzar en este esperpento solo sirve para convertir una reivindicación popular completamente legítima en una farsa manejada por unos políticos que, en el fondo, no desean convocar un referéndum y prefieren invocarlo.

Para avanzar hacia una consulta real, y no ficticia, es necesario que cale en la sociedad que esto no es un asunto de unos delincuentes que actúan al margen de la ley, sino un conflicto de legitimidades muy profundo en el que el principio democrático y el principio constitucional entran en colisión. De lo que se trata es de conseguir una solución política, consensuada y democrática que atienda los anhelos y el derecho de la sociedad catalana a expresar su opinión en una urna. Pero cada día que pasa, por culpa de los cerriles y los incapaces de uno y otro lado, nos alejamos más de esa solución.