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El pasado 20 de julio el Parlamento polaco aprobó un paquete con tres proyectos de ley cuya intención era hacerse con el control del sistema judicial. La elección del momento no pudo ser mejor: en pleno período vacacional. El Gobierno pensó que el voto sería sencillo y habría poca reacción pública. Durante la emisión en directo de la sesión parlamentaria, creció la sensación de estar inmersos en una reconstrucción histórica cercana a la de la década de 1920, cuando un régimen cada vez más autocrático intentó aprobar una ley parecida. Un siglo después, en un Estado de la UE, un partido gobernante, Ley y Justicia, intentaba convencer al pueblo de que los gobiernos electos tienen derecho a deshacerse de los jueces que se insubordinan.

El Parlamento votó el proyecto de ley, el partido gobernante reprimió la disidencia de la oposición en la sala y continuó con la agenda prevista para ese día. Luego, esa misma noche memorable, Jarosław Kaczyński, el líder de Ley y Justicia, perdió el control de sí mismo y acusó a la oposición de haber asesinado a su hermano Lech Kaczyński, fallecido en un accidente de avión en Smoleńsk hace siete años. De repente, cuando la atmósfera se estaba volviendo insostenible, Kaczyński subió al estrado --sin el permiso del presidente de la sala-- y espetó a los diputados de la oposición: “No limpiéis vuestras jetas traicioneras con el nombre de mi hermano. Vosotros lo matasteis, sinvergüenzas”.

Durante la emisión en directo de la sesión parlamentaria, creció la sensación de estar inmersos en una reconstrucción histórica cercana a la de la década de 1920, cuando un régimen cada vez más autocrático intentó aprobar una ley parecida

Esta es la forma en que el parlamento de un país, con un pasado autoritario no demasiado lejano, y cuyas élites políticas todavía pueden remontar sus raíces al movimiento de lucha contra el régimen comunista Solidaridad, votó a favor de acabar con la separación de poderes. La acaparación de poder por parte del partido Ley y Justicia se llevó a cabo en nombre de “garantizar que la gente de a pie consiga la justicia que se merece” y de “eliminar la burocracia poscomunista” de los tribunales.

Evidentemente, esto tenía poco que ver con la realidad, ya que el órgano judicial ha sido testigo de un drástico cambio generacional desde 1989. Cada uno de los tres proyectos de ley del Gobierno buscaba incrementar el poder del Ministerio de Justicia, que, de acuerdo con la actual estructura judicial, también ostenta el cargo de fiscal general. El Gobierno pretendía eliminar a los principales jueces del país, y su propuesta es que el fiscal general nominará directamente a sus sucesores. En definitiva, si estos proyectos de ley se hubieran llegado a ejecutar, el Gobierno habría conseguido hacerse con el control del poder judicial.

De entrada, los que se oponían a las medidas estaban desorientados: ¿qué significa esto? ¿Es el principio de un tipo de dictadura? ¿Cómo evitarlo, cuando el partido en el poder controla el parlamento, el senado y la presidencia? ¿Quién es la oposición exactamente?

Cadena de luz

Pocas horas después la oposición se hizo notar en las calles. Docenas de organizaciones de la sociedad civil, a las que se sumaron fuerzas parlamentarias y extraparlamentarias, pusieron en marcha decenas, sino cientos, de eventos, marchas, manifestaciones y sentadas.

La movilización giró en torno a dos cuestiones: en primer lugar, la indignación por la politización del Tribunal Supremo y su potencial impacto sobre la facultad de celebrar unas elecciones libres; y en segundo lugar, la exigencia de que el presidente vetara los tres proyectos de ley (una posibilidad que en ese momento parecía poco probable).

Las protestas adoptaron numerosas formas. Razem, el partido de izquierdas más joven y dinámico, organizó varios actos contra los proyectos de ley, incluyendo también críticas hacia el actual sistema.

Si no existe una alternativa que pueda recabar el apoyo popular, el éxito de los movimientos sociales solo servirá para reforzar la imagen de los políticos de la élite dominante como oposición legítima

La oposición parlamentaria convocó sus propias manifestaciones, en las que una larga lista de políticos predicó eslóganes neoliberales, como era de esperar. Curiosamente, también hubo manifestaciones dirigidas por las líderes feministas de Protesta Negra, una de las movilizaciones más importantes de la historia del país, que tomó las calles en octubre de 2016 contra una ley que preveía prohibir el aborto.

Probablemente, la protesta que tuvo mayor éxito, tanto en número como en espíritu inclusivo, fue la serie de manifestaciones “sin logo”, conocidas como  Cadena de Luz, en las que los organizadores prohibieron explícitamente cualquier tipo de emblema político.

Miles de ciudadanos polacos se unieron, encendieron velas, escucharon música en directo y cantaron el himno nacional. Esta fórmula ofreció una valiosa opción para aquellos que no estaban preparados para alinearse con ningún partido político. En épocas de crisis, antes de responder racionalmente, tendemos a guiarnos por las emociones porque necesitamos expresar una rabia que todavía no se ha transformado en orientación política.

Para gran sorpresa de muchos de los participantes, las movilizaciones terminaron siendo un éxito: el presidente cedió y vetó dos de los tres proyectos de ley redactados por su antiguo partido, una decisión que tiene que haber sido extremadamente difícil, tanto política como psicológicamente. Parece poco probable, como se ha especulado, que Ley y Justicia haya orquestado esta evolución de los acontecimientos, ya que su posición se ha visto debilitada. Incluso de ser así, no podrían haber anticipado la magnitud de la movilización social.

No obstante, las manifestaciones no son más que un primer paso. El panorama político polaco está obsoleto, ya que la mayoría de sus partidos carece de claridad política, y más aún de coherencia ideológica. En circunstancias como estas, las movilizaciones anónimas acaban siendo absorbidas por el poder establecido.

Eso es lo que mayormente sucedió con la Protesta Negra: los mismos partidos de la oposición que habían apoyado previamente la legislación antiaborto subieron en las encuestas a raíz de las protestas. Si no existe una alternativa que pueda recabar el apoyo popular, el éxito de los movimientos sociales solo servirá para reforzar la imagen de los políticos de la élite dominante como oposición legítima.

Los movimientos sin bandera han demostrado ser muy útiles cuando es necesaria una acción negativa: bloquear legislación inconstitucional o expresar la rabia por las brutales leyes antiaborto. Actúan como canales útiles para formar alianzas amplias, maximizar la participación social y permitir a los actores políticos ganar tiempo hasta encontrar la estrategia adecuada.

En momentos de crisis política esto puede resultar indispensable, pero a largo plazo estos movimientos no son capaces de generar una agenda positiva o el suficiente capital político para impulsar reformas progresistas. Si queremos terminar con este círculo vicioso que concede el beneficio de las movilizaciones antiélites a los partidos de la élite, nuestra resistencia tiene que ser abiertamente política.

El consenso no es lo principal

Para poder recuperar la política, el contexto es fundamental. La transformación económica postsoviética del Centro y Este de Europa vino acompañada de lo que Naomi Klein describió con sus famosas palabras: una “doctrina del shock”. Como ella misma apuntaba, en 1992, un 60% de los ciudadanos polacos se oponía a la privatización de la industria pesada.

Al votar en 2015 por la formación liderada por Kaczyński, el electorado demostró que las políticas neoliberales habían seguido su curso y habían dejado a demasiada gente sin trabajo, esperanza o futuro

Jeffrey Sachs, el responsable de desarrollar las políticas privatizadoras, alegó que no tenía otra opción y comparó el papel que él mismo desempeñó al de un cirujano en una sala de emergencia: “Cuando un tipo llega a la sala de emergencia y su corazón se detiene, te limitas a abrir el esternón y no te preocupas por las cicatrices”. Aunque el mismo Sachs ha cambiado significativamente de opinión y ha revisado su postura neoliberal, sus homólogos polacos, que ahora son destacados líderes de la oposición, siguen anclados en principios de la década de los noventa.

Casi tres décadas después, es evidente que esas heridas todavía no se han curado. Al votar por Ley y Justicia en 2015, el electorado demostró que las políticas neoliberales habían seguido su curso y habían dejado a demasiada gente sin trabajo, esperanza o futuro. Lo que escribió Chantal Mouffe acerca de las políticas de centro sigue siendo válido hoy en día:

“El consenso de centro permite a los partidos populistas presentarse como las únicas fuerzas antipoder que representan la voluntad de la gente. Gracias a una inteligente retórica populista, son capaces de articular muchas de las preocupaciones de los sectores populares que las élites modernizadoras desprecian por retrógradas y también de presentarse a sí mismos como los garantes de la soberanía popular”.

La diferencia es que las dos opciones políticas disponibles en Polonia no son, como sucede en varios países occidentales, el centro y la derecha populista. La opción polaca de centro, actualmente expulsada del poder, se sitúa económicamente más a la derecha que cualquier fuerza similar de occidente. Sus políticos creen todavía que la solución a todos los males sociales son más privatizaciones.

Por otra parte, Ley y Justicia es un partido que se autoproclama en contra de las élites y tiene un estilo de gobierno cada vez más autocrático. Cuanto más obsoleto e irrelevante se vuelve el frente liberal, más fácil resulta emplear un discurso atractivo para los “perdedores” de la transformación.

Kaczyński domina ese arte y saca réditos del actual simulacro de debate político que tiene a un lado a su partido y al otro al frente que defiende que “la privatización es la salvación”. El intento de Ley y Justicia de hacerse con el control del poder judicial no es más que el último paso en su camino hacia una dictadura blanda (y el plan es ir mucho más lejos).

Al tener que enfrentarse a una crisis constitucional más, muchas voces dentro de la izquierda se preguntan si los socialistas deberían defender las instituciones de la democracia liberal, sobre todo cuando a menudo no funcionan correctamente. El socialismo es impensable sin democracia y aun así, cuando se trata de defender principios democráticos básicos, la izquierda sigue dividida.

El intento de Ley y Justicia de hacerse con el control del poder judicial no es más que el último paso en su camino hacia una dictadura blanda (y el plan es ir mucho más lejos)

Los que están en primera línea de la lucha por la justicia parando desahucios, enfrentándose a las leyes antiaborto, organizando a los trabajadores e investigando a los poderosos, saben que los tribunales están del lado de los ricos, por eso es más difícil defender la democracia liberal cuando significa ponerse precisamente del lado de los autores de la doctrina del shock.

Este es el motivo de que las recientes movilizaciones para salvaguardar un poder judicial independiente supongan un avance muy importante en nuestro panorama político. Se trató de una ola de protestas multidimensional y políticamente variada que congregó a grandes sectores de la sociedad que querían mostrar su rabia y su disposición para actuar. Y tuvo mucho éxito, de un modo que pocos habrían podido imaginar.

Ahora, como no podía ser de otra manera, los liberales dicen que deberíamos formar una oposición conjunta para luchar contra Kaczyński. Con un programa tan impopular como el suyo, el juego de “nosotros contra ellos” es el único que pueden ganar, pero no habrá políticas progresistas genuinas en una alianza de ese tipo. La respuesta a Kaczyński tiene que ser una mayor pluralidad y no al revés, hay que trazar divisiones más precisas y significativas en lugar de desdibujarlas.

La crítica literaria y cultural Maria Janion ha defendido durante muchos años que la transformación económica polaca no había venido acompañada de una evolución de los símbolos, rituales y prácticas culturales. Ha hecho hincapié en que el movimiento emocional de las masas tenía que madurar y convertirse en un movimiento intelectual, o si no caería inevitablemente en la frustración y el caos. La izquierda polaca tiene que analizar esta situación con cuidado y sacar conclusiones tanto de la nueva e inesperada cooperación como de las serias grietas que han surgido en el proceso.

El país está dividido en muchos aspectos y aun así en los últimos dos años, hemos sido testigos de un verdadero despertar del pueblo polaco, que ha demostrado estar preparado para luchar por un futuro mejor. Nuestra tarea es asegurarnos de que no se desperdicia esta energía y que dispone de una opción política, empezando por su voto en las próximas elecciones.

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Kinga Stanczuk, traductora y profesora radicada en Varsovia, es activista del partido polaco de izquierda Razem.

Traducción de Álvaro San José.

Este artículo está publicado en Jacobin Magazine, y se reprodujo en Political Critique.