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Ante la improbable toma de medidas de trascendencia por parte de la UE conforme al artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, los socios internacionales de Polonia y los inversores extranjeros se enfrentan ahora a una dura realidad: Polonia es un país que carece de una constitución funcional.

Para entender la situación, tenemos que comprender el argumento legal central en el que el PiS de Polonia ha basado toda su estrategia contra el tribunal. Según la teoría, su mayoría parlamentaria (insuficiente para una reforma formal de la constitución) aún puede neutralizar las leyes fundamentales del país paralizando la facultad del tribunal de revisar la constitucionalidad de las leyes que promulga el PiS. 

En una situación normal, semejantes restricciones procesales ya serían de por sí objeto de una revisión constitucional. Sin embargo, el Gobierno afirma tener la capacidad de evitar tal revisión simplemente declarando la entrada en vigor inmediata de los nuevos procedimientos.

La teoría del 'efecto inmediato' se basa manifiestamente en el artículo 190 de la Constitución polaca

La teoría del “efecto inmediato” se basa manifiestamente en el artículo 190 de la Constitución polaca, que contempla que cualquier ley puede mantenerse en vigor hasta que el Tribunal Constitucional la considere inconstitucional. Pero las demandas del PiS deforman ese principio hasta hacerlo irreconocible. 

El Gobierno sostiene que dicha norma obliga al tribunal incluso cuando este revisa leyes que regulan el propio funcionamiento del tribunal. En resumidas cuentas, el tribunal debe actuar de acuerdo con cualquier nueva ley procedimental incluso cuando revise la constitucionalidad de la misma ley. 

Lo absurdo de este razonamiento se subrayó oportunamente en el dictamen de marzo de la Comisión de Venecia, el órgano de control del Consejo de Europa en Estrasburgo.

De ser correcto el argumento del PiS, advertía la comisión, "una ley ordinaria que se limite a afirmar que 'por la presente, el control constitucional queda suspendido. Esta ley entra en vigor de forma inmediata', constituiría el triste final de la justicia constitucional”. 

La observación de la comisión sólo resulta ligeramente hiperbólica. El PiS ha usado el método del “efecto inmediato” para forzar un período de espera de seis meses para la revisión de la mayor parte de los casos del tribunal, o para introducir las supermayorías inconstitucionales requeridas para considerar inconstitucional una ley. 

Nuevos y absurdos controles constitucionales 

Más recientemente, en un ejercicio de extraordinario desafío a la ley fundamental, la entrada en vigor inmediata de otra ley permitió que un grupo de tan solo tres jueces designados legalmente, de los cuales todos resultaron ser partidarios del PiS, lograra nombrar al nuevo presidente de tribunal.

La clara ilegalidad de semejante nombramiento sorprendió incluso a un juez elegido por el PiS, que se negó a participar en el proceso y unió a todos los jueces nombrados antes de 2015 por una mayoría liberal. 

Hasta la fecha, la prioridad del PiS ha sido llenar el tribunal con sus afines. Sin embargo, en el futuro, el efecto precedente de la teoría pseudolegal del “efecto inmediato” puede resultar incluso más devastadora aun para la democracia constitucional de Polonia.

Basta imaginar, por ejemplo, que el PiS procediese a nacionalizar una empresa con la que no simpatice o que confiscase el patrimonio de un oponente político. Hasta las potenciales objeciones de los jueces nombrados por el PiS podrían no importar. Lo único que el Gobierno tendría que hacer sería acompañar la ley de nacionalización de una disposición de "efecto inmediato" que anulase las competencias del Tribunal Constitucional con respecto a la ley en cuestión.

Sin protestas judiciales en masa, Polonia se vería entrando a todos los efectos en un período en el que la mayoría del PiS podría promulgar cualquier ley, sin que importasen las normas ni los valores constitucionales.

Los socios internacionales de Polonia harían bien en tomar nota. Durante los últimos 25 años, cada vez se ha ido hablando más de Polonia como "más o menos Occidente”. Pero esa premisa ya no es válida.

En lo que respecta a su sistema constitucional, Polonia está llegando a parecerse más a países como Venezuela, Turquía o las Filipinas, donde quienes ocupan el poder priman sobre las reglas y los principios de la legalidad.

Una economía en desaceleración podría forzar pronto al Gobierno a aceptar duras cesiones a cambio de inversiones occidentales y ayuda financiera

Esto no quiere decir que sea probable que los resultados de las políticas de Polonia vayan a ser tan drásticos como en los países que se acaban de citar. El Gobierno del PiS sigue estando limitado por innumerables fuerzas no jurídicas.

Las manifestaciones que han tenido lugar en las principales ciudades están forzando al PiS a desistir de sus ideas más radicales.

Y una economía en desaceleración podría forzar pronto al Gobierno a aceptar duras cesiones a cambio de inversiones occidentales y ayuda financiera. También existe un creciente resentimiento dentro de algunos elementos moderados del mismo PiS. 

Solventar los conflictos políticos en las calles, con presión económica extranjera o mediante conflictos intestinos en el régimen terminará casi con total seguridad mal para los polacos y para nuestro futuro.

Por desgracia y por el momento, parece ser que el único modo que el país tiene de aprender el valor de un Gobierno limitado y constitucional es el dolor.

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Maciej Kisilowski es profesor asociado de Derecho y Gestión Pública en la Central European University de Budapest.

Este artículo fue originalmente publicado en EUobserver.