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La brutalidad policial causó el domingo 1 de octubre docenas de heridos y contusionados en Cataluña (844, según el conteo quizá exagerado del Gobierno catalán). Hubo 2200 colegios electorales abiertos, y 313 fueron cerrados por la policía, en muchos casos usando porras y pelotas de goma contra una ciudadanía inerme. Pese a estas escenas terribles, cientos de miles de ciudadanos pacíficos formaron largas colas en muchos lugares de Cataluña. A los problemas organizativos y la ausencia de garantías democráticas, que se daban por descontados, se sumaron la violencia disuasoria y desproporcionada del Estado y una ejemplar movilización popular. Ambas cosas convirtieron el referéndum ilegal convocado por la Generalitat en el mayor éxito internacional del Govern hasta la fecha. La penosa actuación de las fuerzas del orden enviadas por el Estado español ayudó lo suyo, y supone una catástrofe política para el Gobierno del PP, y una inquietante amenaza para el proyecto democrático común, seriamente tocado, este día y los anteriores, por el abuso de poder, los registros sin órdenes judiciales y los ataques a los derechos fundamentales.

Hoy sabemos a carta cabal que cerca del 40% de los catalanes no respetan el ordenamiento constitucional, y que ya no basta con invocar la ley y mirar hacia otro lado. El Gobierno de Rajoy pretende hacernos creer que ayer no pasó nada en Cataluña; como respuesta a esa estupidez basta el sarcasmo de la prensa mundial. Si es peligroso su despiste, más todavía lo es su puesta en escena: el contraste entre la pasividad policial en las manifestaciones españolistas y la agresividad mostrada en Cataluña resume la línea de un Gobierno inútil, que nos ha llevado a una situación explosiva.

Todos los medios internacionales importantes han subrayado el uso de la violencia indiscriminada por parte de las fuerzas del orden, a las que la jueza había ordenado actuar con mesura. Al erigirse en bombero pirómano, Rajoy ha convertido una consulta sin valor legal ni respaldo internacional en un acto político de repercusión europea y con un apoyo social cada vez más amplio: el no-referéndum será trascendente a corto y medio plazo y, hoy mismo, ya lo ha cambiado todo y lo ha superado todo, incluso cualquier análisis emitido con anterioridad.

En España conocemos bien lo fácil que es convertir las divergencias ideológicas y políticas en un camino de violencia y conflicto civil. Y ahí reside precisamente la irresponsabilidad del Gobierno español y de sus homólogos catalanes. Ha quedado claro que ambas entidades no son simétricas, ya que solo una posee la capacidad de emitir violencia de manera espectacular y --esperemos que no-- prolongada. Pero ambas parecen fascinadas por una misma idea de democracia, en la que la minoría mayoritaria es la única favorecida, y por palabras inquietantes, como nación. Ambas apuestan por algo que ha sido históricamente doloroso en la Península, el Estado estrictamente nacional. ¿Hasta dónde serán capaces de llegar para poner a prueba el civismo y la paciencia de los ciudadanos catalanes, tres cuartas partes de los cuales afirman querer decidir su destino en un referéndum pactado? ¿Cuántas protestas, manifestaciones y heridos necesitarán para frenar la locomotora y parar el choque institucional, los banderazos, la represión y la fractura?

La crisis catalana es, en este sentido, la prueba del nueve de un sistema político muy frágil, gastado y poco democrático, pobre de ideas y debates, habituado a decidir las cosas importantes sin escuchar a los ciudadanos, o, peor aún, contra ellos, como sucedió con la aprobación del artículo 135. Los sucesos del 1O confirman que la democracia española presenta graves deficiencias estructurales. La ausencia e incapacidad para el diálogo, la insensibilidad hacia la democracia directa y la presencia de un ultranacionalismo latente no son los menores.

Los medios y ciudadanos extranjeros no entienden que una demanda de referéndum se aplace eternamente y finalmente se despache por la vía represiva. Es cierto que un referéndum de esta naturaleza tiene difícil encaje constitucional, pero el Gobierno ha vetado cualquier posibilidad de reforma que permitiera realizar un referéndum. Podemos pensar que los extranjeros no nos entienden (como en tiempos de Franco, o de la Restauración), pero es más razonable que nos preguntemos si nuestro sistema está fallando de manera estructural, como todo el mundo a nuestro alrededor alcanza a ver.

Tomando perspectiva, uno de los principales déficits de nuestra democracia es su obsesión legalista. La democracia exige el respeto a la Ley, cierto, pero la democracia es bastante más que el respeto a la Ley. La democracia tiene que ver con el auto-gobierno ciudadano, con decisiones tomadas a partir de las demandas de los ciudadanos. Incluso con la defensa de los ciudadanos ante leyes trasnochadas, reduccionistas o abusivas. A veces, el principio democrático entra en conflicto con el principio legal. Esto es lo que ha sucedido en el conflicto catalán. En lugar de reconocer el choque de legitimidades y buscar un compromiso, el Gobierno de Mariano Rajoy --y, con él, los grandes partidos-- ha puesto en práctica una resolución unilateral que consiste en no hacerse cargo de la demanda de referéndum, sino en omitirlo y luego reprimirlo con unas formas ridículas --sólo posibles en Hungría, en Polonia, en Turquía-- para el siglo XXI.

La responsabilidad principal de esta vergüenza democrática es del Gobierno. Pero otros partidos políticos, los medios de comunicación tradicionales y buena parte de la inteligencia española han optado por esta misma línea de negación del problema durante años. Igual que han desoído, desde 2011, las peticiones de millones de ciudadanos que reclaman más democracia y reformas profundas para acabar con la corrupción, el saqueo de lo público, el amiguismo y el secuestro de las instituciones por parte de los partidos, así como para ampliar y hacer efectivos los derechos.

La democracia catalana se parece mucho a la española. Los procesistas han ido demasiado lejos, violando el reglamento de su propio Parlamento -y cosas que son más importante que los reglamentos, como el respeto y la defensa de las minorías- y aplastando a la oposición, sin tener el apoyo popular que se requiere para sostener la desobediencia institucional. ¿Cuál debería de ser ese apoyo? No parece que, para ser efectivo, sea menos del 50% de la sociedad. Junts pel Sí, con Puigdemont a la cabeza, han iniciado una vía de insurreción que sólo puede tener éxito en una sociedad abrumadoramente partidaria de una estrategia tan extrema y costosa de sostener en términos reales. Cataluña está dividida políticamente, que no socialmente, así que su estrategia solo puede verse como una huida hacia adelante, o como un intento de obtener, por primera vez en cinco años de Procés, un objeto con el que negociar con el Estado.

El conflicto entra en un callejón sin salida. El Estado puede encarcelar a los principales responsables de la realización fallida de este referéndum --puede, incluso, si así lo quiere, encarcelar a los responsables más anecdóticos y anónimos--. Puede suspender la autonomía de Cataluña y llenar el país de mártires. Hasta podría tener éxito momentáneo con su vía represiva, rompiendo el movimiento independentista --algo difícil, debido a su creciente magnitud social--. Pero incluso si lo consiguiera, sería a costa de nuestra democracia.

Si queremos evitar un deterioro aún mayor del sistema democrático, Rajoy debería salir del Gobierno cuanto antes. Y las fuerzas de la izquierda deberían actuar conjuntamente en España y Cataluña para formar una mesa de diálogo de todas las fuerzas políticas que frene la independencia unilateral y resuelva el conflicto catalán por vías no violentas y realmente democráticas. La imagen internacional de la democracia sale muy tocada del 1O, y hace falta un reseteo a fondo y un consenso lo más amplio posible para salir del atolladero. Es urgente hallar esa salida, porque si se justifican o normalizan las imágenes terribles de este 1-O, y si el PP sigue al frente del país, lo más probable es que acabemos viendo esas imágenes, más pronto que tarde, fuera de Catalunya.

España y Cataluña deben reconducir el conflicto pactando una fórmula democráticamente asumible a través de un referéndum legal y pactado, una campaña por el sí y por el no explicativa, un recuento solvente. No está a debate la existencia de España; lo fundamental, lo decisivo, aquello de lo que hablamos, en fin, es de cuánta democracia somos capaces de asumir.