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En estos tiempos, parece imposible reflexionar sobre algo que no sea Cataluña. Parece que de forma deliberada. Cada parte piensa que gana adeptos con el enfrentamiento. En uno y otro lado, además, existen intereses en echar gasolina al fuego, para que el humo oculte otros temas más incómodos. Priman, una vez más, los intereses de partido a corto plazo sobre los del Estado o la ciudadanía.

Los gobernantes de Cataluña enarbolan la gran bandera de la independencia de forma que no se hable de los brutales (y pioneros) recortes en las políticas sociales perpetrados por los gobiernos de Artur Mas y no corregidos después. Y se envuelven en la senyera cada vez que aparece un caso de corrupción.

El gobierno de Rajoy lo hace aún más descaradamente. Cada vez que sale un tema incómodo, se subraya que lo importante es ahora defender la Constitución y que no interesa desviar la atención con “problemas menores”. Y se intenta acallar cualquier crítica repitiendo que no es momento de romper la unidad esencial del frente  constitucionalista.

Esa idea del frentismo es fomentada a ambos lados del conflicto, pues los protagonistas piensan (desgraciadamente, quizás con razón) que en cada enrocamiento fuerzan al otro lado a dar un paso más que refuerza al campo propio en convicciones cada vez más pasionales y cerradas a la menor predisposición al acercamiento o a la comprensión del otro.

Pero hoy quería subrayar que detrás de esas actitudes subyace una de las enfermedades mayores de nuestra democracia y de nuestra sociedad: la tendencia a evadir la asunción de responsabilidades.

Observamos con envidia cómo políticos de otras democracias dimiten por cualquier indicio de falta de honradez, o por fallos notorios en la gestión política. Aquí, ya sabemos que el verbo dimitir no suele pronunciarse en primera persona. Puede exigirse con facilidad para los demás, pero siempre hay excusas para nosotros.

Aquí, ya sabemos que el verbo dimitir no suele pronunciarse en primera persona. Puede exigirse con facilidad para los demás, pero siempre hay excusas para nosotros

El excesivo recurso a la judicialización de cuestiones políticas ya ha merecido algún rapapolvo en determinadas resoluciones judiciales. Pero, más allá de eso, me produce estupefacción el cinismo generalizado. Algunos ejemplos: que un político pueda reconocer que su actuación puede no ser ética pero que es legal, y quedarse tan tranquilo sin pensar en dimitir. O considerar que una absolución judicial exime de responsabilidades políticas. O que casos sobreseídos por problemas meramente formales se utilizan como exculpatorios. ¿Recuerdan, por ejemplo, en el caso Naseiro, a un Zaplana afirmando que está en política para forrarse y seguir con una prolongada promoción política posterior?

Ya que hablamos de Cataluña, ¿no debemos pedir responsabilidad política hasta el fondo a los políticos responsables de haber llegado a esta situación que, creo, la mayor parte de la población española considera inconcebible? 

¿Cómo, de un lado, se puede avanzar ciegamente hacia un callejón sin salida y generador de una profunda división en la propia comunidad, saltándose leyes, resoluciones judiciales y las más elementales reglas democráticas? ¿Cómo se puede predicar desde un Gobierno que las leyes no hace falta cumplirlas si se consideran injustas? ¿Cómo pedir respeto después a las propias decisiones si se habilita la desobediencia según el propio albedrío?

¿Y cómo, de otro lado, se puede permanecer impasible viendo cómo un problema grave crece y crece? ¿Cómo puede admitirse que un Gobierno no haga absolutamente nada, no proponga salidas, alternativas, diálogo…? ¿Cómo tolerar que las únicas reacciones sean desorbitadas, provocadoras, frentistas y, en algún caso, tan inconstitucionales como las que quiere combatir?

La salud democrática exigiría que ambos gobiernos dimitieran por incapaces e inconscientes. Y que dejen paso a otros que se enfrenten a la realidad con ánimo de encontrar salidas a este atolladero en el que aquellos nos han metido. Eso es asumir la responsabilidad por haber sido incapaces de cortar una deriva que sabíamos desde hace años a qué choque nos conducía. ¿Acaso cambiar a los responsables no es lo primero que se hace cuando se lleva a una empresa a una situación límite?

Podrían pedirse responsabilidades, por el camino,  a los responsables de dar el protagonismo en  las tertulias televisivas y radiofónicas fundamentalmente a los vociferantes e incendiarios con preferencia sobre las voces sensatas, conciliadoras y que puedan aportar soluciones constructivas. Demos carnaza a la audiencia, que parece que vende más, aunque con ello hundamos la convivencia.

Interesa transcender de esta coyuntura para subrayar otras responsabilidades que ese duelo de banderas e ineptitudes quieren ocultarnos.

Por ejemplo, que, tal y como resaltó Alberto Alonso de la Fuente (compañero de Economistas Sin Fronteras), el Banco de España estime que, como mucho, se recuperará el 28,2% de todo lo prestado a la banca española. O, lo que es lo mismo, que el Banco de España da por sentado que habrá que perdonar al sector financiero casi el 72% del "crédito a la banca". Pero esa cifra es todavía mayor, 251 mil millones de euros de acuerdo con el Tribunal de Cuentas, si incluimos no sólo las aportaciones de capital, sino también los avales, garantías por la compra de entidades y créditos extraordinarios en algunos procesos de reestructuración.

El abogado general del Estado acaba de señalar, igualmente, que los procedimientos arbitrales pendientes contra el Reino de España derivados de las reformas producidas en el sector energético y otras fuentes de energía se han incrementado exponencialmente y la cuantía reclamada supera los 7.000 millones de euros.

¿Qué responsabilidades se asumen por estos descalabros? ¿No sería lógico pensar en que los responsables de pérdidas millonarias repararan de su propio bolsillo los daños causados? ¿No deberían haber dimitido quienes nos aseguraron que no costaría un euro a los contribuyentes o cambiaron las reglas del mercado energético respondiendo a quién sabe qué intereses?

En todos estos casos, como en las crisis de entidades financieras o empresas, lo más habitual es que los gestores conserven sus puestos y cobren incluso sustanciosas primas de buena gestión. O se promocionen o retiren a destinos bien pagados, con indemnizaciones millonarias o/y fondos de pensiones de súper lujo.

Otra práctica no infrecuente en nuestro mundo empresarial: empresas semifantasmas, operan por poco tiempo y desAparecen dejando tras de sí una larga lista de deudas con clientes y proveedores. Los responsables abren inmediatamente una nueva empresa que sigue con igual práctica y así indefinidamente.

En los pocos casos de entre los citados en que los responsables son condenados a penas de cárcel, éstas suelen ser relativamente breves y se cumplen en condiciones de especial privilegio. Y a la salida, a disfrutar de lo robado tranquilamente.

Los economistas sabemos de la importancia de incentivos e desincentivos. El actual esquema hace muy rentable el desfalco (sea cual sea la forma que adopte) y la mala gestión. La probabilidad de ser imputado es escasa. Y las penas son, cuando no inexistentes, de escasa cuantía. Mientras los afectados no queden inhabilitados de forma personal y no se les obligue a devolver con creces lo robado o buena parte del coste ocasionado a las arcas públicas de forma injustificada, la irresponsabilidad (en polisemia deliberada) seguirá siendo habitual.

La responsabilidad pecuniaria personal debería extenderse aún más allá. Si analizamos el origen de buena parte del endeudamiento de nuestras administraciones públicas, descubrimos con frecuencia decisiones evidentemente irresponsables, ausencia de fundamentos en las decisiones generadoras de gastos sin rendimiento social alguno…

Las consecuencias las pagamos todos los contribuyentes. ¿No sería más justo que los responsables de decisiones manifiestamente absurdas corrieran personalmente (es decir, con cargo a su patrimonio) con el saneamiento de los agujeros financieros que han alimentado con su gestión?

En cualquier caso, una ciudadanía harta de verse envuelta en conflictos innecesarios y en deudas irresponsables tiene derecho a exigir que quienes nos llevan a esas situaciones paguen por ello. Con dimisiones o ceses, sin premios compensatorios, con penas coherentes, inhabilitaciones eficaces…, y con repercusión en sus bolsillos.

La mayor parte de los desastres políticos y económicos tienen nombre y apellidos. Exijamos que asuman su responsabilidad personal y directa, política o empresarial, y, cuando corresponda, patrimonial. Con nuestros votos, con nuestras pautas de consumo y ahorro, en nuestras redes y en la calle si hace falta, gritemos alto y claro que debe irse. La gran mayoría de la ciudadanía, habitualmente callada, debe gritar bien alto que así no, que les pagamos para que gestionen bien y resuelvan problemas, no para crearlos y alimentarlos.

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Juan A. Gimeno Ullastres es patrono de Economistas Sin Fronteras, presidente del Foro de Economía Progresista y catedrático de la UNED.

[Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión del autor y éstas no comprometen a ninguna de las organizaciones con las que colabora].