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Finalmente, Carles Puigdemont se comportó de forma razonable, y dio un frenazo en seco antes de meterse en el callejón sin salida al que el propio Govern se había abocado, al aprobar, de manera ilegal y antidemocrática, las leyes de Referéndum y Transitoriedad. En su discurso ante el Parlament, el presidente de la Generalitat pidió a la Cámara que deje sin efecto la declaración de independencia a la que obligan las leyes aprobadas el 6 y 7 de septiembre, y ofreció dejar en suspenso delirios, promesas y amenazas para abrir una fase de diálogo con el Gobierno español (apelando a la mediación de las instituciones europeas) para dar un cauce político al conflicto político en curso.

En CTXT siempre hemos pedido al Govern (y al Gobierno) que diera un paso atrás en su camino hacia ninguna parte; ese paso atrás se ha producido. Solo hacía falta ver las caras de decepción y las lágrimas de los independentistas congregados a la puerta del Parlament. Así que hoy es preciso recordar al Gobierno español que ya no hay excusas, que ahora le toca a él hacer lo que no ha querido hacer: la Generalitat ha ofrecido una tregua y es el momento de recular y de sentarse a negociar, mañana mismo si es posible.

El problema catalán no es ni un invento ni una rabieta de las élites políticas catalanas. Millones de ciudadanos se han sentido ninguneados y humillados desde que el Partido Popular decidiera echarse al monte y cabalgar la fobia a Cataluña utilizando de forma espuria al Tribunal Constitucional, para rebajar el Estatut aprobado en referéndum a la categoría de papel mojado. Después de lo ocurrido ayer, el Gobierno debe ser responsable y respirar hondo. Debe dejar de escuchar a la parte más radical y agresiva de su electorado e ignorar al coro de tertulianos y medios públicos y concertados que piden mano dura e invocan la furia española como única solución posible.

Si Rajoy decide aplicar el artículo 155 para responder a la no declaración de independencia (en todo caso, la más breve y surrealista de la historia), estaría cometiendo un error enorme. El choque de instituciones, banderas y ultras al que nos han condenado la inacción de Rajoy y la desesperación del Govern debe terminar cuanto antes. Acudir al artículo 155 no sólo sería una estupidez política sino que arruinaría la credibilidad de las instituciones que dice defender, y reforzaría la unidad y el victimismo de los independentistas.

Si la crisis catalana no se resuelve por la vía política y negociada, será un polvorín inmanejable. Y parece claro que solo se arreglará de forma duradera con un referéndum pactado, que es lo que desean más del 80% de los ciudadanos catalanes, de todas las tendencias e ideologías. Pero el conflicto no es solo Cataluña contra España. Estamos ante una crisis política y social más amplia que la territorial.

El sistema constitucional nacido en 1978 ha llegado a 2017 desacreditado, débil por culpa del desgaste y la mala política de los grandes partidos. Desde el 15M, millones de jóvenes y ciudadanos sin futuro exigen más democracia y el fin de los recortes. El sistema ha respondido con jueces, porras, pelotas de goma, mordazas, manipulación y más austeridad, intentando frenar cualquier cambio real y castigar de paso la disidencia. Desde su atalaya sistémica y privilegiada, Puigdemont puso ayer sobre la mesa un hecho indiscutible. El sistema no funciona. No se trata solo de legalidad, se trata sobre todo de mejorar la calidad de la democracia y de la representación.

Es hora de que el Gobierno (y de paso el Jefe del Estado, y su entorno, y unos medios cada vez más exaltados y reaccionarios) tomen nota, abandonen su cerrilismo y su sed de venganza y abran paso a un debate y a una negociación multilateral que responda a esta crisis profunda con más política, más democracia, más transparencia, más participación. Si Rajoy y Puigdemont, que nos han llevado a este disparate, no son capaces de sentarse a hablar, deben dejar paso a otros interlocutores más capaces y tolerantes. Si no pueden, o no quieren, sus compañeros de partido y sus aliados deben convencerlos para que den un paso a un lado y convoquen elecciones en Catañuña y en España.

Lo que es evidente es que el país no puede seguir más tiempo en este estado de tensión y de violencia creciente. Insistir en la confrontación, las banderas y la actitud autoritaria, empeñarse en defender la Constitución con jueces, policías y violencia de la extrema derecha, convertir un Estado sin soberanía en un tótem intocable y enrocarse en medidas excepcionales o de emergencia solo servirá para empeorar la situación y aumentar la desafección y el malestar.

Millones de jóvenes y ciudadanos empobrecidos siguen esperando soluciones. Esa es la verdadera mayoría silenciosa, la que necesita que su país deje de jugar a las patrias, el matonismo y las banderas, y se ocupe finalmente de ellos.