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Escribo estas líneas poco antes de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, responda al requerimiento-amenaza enviado por Mariano Rajoy en relación con el artículo 155. Lo hago con tristeza, con preocupación y con cierta rabia. Una sensación compartida con mucha gente, partidaria y no de la independencia, que se siente atrapada entre dos posiciones erráticas y muchas veces insensatas.

Ciertamente, no se trata de posiciones simétricas, por lo que la equidistancia ni es posible, ni es deseable. El PP cuenta con un aparato de coacción y con unas complicidades judiciales de los que la Generalitat de Catalunya carece. Esto le ha permitido prohibir actos públicos, requisar imprentas, ordenar cargas policiales contra manifestantes pacíficos que defendían su derecho a votar o instar la detención de distintos cargos del gobierno catalán. Cualesquiera que fueran los delitos cometidos por Rajoy y su partido, al revés no podría ocurrir nunca.

Sin embargo, estos días también han mostrado los límites de un unilateralismo que ni ha tenido en cuenta la diversidad del país, ni ha calculado su fuerza real, ni ha medido las graves consecuencias de algunos de sus actos. Y que al haber confiado al nacionalismo conservador –tan antisocial como el PP e igualmente marcado por la corrupción– un protagonismo excesivo,  no ha conseguido interpelar a sectores importantes de la sociedad catalana ni tejer alianzas suficientes en el resto del Estado.

En este contexto, pedir diálogo y paz es, ante todo, estar dispuesto a entender las razones del otro y a poder debatir sin violencia. Hoy, esto supone, como mínimo, que cesen las intimidaciones a quien piensa diferente, que se retiren las fuerzas policiales desplegadas el 1-O, que se deje de dar impunemente alas a la extrema derecha, como ha ocurrido en Barcelona o Valencia, y que acaben las provocaciones indecentes como las de Pablo Casado a propósito de Lluís Companys. Y algo esencial: que se admita hablar de lo que no se hablado en todos estos años. De los cambios democráticos que en el terreno social y político se vienen exigiendo desde el 15-M y del propio derecho de la ciudadanía de Catalunya a un referéndum acordado.

En estos días, hemos visto cómo los elementos más retrógrados del Régimen del 78 están aprovechando el conflicto con Catalunya para ganar posiciones que habían perdido. Sin embargo, sería inadmisible que la crisis actual se resolviera con más autoritarismo y con menos democracia. La alternativa al agotamiento del modelo autonómico no puede ser ni una mayor recentralización ni la asfixia del autogobierno y de la pluralidad nacional. La supuesta defensa de la “unidad de España” no puede convertirse en carta blanca para seguir laminando los derechos sociales y las libertades políticas en el conjunto del Estado. 

Y es que pase lo que pase en estos días, la crisis de Régimen no desaparecerá. Ni la crisis social, ni la democrática, ni la de la Monarquía, que ha abdicado torpemente de su supuesta función integradora para ponerse al servicio de la política autoritaria del PP.

Es por eso que el diálogo no puede comportar la renuncia a crear nuevas alianzas sociales y políticas capaces de desafiar el actual statu quo. Para comenzar, en Catalunya, donde evitar la aceleración a cualquier precio no implica renunciar al impulso de proyectos republicanos, inclusivos, que partan de la soberanía del pueblo de Catalunya pero que se abran de manera explícita a la construcción de proyectos comunes, fraternos y libremente decididos, con el resto de pueblos y ciudadanos del Estado.

Una alternativa confederal para Catalunya en el marco de un Estado plurinacional podría convertirse en espacio de encuentro de un bloque amplio y plural favorable al cambio. Un espacio en el que el reconocimiento de las singularidades nacionales y de la bilateralidad pueda convivir con el compromiso solidario con el progreso económico y social de todos.

Una iniciativa de esta envergadura, ciertamente, exigiría la apertura de nuevos marcos constitucionales. Sin embargo, la reforma constitucional no puede convertirse, como estamos viendo, en una coartada para ganar tiempo sin que nada cambie. Ahora mismo, hay muchísimas transformaciones concretas que podrían impulsarse sin necesidad de cambiar previamente el texto constitucional. Algunas están siendo impulsadas ya por ayuntamientos del cambio de todo el Estado (también algunos socialistas), que a pesar de las dificultades, han conseguido reconquistar soberanías del día a día en terrenos como el social o el ambiental. Otras podrían aprobarse mediante reformas legislativas en las que Unidos Podemos, los comunes, diferentes fuerzas soberanistas y un PSOE que se decida a abandonar al PP, podrían tener un papel clave.

Evitar los alquileres abusivos, garantizar pensiones dignas, asegurar a todas las personas una mejor protección contra la precariedad, desprivatizar bienes comunes como la energía, reconocer un trato más digno a las personas migrantes o refugiadas, avanzar en la igualdad de género, conseguir una legislación electoral más proporcional o la propia celebración de un referéndum acordado en Catalunya. Estas y muchas otras medidas podrían aprobarse mediante leyes ordinarias u orgánicas que solo requerirían neutralizar –o desplazar del Gobierno– al PP y a un Ciudadanos cada vez más escorado a su derecha. Difícil, pero no menos que una supuesta independencia indolora y exprés o que mantener sin elevadísimos costes sociales el estado de cosas actual.

El enquistamiento de la crisis catalana ha generado tristeza y enfado entre mucha gente partidaria de cambios tan necesarios como impostergables. Sin embargo, la actual situación de bloqueo no tiene porqué acabar con una restauración conservadora de lo peor del Régimen del 78. El diálogo no puede ser una suerte de narcótico que anestesie los anhelos de cambio y de emancipación social. Por el contrario, debería dotar de mejores razones a la necesidad de impulsar, en las instituciones y fuera de ellas, nuevas alianzas destituyentes de las actuales relaciones de poder y constituyentes de otras nuevas. En Catalunya, en España y en una Europa demasiado oligárquica que hace tiempo debería haberse abierto a la democracia política y económica.

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Gerardo Pisarello es primer teniente de alcalde y portavoz del Ayuntamiento de Barcelona.