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Existe una movida jurídica llamada doctrina del fruto del árbol envenenado. Básicamente dice que si uno se come una bellota de una carrasca de Chernóbil (si es que hay carrascas en Ucrania) no solo no se alimentará sino que la naturaleza pervertida del fruto desencadenará una reacción en cadena que intoxicará todo el organismo hasta el punto que cualquier cosa que nazca de él heredará una genética corroída. El informe final de Bárcenas fue el relato de un presunto Chernóbil procesal.

El día 6 de noviembre, en la calle Límite, habló el abogado de Bárcenas, Joaquín Ruiz de Infante. Su intervención trató de mutilar el árbol del caso Gürtel y llegar a lo que él entendía como una raíz envenenada: es decir, un montaje jurídico malintencionado impulsado, en buena parte, por una vocación mediática y política. Inició su operación de tala aludiendo a las grabaciones que ordenó hacer Baltasar Garzón a los principales encausados y a sus abogados en la cárcel. Se quejó de que los letrados defensores no tuvieron acceso al contenido de lo que se escuchó y se apoyó en resoluciones del Tribunal Supremo para alegar que esta circunstancia colocaba a los investigadores en una posición de ventaja: pueden saber si el imputado ha participado o no en los delitos y conocer su estrategia de defensa. “El conocimiento por parte de la UDEF de esa información ha podido viciar el procedimiento”, lamentó Ruiz antes de pronunciar la primera de sus muchas peticiones de absolución para Bárcenas. Durante cuatro horas de exposición no aceptó ninguna de las imputaciones del escrito de acusación.

En el informe de la Fiscalía, presentado a finales de octubre, Concepción Sabadell negó que los frutos estuvieran envenenados. La doctrina arbóreo-jurídica dice que deben ser nulas todas las pruebas directamente vinculadas al tronco tóxico. Y, según la Fiscalía, ninguna de las pruebas del macrojuicio tienen la más mínima conexión con aquellas grabaciones: todo, según ella, procede de árboles distintos. Este argumento lo han levantado otras defensas en relación a las grabaciones de José Luis Peñas que destaparon la trama; sin embargo, éstas se han considerado lícitas desde el primer momento y su pertinencia fue corroborada por los peritos.

El letrado Joaquín Ruiz es un tipo normalmente silencioso que aparenta sentirse fuera de lugar. Tiene un aspecto gris, poco enérgico, y al ponerse la toga más que un abogado parece un asceta ruso. Mostró también esa inteligencia despojada de sentido de la seducción que se encuentra en los matemáticos que visten con americanas de paño. Su desconfianza en el proceso llega a tal punto que, conforme avanzaba, perdió su halo de apatía y empezó a suspirar de hastío entre punto y punto del informe.

El envenenamiento de la causa, para él, iba más allá de las grabaciones de Garzón. En su opinión, la construcción del caso se efectuó en sentido contrario al debido, es decir, primero se estableció el hilo argumental y luego se investigó para consolidarlo: no fueron las pruebas las que generaron el relato. “Las conclusiones deben obtenerse tras las pruebas, no antes”, criticó refiriéndose a que la UDEF no comprobó explicaciones alternativas, por ejemplo, en relación a la atribución a su defendido de siglas en los apuntes contables. Se quejó de que se vinculara a Bárcenas con siglas diferentes: tanto LB como Luis El Cabrón. “No se ha podido comprobar que PAC fuera Álvarez Cascos, por lo tanto, esa prueba que sí se atribuye a Bárcenas no es suficiente ni válida”, comparó.

Había, según Ruiz de Infante, “interés mediático” en que Luis El Cabrón y LB fueran Bárcenas porque convenía vincular la Gürtel a su cliente. Para él, lo achacado a Bárcenas en la acusación no guarda relación con la trama de Correa. De modo que para que pudiera empalmarse una cosa con la otra, Bárcenas debía disponer de un “poder omnímodo” dentro del PP. Cosa que rechazó. “¿Han analizado los estatutos del PP para ver si el gerente, aparte de ser administrativo, tenía carácter político?”, preguntó, y lamentó que la investigación no comprobara si, realmente, Bárcenas gozaba de poder en cuestiones de contratación. Las acusaciones que se deriven de ese argumento, sentenció, “son manifestaciones gratuitas”. Si algo se ha visto en Gürtel, no obstante, es que los estatutos no siempre marcan las potestades reales de los cargos.

Ruiz empleó el mismo esquema de negación al hablar de los fondos en cuentas suizas. Enfatizó que Bárcenas no había sustraído dinero del PP ilegalmente en ningún momento y que no había recibido nada de Correa. Tampoco eran ilícitos los millones expatriados: criticó que la investigación dio por supuesto que el dinero procedía de actividades ilícitas y no lo comprobó. De la misma forma, arremetió contra la visión de las acusaciones según la cual el extesorero popular construyó un entramado financiero. El dinero, aceptó el letrado, no estaba declarándose a la Hacienda Pública, pero eso no implicaba que existiera un entramado financiero. “Sus cambios de activos eran lineales, y un entramado no puede ser lineal”.

Sin embargo, según expresaron las acusaciones dos semanas atrás, Bárcenas movió el dinero cuando se abrió el proceso e hizo algunos malabares para que le fuera devuelto en una forma más limpia. Para el defensor, en cambio, esos movimientos fueron una respuesta a la crisis bursátil: “¿Cómo no iba a cambiar de estrategia ante las pérdidas?”, se preguntó.

Llegado este punto, Joaquín Ruiz, que había suspirado ya al menos cinco veces, alabó la declaración que en su día ofreció su cliente. Bárcenas, así lo vio él desde su silla, aportó justificaciones minuciosas sobre la procedencia de sus fondos. Cosa que, en realidad, no ocurrió. O al menos no de una forma jurídicamente consistente. Bárcenas fue puntilloso hasta el tedio, pero aportó palabras, no documentos.

De la misma manera que la fiscal y el abogado del Estado consideraron “abrumadoramente probada y contrastada” la actividad ilícita de Luis Bárcenas, Joaquín Ruiz valoró como probadas y contrastadas la incompetencia de las acusaciones, la ausencia de pruebas, el ejercicio investigador de la UDEF y el envenenamiento del árbol del proceso. En la versión de Bárcenas hay lagunas como las hay también en la de la Fiscalía. Pero el letrado cuestionó incluso las confesiones surgidas de pactos con la Fiscalía, y lo hizo con cierto éxito porque, tenga razón o no, la existencia de un pacto puede levantar sospechas. En las facultades de Periodismo se enseña que un profesional no puede ofrecer dinero por una entrevista porque se abre la puerta a que el sujeto, ante la posibilidad de obtener un beneficio, mienta, tergiverse o adapte la verdad a lo que se espera de él. ¿Reducir la pena de un acusado no puede considerarse un beneficio, un pago? No sucede solo en Gürtel. Sucede en muchas causas. Para un profano, observar un juicio de cerca, lleva a la confusión. Atendiendo a las pruebas, la carrasca Gürtel no parece estar enraizada exactamente en Chernóbil como intentan vender las defensas, pero, del mismo modo, resulta difícil creer que se encuentre asentada en una tierra totalmente sana.