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Hay una teoría de la conspiración dentro del mundo Gürtel. Creen en ella y la defienden muchas de las defensas. Miguel Durán, abogado de Pablo Crespo, segundo de Correa y ex del PP gallego, la expuso con deleite en la sesión que abrió la ronda de informes de los acusados. Es el momento de replicar los contundentes alegatos de las acusaciones que consideraron abrumadoramente probada la actividad delictiva de la trama. Edmundo Bal, abogado del Estado, solicitó la semana anterior una “condena ejemplar” que provoque unos efectos disuasorios en quienes se planteen mangonear las instituciones públicas en el futuro, o en el presente (probablemente, el próximo Correa ha pasado ya ante nuestros ojos en la retransmisión de algún evento público, pero no hemos reparado en él).

Pedir una sentencia ejemplar no parece demasiado ejemplar, y revela una verdad: la faceta comunicativa de la Justicia. Y más allá. El hecho es el hecho, y añadir la ‘ejemplaridad’ al juzgarlo, aunque sea legal, enseña una grieta en esa imagen de la Justicia como algoritmo imparcial. Explicamos. Además de rigor y profesionalidad (suponemos), detrás de las decisiones o la construcción jurídica de los casos, hay también ánimos, preferencias, opiniones y sensibilidades. Cosa lógica en tanto que el trabajo lo ejercen humanos. El error no está en que exista todo esto, sino en ocultarlo. 

Al mismo tiempo, las defensas siguen intereses que les empujan a salirse del tiesto y negar pruebas incontestables. Las versiones de cada bando son diametralmente opuestas. Al escuchar a algunos abogados obcecarse contra ciertas evidencias o a la Fiscalía cayendo en reduccionismos, uno sospecha que todos han llegado a la conclusión de que el juicio, en algún grado, no es más que un mercado que funciona bajo leyes de oferta y demanda.

A esta rama se están agarrando defensas como la de Pablo Crespo, a cargo del letrado Miguel Durán. El día 30 de octubre criticó la “exacerbada politización del proceso”, se quejó de que el caso había generado “más portadas que la banda terrorista ETA” y sentenció: “Aquí se ha perseguido al PP y se le han dado patadas, todas las que la oposición ha querido”. El juez Hurtado cortó el mitin en seco. 

 “Esta causa tiene una nulidad radical”, apuntó Durán. “Lo probable es que se produzca una sentencia condenatoria”, predijo. Seguidamente cuestionó la buena fe del proceso, incluso impugnando al juez del tribunal José Ricardo de Prada: “Su condición de amigo de (Baltasar) Garzón podría rebajar cuando no cortar de raíz su imparcialidad”, por ese motivo, el propio Durán planteó su recusación poco antes de la apertura del juicio oral (por eso y por tratar de retrasar el inicio).

A lo largo de las vistas, los letrados defensores han expresado su indignación, ya fuera en las mismas sesiones o en los pasillos de la Audiencia. Buena parte de ellos perciben una intencionalidad perversa en la evolución del caso. Se ha hablado de que está instrumentalizado, se ha clamado contra las supuestas inconsistencias argumentales del Ministerio Público… Por ejemplo, en relación al fraccionamiento de facturas para la Comunidad de Madrid, algunos letrados han expresado en varias ocasiones que es un modo de proceder habitual en la administración. El ritmo de trabajo y la imprevisibilidad, arguyen, no deja tiempo para convocar los concursos pertinentes. En los corrillos, se han oído quejas: el juicio, a sus ojos, ha estado trampeado. La indignación era y es sincera, aunque eso no garantiza que sus razones posean consistencia. Uno agranda los detalles que sustentan su posición y minusvalora los que la contradicen: es psicología básica.

La lógica de la conspiración es como el pegamento industrial, se adapta a toda superficie. La declaración de Francisco Correa en su día contribuyó a fijar la arquitectura del caso. Ratificó muchas pruebas. Durán aludió a un pacto entre Correa y la Fiscalía producido “a espaldas de las partes”. De este acuerdo habrían salido las confesiones que daban carta de naturaleza a las cajas B de Correa y del PP. Para toda teoría de conspiración, la mejor estrategia es negar la totalidad y rehuir el detalle, la prueba. El caso, clamó Durán, debería haberse cerrado para siempre cuando Baltasar Garzón fue expulsado de la justicia por grabar a los procesados en la cárcel.  

Las confesiones del cabecilla aclararon muchas dudas, y a ello se agarró su abogado Juan Carlos Navarro en su informe. Navarro explicó que la conducta de su defendido no solo era “autoinculpatoria, sino que se extiende para acusar a otras personas investigadas y para ir más allá en otros procedimientos”. Además, gracias a sus palabras se pudo “abrir otro proceso cerrado”, indicó en alusión a la investigación de la caja B del PP. Contrapuso la predisposición de su cliente con la de José Luis Peñas, autor de las grabaciones que abrieron el caso, para exigir atenuantes: “Al señor Peñas se le rebaja [la pena], y eso que no confesó un solo hecho y que ha eliminado (de la grabación) las partes que le son perjudiciales”. En su opinión (y en la de otras defensas), el objetivo primero de los audios era chantajear a Correa y no denunciarlo a la justicia, entre otras cosas, porque también había participado en los delitos.

Navarro aseguró que Correa aceptaba los hechos cometidos, pero no la forma de tipificarlos. Rechazó la asociación ilícita: indicó que las empresas no se constituyeron con el fin de delinquir: “Lo que se está juzgando es un 0,5% o un 1% de la actividad que desarrollaba en el sector privado”. También lamentó vulneraciones de derechos durante la instrucción y en el acometimiento de algunos registros. “No se estaban investigando unos hechos, sino a una persona, y eso está prohibido”, exclamó. Con respecto a los sacos de billetes sustraídos a la Hacienda española, contó que deseaban sacar el dinero de Suiza, pero que el país helvético lo impedía. “La actitud es colaboradora y haremos lo necesario para que ese dinero venga a reparar el perjuicio cometido”. Navarro anunció que el grado de colaboración seguiría la misma dinámica en el resto de secciones de la trama que quedan por juzgar.

En su informe de la semana anterior, Edmundo Bal explicó que Correa se había adjudicado todas las responsabilidades a sí mismo para no implicar a ninguno de sus antiguos trabajadores. No obstante, las pruebas eran las que eran, y la versión no terminó de colar. Después de todo el trayecto, uno llega a la conclusión de que Correa infringió las leyes, entre otras cosas, porque decidió configurarse un sistema legal íntimo, paralelo. Era un sistema antisocial, sí, pero en él también existía un extraño sentido de la lealtad.