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La política catalana no deja de acaparar titulares. No solo por el tema de fondo –la independencia de Cataluña del resto de España–, sino por las variopintas situaciones que se han ido desencadenando a partir de ésta. Desde septiembre de 2017 hemos asistido a reformas exprés del Reglamento para poder tramitar leyes de desconexión en tiempo récord; a un referéndum sin efectos legales duramente reprimido por el Estado; a una declaración unilateral de independencia hecha en forma de proposición no de ley; al encarcelamiento de cargos electos y de miembros de asociaciones civiles por un delito de rebelión sin alzamiento violento (si es que eso puede existir); a la huida del anterior President para evitar la cárcel; a la intervención de las cuentas y de varios órganos autonómicos en virtud de un artículo constitucional pensado para no usarse nunca –y, por lo tanto, con un contenido vacío que había que rellenar–; a unas nuevas elecciones que han dejado la cosa prácticamente igual y, estos días, a un acto de investidura en el que se pretende investir al President en el exilio… desde el exilio. Ríanse ustedes de las tramas de Juego de Tronos.

Puigdemont parece que va a ser candidato, pero no quiere pisar territorio español por temor a ser detenido. En Bruselas ya no se le puede detener porque el Tribunal Supremo retiró la orden europea de detención, ante el riesgo –más que probable– de que los jueces belgas no apreciasen varios de los delitos que se le imputan. De modo que la discusión está ahora en si puede celebrarse la sesión de investidura con el candidato interviniendo a distancia, por videoconferencia. 

Lo primero que hay que hacer es acudir al Reglamento del Parlament que, en su artículo 146, dice que el candidato a President debe presentar su programa de gobierno ante la cámara a fin de recabar los votos necesarios para ser investido. Y aquí empieza el lío, porque este artículo da pie a diversas interpretaciones. Para algunas personas, presentar el programa de gobierno ante la cámara requiere de una presencia física. Para otras, lo importante es que se presente, para lo que no hace falta una presencia física, sino un canal de comunicación mediante el que trasladar dicho programa a los y las diputadas, permitiendo además al candidato escuchar y responder a las intervenciones del resto de grupos parlamentarios. Obviamente, el Reglamento del Parlament no hace referencia a la posibilidad de dar discursos telemáticos, porque en la época en la que se elaboraron este tipo de normativas no se pensaba en la posibilidad de que la tecnología facilitase este tipo de prácticas.

Más allá de la opinión que cada persona albergue sobre la necesidad de estar presente o no, sobre si basta con que se asegure un canal de comunicación fiable y solvente, lo que este caso nos presenta es un ejemplo más de que las instituciones llegan tarde a la revolución en las comunicaciones. Y, dentro de las instituciones, los parlamentos pueden ser uno de los órganos más anacrónicos que existen, no tanto por la presencia o ausencia de equipos informáticos y otras tecnologías en las sedes parlamentarias, sino por la adaptación de su funcionamiento a sus posibilidades.

Personalmente, me llama mucho la atención que la defensa de las iniciativas legislativas se haga solo de viva voz, sin el soporte de ningún proyector donde se vayan apuntando aspectos clave de la ley que se pretende aprobar. A su vez, la tramitación de iniciativas y las comunicaciones internas se siguen haciendo, en su mayor parte, mediante el registro de papel, lo que conlleva un gasto innecesario y poco ecológico. Otros implementos tecnológicos, como el voto telemático, se reservan para situaciones excepcionales, como la maternidad o la grave enfermedad, y suelen ser subalternos de la delegación de voto en alguna persona del mismo grupo parlamentario. 

Probablemente, el lector o la lectora de este artículo esté muy a favor de que diputados y diputadas tengan que asistir forzosamente al pleno del parlamento a desarrollar su actividad. Es su trabajo y por eso les pagan, ciertamente. Pero creo que es un error hacer de la presencia un fetiche, sobre todo cuando la presencia no asegura un buen funcionamiento de la institución. El pleno parlamentario estaba originariamente ideado como el espacio de debate y deliberación sobre las propuestas legislativas que allí se debían aprobar. En aquella época, por supuesto, la presencia era necesaria, pues no existía siquiera el teléfono. En aquella época, tampoco los partidos existían o eran una mera agrupación de determinados diputados (partidos de notables) que se ponían de acuerdo casi en el momento para apoyar o votar en contra de las propuestas. En ese escenario, la presencia y el debate tenían todo el sentido.

¿Pero qué pasa ahora? Ahora los parlamentos se han convertido más en un escenario donde se lleva a cabo una representación política, que en un espacio donde se hace política propiamente dicha. El trabajo político no se hace en el pleno. Las negociaciones, las iniciativas legislativas, la orientación del voto y otros elementos de la política de partidos se deciden antes de la sesión plenaria, a la que acuden los y las diputadas con el trabajo hecho y las posiciones tomadas previamente en el seno de los partidos (salvo casos excepcionales). Los debates parlamentarios, más que para convencer al resto de diputados, sirven para argumentar la posición del grupo parlamentario de cara a la comunicación exterior, ya sea a través de las crónicas parlamentarias de los medios o para aquellas personas que se atrevan a ver el pleno, bien de manera presencial o mediante su retransmisión online. Los plenos son una liturgia y que los escaños estén ocupados o no tiene más que ver con la cortesía parlamentaria hacia otros grupos, con el apoyo al diputado de un grupo que esté interviniendo o con el miedo a que la bancada de un grupo aparezca vacía en los recursos que graban los medios de comunicación que con el papel que puedan desempeñar allí los representantes, salvo en el momento de la votación. Por eso es habitual, por ejemplo en el Parlamento de Andalucía, que Susana Díaz se ausente durante todo el pleno y sólo ocupe su escaño cuando hay que votar y cuando se realizan las preguntas a la Presidenta. 

Conociendo este funcionamiento y desde un enfoque pragmático, no existiría ningún problema en que Puigdemont realizase su discurso de investidura por videoconferencia, ya que en nada afectará su presencia o su ausencia al resultado final de la votación, por lo que no es imprescindible. Un correcto funcionamiento parlamentario no depende tanto de formalismos como de otros elementos, como que sirviese efectivamente para parlamentar, para cambiar -si hace falta- la posición marcada originariamente por el partido, para transaccionar y buscar puntos de acuerdo. 

Esto no se produce evitando que la tecnología entre en los parlamentos, sino con un cambio en la voluntad y en la actitud de los partidos y los representantes. De hecho, cuando ahora se habla de la posibilidad de que un candidato a President intervenga y vote a distancia, en lo que pienso es en por qué no podemos intervenir y votar a distancia también las personas que no nos representamos más que a nosotras mismas, no como un medio para sustituir a los representantes, sino como un complemento a su labor, como un contrapeso ciudadano para evitar que se tomen decisiones perjudiciales o para apoyar muchas otras que nos serían beneficiosas. Esto, al menos, acercaría las instituciones a la gente porque, si hay algo peor que un parlamento vacío, es un parlamento lejano; y la presencia, por sí misma, no implica cercanía.