Las mujeres españolas son más vulnerables a la pobreza energética que los hombres. Esta es una principales conclusiones del informe recientemente publicado por el Parlamento Europeo Gender Perspective on Access to Energy in the EU , un estudio que aporta un análisis de género de los principales factores que determinan el acceso a la energía de los ciudadanos de la UE. El documento destaca una combinación de bajos ingresos y hogares ineficientes energéticamente –caracterizados fundamentalmente por la edad de construcciones y electrodomésticos- como las principales causas de la pobreza energética. Un conjunto de factores que, junto al precio de la energía en cada país, determinan el carácter multidimensional de un fenómeno, en el cual, según destaca el informe, la condición de género supone un “elemento fundamental a la hora de obtener una visión integral del problema.”

En el caso de España, a pesar de la escasez de información segregada que denuncia el estudio, existen distintos elementos que apuntan a una especial incidencia de esta brecha de género en la cobertura de las necesidades energéticas de las españolas. El más relevante de ellos tiene que ver con el porcentaje de gasto en servicios energéticos sobre el total de ingresos anuales de los consumidores. Según apunta el informe, los datos de nuestro país en este aspecto muestran una situación de mayor vulnerabilidad para las mujeres en prácticamente todos los casos. Así, un 15% de las españolas menores de 65 años gastan más de 10% de sus ingresos anuales a las facturas de la energía, y hasta un 7% han de dedicar más del 15%. En el caso de las mujeres mayores de 65 años, la cifra se dispara hasta el 26% para el primero de los apartados y el 12% en el segundo. Se trata en todo caso de valores notablemente por encima del promedio total de la UE, que se sitúa en torno al 3% y el 4% de gasto dedicado a servicios energéticos sobre la renta total anual para los hogares con altos ingresos, y el 9% para las familias con mayores dificultades.

En este sentido, resulta especialmente significativa la aportación realizada la ONG Ingeniería sin Fronteras que se recoge en el informe según la cual, tan solo en la ciudad de Barcelona, el 70% de las subvenciones otorgadas en para la lucha contra la pobreza energética tuvieron a mujeres como beneficiarias. Cifras muy notables teniendo en cuenta que la principal función de estos programas de ayuda es aliviar el gasto energético de las personas con mayores problemas económicos, por lo que se trata de subvenciones ligadas a la existencia de ciertas condiciones de vulnerabilidad en los consumidores.

El estudio del Parlamento Europeo señala asimismo la composición de las familias como uno de los indicadores que más determina el impacto de la pobreza energética, destacando particularmente los datos obtenidos en función del sesgo de género. En este sentido, las familias monoparentales, así como los hogares unipersonales, presentan un riesgo mucho mayor de sufrir problemas relacionados con la pobreza energética, ambas casuísticas predominadas fundamentalmente por mujeres. Tal y como apunta el documento, los hogares monoparentales encabezados por mujeres representan un 13,4% sobre el total de familias, dato que contrasta con el 2,6% de hogares compuestos por un solo progenitor varón. En cuanto a los hogares unipersonales, destaca un 18,2% de mujeres de la UE que viven solas frente al 13,5% de los hombres, una distinción que se mantiene en todos los estados miembro.

Por último, el informe hace especial hincapié en cuanto a la desigualdad en la retribución por trabajo por motivos de género dentro de la UE -en torno al 20% en el caso del empleo y hasta el 40% para pensiones-, así como al creciente aumento de los índices de riesgo de pobreza o las principales problemáticas de base de la desigualdad en el acceso a la energía.  Además, se insta a las instituciones a nivel europeo a coordinar esfuerzos a la hora de implementar políticas que “reconozcan el género como un factor causante de la pobreza energética”, al margen de las actuales consideraciones de consumidores vulnerables, a juicio del informe, “incorrectamente formulado y potencialmente excluyente”.