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Es moneda común referirse a la crisis económica como un episodio que se está superando o que, incluso, ha pasado a la historia. Este planteamiento autocomplaciente lo encontramos en los dirigentes del Partido Popular, en la mayor parte de los gobiernos europeos y en los responsables de las instituciones comunitarias. Y, por supuesto, inunda hasta la saciedad los medios de comunicación.

Para respaldarlo, se presentan indicadores como el crecimiento del Producto Interior Bruto, la reducción del déficit público o la creación de empleo; sin el menor rubor, se ocultan o se distorsionan otros, que apuntan justamente en la dirección contraria, como el aumento de la desigualdad, la creciente precarización de las relaciones laborales, la progresión de la desigualdad, la debilidad del sector bancario o el alza de la deuda pública.

En estas líneas, siquiera de manera somera, queremos entrar en este debate, poniendo sobre la mesa un asunto que la mayor parte de los análisis omiten y que, sin embargo, es clave para entender dónde estamos y qué desafíos nos esperan: la localización espacial de la industria manufacturera.

Hay escasa información al respecto (las estadísticas son incompletas y manifiestamente insuficientes), pero la disponible nos habla de una tendencia a la concentración de la producción manufacturera en pocos países, en un contexto donde las empresas transnacionales redespliegan las cadenas globales de creación de valor; reservando para los países y regiones dominantes aquellas actividades –productivas, comerciales y financieras– de mayor contenido estratégico, mientras que las periferias reciben las de menor complejidad y contenido tecnológico. Los gráficos siguientes ilustran ese proceso concentrador (valores al alza indican un aumento del mismo), que ha estado presente desde la creación del euro y que ha seguido su curso durante los años de crisis (con la excepción del estallido del crack financiero).

Estamos ante un asunto de gran trascendencia por varias razones. La primera es que en la Europa realmente existente –¡tan distinta de la presentada por la vacía retórica oficial!–, las divergencias estructurales han aumentado y se han enquistado. A pesar del mil veces proclamado objetivo de la convergencia y de afirmar que este representaba la quintaesencia del “proyecto comunitario”, las brechas que separan a economías con dispares capacidades productivas y competitivas se han ensanchado.

Esta circunstancia es relevante, en segundo lugar, porque las disparidades productivas dentro de la UE han estado, junto a otros factores, en el origen y desencadenamiento de la crisis, bloqueando su superación. Los superávits y los déficits por cuenta corriente asociados a esas disparidades, y que se han disparado sobre todo a partir de la introducción de la moneda única, colocaban a unas economías, las que contaban con mayor potencial competitivo, en posiciones acreedoras, mientras que las más rezagadas dependían de la financiación externa. Este desequilibrio actuó como lanzadera de la economía basada en la deuda.

Una deficiente gestión de la crisis, que ha golpeado con especial virulencia a las economías meridionales, ha agravado estas brechas estructurales. Los países que acumulaban grandes excedentes por cuenta corriente continúan generándolos, mientras que la periferia ha conseguido, al menos en parte, reabsorber sus déficits gracias al estancamiento económico (y a la consiguiente desaceleración o reducción de las importaciones) y a una feroz represión salarial.

Entretanto, los responsables comunitarios han renunciado (simplemente, no está en la agenda) a una política dirigida a promover la convergencia estructural (productiva, social y territorial). Parecería que no hay vida, ni problemas relevantes a enfrentar, fuera del perímetro de las políticas austeritarias; políticas que, además, se pretenden trasladar a los tratados comunitarios y a las constituciones de los países, en lo que constituye una deriva autoritaria de gran calado.

No hay documento comunitario de relevancia que no proclame que la construcción europea ha situado la convergencia –expresada sobre todo en términos nominales: inflación, tipos de interés y déficit y deuda públicos– en el centro mismo de sus objetivos. En el informe de los cinco presidentes “Completing Europe’s Economic and Monetary Union” se afirma incluso que la UE ha sido “un motor de convergencia”. Palabras y retórica, en el acartonado lenguaje al que nos tiene acostumbrada la alta burocracia comunitaria, que nada tienen que ver con la realidad, sobre todo si nos referimos a la convergencia estructural.

Porque una política coherente y comprometida con cerrar las brechas necesita aumentar, de una manera sustancial, el presupuesto comunitario, invirtiendo su actual tendencia a la reducción (en la actualidad, apenas alcanza el 1% del Producto Nacional Bruto Comunitario), hasta situarlo, como poco, en el 4%, y en un periodo razonable en el 8%. Un viraje que encuentra todo su sentido si se acompaña de un nuevo rumbo de la política económica; algunos de cuyos ejes deben ser la introducción de una fiscalidad progresiva en Europa, el aumento de los recursos destinados al gasto social y a la inversión pública, y el decidido compromiso con un diseño productivo ecológico, que apueste sin reservas por el ahorro en la utilización recursos naturales y materiales y la utilización de las energías renovables.

Nada de esto se contempla en las propuestas de gobernanza lanzadas recientemente desde las elites europeas; ni la francesa, ni la alemana, ni la de la Comisión Europea. En el corazón de estas propuestas están el mercado, las grandes corporaciones, la industria financiera y las economías más prósperas y competitivas. El resultado, el conocido: un espacio productivo europeo jerarquizado, más divergencias, más lejos de una superación de la crisis.

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Miguel Urbán, responsable de la Secretaría de Europa de Podemos y Eurodiputado. Daniel Albarracín y Fernando Luengo son miembros de la Secretaría de Europa de Podemos.