Existe un consenso general sobre los efectos positivos de las inversiones en I+D para un país y el nivel de vida de nuestras sociedades. Dos tercios del crecimiento económico en Europa entre 1995 y 2007 se derivaron de la I+D, según un informe realizado en 2017 por la Comisión Europea. España, sin embargo, no ha priorizado el gasto público en investigación científica, sujeto a las consecuencias de la crisis económica: si en 2008 la inversión pública española era similar a los niveles de los países de la Unión, en 2014 la OCDE situó en un 0,51% del PIB frente al 0,64% de la UE, un 80% de la media regional. España es, junto a Eslovenia, el país europeo que más ha reducido los presupuestos públicos en investigación. 

El Estado y las comunidades autónomas comparten las competencias en políticas y financiación de I+D. Si bien se ha registrado un repunte a partir de 2014, ambos gobiernos han reducido los presupuestos en investigación durante los años de crisis: desde 2009 en el caso de la Administración General del Estado, y desde 2010 en las CCAA. La evolución histórica de estos presupuestos públicos evidencia su gran volatilidad: la expansión que se vivió entre 2005 y 2008 contrasta con la caída de los años posteriores. En épocas de bonanza se invierte, en las de crisis se recorta. Esta realidad cíclica contrasta con las recomendaciones de los organismos internacionales sobre la importancia de las inversiones en I+D para afrontar mejor la salida de la crisis, tal y como explicaba la OCDE en 2009. 

Pese a la importancia decisiva del apoyo público, hay que destacar que son, o deben ser, las empresas las financiadoras principales de las inversiones generales en I+D. Según los compromisos del Gobierno de España y la UE, su peso en la inversión debería llegar al 66% del total. En el caso de España, las empresas solo aportan el 46%. Se calcula que el aporte del sector privado debería ser el doble para llegar a la media europea, y casi el triple para alcanzar la de la OCDE. La poca inversión de las empresas españolas con respecto a las de otros países se explica en la combinación de un mayor predominio de las PYMES y microempresas y la poca inversión que realizan las grandes. El propio modelo productivo y especialización sectorial de la economía española también explican esta diferencia.

Estos datos de baja inversión pública y privada se contraponen a las actitudes y expectativas positivas de los ciudadanos de nuestro país con respecto a la ciencia. El 89% de los españoles creían que la I+D tenía una influencia positiva en la sociedad, según los datos del Eurobarómetro del 2013. Esta valoración, similar a la media europea, se une a otros relevantes con respecto a la prioridad y relevancia estratégica que le otorgan los españoles al I+D: un 20% de los ciudadanos prefiere aumentar las inversiones en I+D, y casi uno de cuatro seleccionó el I+D como sector preferido al preguntarles su opinión sobre los tres sectores productivos y de crecimiento en la economía española del futuro.

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Este artículo ha sido elaborado a partir de lo expuesto en el texto La investigación en España: las actitudes de empresas, Gobiernos y ciudadanos, de Aina Gallego, del Institut Barcelona d’Estudis Internacionals, publicado en el Observatorio Social de “la Caixa”.